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Congreso Nacional niega información pública e irrespeta la Ley Transparencia

por German H. Reyes H.
23 de septiembre de 2011
Formas de morir en honduras
“No contamos con la información de los años 2008 y 2009”. La frase anterior, forma parte de la respuesta que el Congreso Nacional dio a Revistazo.com,  relativa a la petición  de información pública sobre las ONG´s, iglesias, fundaciones y patronatos, que recibieron apoyo económico de ese poder del Estado, entre enero de 2008 y diciembre de 2010.

 

Congreso Nacional de Honduras

Una investigación realizada por la consultora Magda Calix y patrocinada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)  sobre  el manejo del presupuesto nacional, revela que iglesias de distintas denominaciones, incluyendo la Confraternidad Evangélica y organizaciones no gubernamentales en las que se destaca la Fundación Luz, dirigida por Luz Ernestina Mejía, fueron beneficiadas con millonarias cantidades de dinero de parte del Congreso Nacional.
 
De acuerdo a la investigación, el Congreso Nacional a través de decretos legislativos modificó partidas presupuestarias con el fin de beneficiar a múltiples ONG´s, de las cuales algunas no contaban con personería jurídica.
 
En conferencia de prensa realizada el 27 de abril, Magda Calix y ASJ presentaron el informe de la investigación donde se  revela  la ilegalidad en la gestión del dinero público. 
 
La consultora mencionó que la Fundación Luz, propiedad de Luz Ernestina Mejía,  fue una de las organizaciones beneficiadas por el Congreso Nacional, situación que no fue refutada, pues en declaraciones a varios medios que la abordaron, la directora de la ONG, aceptó haber recibido en el ejercicio fiscal de 2009, dos millones de lempiras. Sin embargo, el informe de Magda Calix  confirma que en el 2010, esta fundación recibió 2 millones más de la Secretaría de Gobernación y Justicia a través del programa de apoyo al sector privado.
 
“Es la primera vez, en 12 años, que en el gobierno constitucional de Micheletti se me dieron esos fondos, que como les digo no hay manera de que puedan llegar al bolsillo personal, como han llegado los 48 millones de otras ongs”, dijo en su momento la directora de Fundación Luz al aceptar que manejó dinero público.
 
Revistazo.com pide la información al Congreso
 
A raíz  de la investigación de Magda Calix y de las declaraciones de la directora de la Fundación Luz,  Revistazo.com haciendo uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó al Congreso Nacional, el detalle de todas las organizaciones no gubernamentales, iglesias, fundaciones y patronatos comunales que recibieron apoyo económico del Congreso Nacional entre enero de 2008 y diciembre de 2010.
“Que la información entregada proporcione de manera clara la cantidad recibida por cada institución, el proyecto u obra social a que se dirigieron los recursos y de ser posible, las liquidaciones o comprobantes de la inversión”, reza la solicitud presentada al oficial de transparencia del Congreso Nacional, con fecha 10 de agosto de 2011.
 
De conformidad con la Ley,  el término para la entrega de la información solicitada, vencía el 24 de agosto. Sin embargo, un día antes, a través del oficio 0138-CN-2011, el oficial de Transparencia, Rolando Arturo Raudales, informó que a petición del pagador especial, Pedro Alexander Pineda,  se había prorrogado el plazo por diez días hábiles más. El funcionario argumentó estar trabajando en la recopilación de la información.
 
Congreso Nacional niega información y violenta la Ley
 
Aunque la mayoría de los diputados que conforman el Congreso Nacional repiten en su gestión y fueron quienes aprobaron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  en repetidas ocasiones este Poder del Estado ha demostrado irrespeto por la legislación nacional.
 
Sin presentar un argumento  válido y convincente sobre el motivo de no contar con la información, el pagador especial del Congreso Nacional, Pedro Alexander Pineda,  se limita a manifestar:  “Se le informa que no contamos con la información de los años 2008 y 2009, pero si le proporcionaremos la información de febrero a diciembre de 2010”. 
 
Siendo el Congreso Nacional uno de los poderes del Estado y donde se toman las  decisiones más importantes del país, no es posible que los archivos, sobre todo los relacionacionados con la economía nacional,  desaparezcan de la noche a la mañana y sin ninguna explicación, los funcionarios se limiten a informar que no cuentan con la documentación. 
 
La respuesta del Congreso Nacional   a la petición formulada por Revistazo.com no despierta más que el interés de conocer, si lo que dijo el pagador especial es verdad, o solo lo hizo para ocultar información. La interrogante queda en el aire: ¿Qué habrá detrás?, fórmese usted su propia opinión.
 
Dicho y hecho
 
Vencida la ampliación del término legal, a través del oficial de Transparencia, el Congreso  Nacional entregó a este medio de comunicación, un listado de organizaciones que supuestamente recibieron financiamientos, de ese Poder del Estado.
 
El nombre de 65 organizaciones forma parte del listado de  instituciones beneficiadas, cuyos montos oscilan entre 5 y 200 mil lempiras, contrastando con los recursos millonarios que según la investigación realizada por ASJ se desviaron de la gestión pública, para ser manejados por organizaciones privadas. 
 
Recurso de Revisión
 
Ante la negación de la información y en reclamo del derecho de petición de que según la Constitución de la Republica tienen los hondureños, Revistazo.com presentó ante el Instituto de Acceso a la información Pública (IAIP), un recurso de revisión en el que solicita se ordene al Congreso Nacional el cumplimiento de la Ley.
 
“Pido admitir el presente escrito, presentado en tiempo y forma contra la omisión de parte del Congreso Nacional, brindarme la información  en forma oportuna, junto con los documentos  que se acompañan y en definitiva resolver conforme a derecho, ordenando al Congreso Nacional que me proporcione la información solicitada”, señala el recurso presentado ante los comisionados del IAIP, el pasado veintiuno de septiembre. 
 
Conforme a derecho el ente gubernamental  tiene diez días para resolver la petición y este medio de comunicación le dará seguimiento al caso para mantenerlos informados. 
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