El Congreso destituyó el 12 de diciembre a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia por votar en contra de un decreto legislativo tendiente a expulsar a policías corruptos involucrados en el narcotráfico y el crimen organizado en Honduras.
“Se trata de un conflicto al más alto nivel, donde los políticos mueven sus piezas para jugar en las elecciones generales (de noviembre de 2013)”, dijo en rueda de prensa Marvin Ponce, vicepresidente de la cámara y líder del izquierdista Partido Unificación Democrática.
Informó que la situación “la impulsó el presidente del Congreso (Juan Hernández) porque peligraría su candidatura en caso de no separar a los magistrados”. Ponce aseguró que “lo ocurrido causará una inminente crisis política en Honduras”.
En la consulta primaria del pasado 18 de noviembre, Hernández resultó candidato presidencial por el oficialista Partido Nacional.
En su discurso en la cámara, Hernández afirmó que “esos cuatro magistrados promueven la impunidad en Honduras”.
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Jueces destituidos de la CSJ. |
Los destituidos integraban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprrema y en un año se opusieron a al menos siete iniciativas de Hernández, entre ellas la de crear en Honduras ciudades modelo donde los habitantes vivirían con leyes y condiciones diferentes a los 8,2 millones de hondureños.
Ellos podrían acudir a la Corte Centroamericana de Justicia con sede en Nicaragua para exigir su restitución y alegar que fueron sentenciados sin el debido proceso o sin ser escuchados en un juicio.
Dos días antes y para allanar el camino, Hernández designó una comisión de cinco congresistas para investigar la conducta de los jueces de la Corte Suprema, la cual recomendó al pleno separar a los miembros de la Sala de lo Constitucional.
“La conducta de los magistrados es contraria al interés del Estado… y pedimos la destitución inmediata de ellos”, concluyó la comisión en su informe.
La separación de los jueces la adoptó la legislatura por el voto de 107 de los 128 diputados de cinco partidos políticos, mientras numerosos soldados custodiaban desde temprano las afueras del edificio legislativo de Tegucigalpa.
Los profesionales removidos son Rosalinda Cruz, José Antonio Gutiérrez, Gustavo Bustillo y José Francisco Ruiz. Fueron elegidos en el 2010 para una gestión de siete años, que concluiría en el 2017.
“El Congreso se extralimitó en sus atribuciones”, dijo José Saavedra, líder de los diputados del opositor Partido Liberal. “Y las cosas andan muy mal en Honduras porque vivimos en un país prácticamente fallido”. Saavedra fue presidente del Congreso de junio de 2009 a enero de 2010.
El candidato presidencial liberal Mauricio Villeda condenó enérgicamente lo sucedido porque “el Congreso no tiene facultades para intervenir el poder judicial… y no respaldamos un acto que creará inseguridad en el país”.
Advirtió que “ningún poder del Estado puede intervenir en otro porque hay un principio constitucional que garantiza la independencia y la no subordinación de ellos”.
El presidente Porfirio Lobo criticó el sábado a la Sala de lo Constitucional por oponerse a las pruebas de confianza de la policía, tras denunciar la existencia de un complot para derrocarlo. “Eso no puede ser… y los magistrados, al fallar así, están en contra de su propio país”, dijo en esa oportunidad.
De acuerdo a la Constitución de 1982, el Congreso elige a los magistrados del poder judicial por siete años con la posibilidad de ser relectos para otro periodo similar. Sólo pueden dimitir por muerte, incapacidad o causa legal no precisada.
El Comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, señaló en un comunicado que “los hombres no deben ubicarse por encima de las leyes y la acción del Congreso es un mal ejemplo de civismo y lamentablemente echan a perder los esfuerzos para salvar la democracia hondureña».
Honduras retornó al orden institucional en 1980, luego que los militares permanecieron 18 años en el poder por derrocar a tres presidentes civiles en 1956, 1963 y 1972.
Los destituidos formaban parte de la Sala de lo Constitucional que el 26 de noviembre declaró inconstitucional la decisión legislativa de depurar las filas policiales, de 14.000 miembros, con pruebas de polígrafo, toxicólogas, sicológicas y de enriquecimiento ilícito. Para ellos, la medida violó los principios de presunción de inocencia y el debido proceso.
En los seis meses que se extendió la norma, el gobierno practicó pruebas de confianza a 1.271 policías, de los cuales reprobó a 230.
La policía es depurada desde noviembre del año pasado, cuando un grupo de agentes asesinó a tiros en un bulevar de Tegucigalpa a dos universitarios, entre ellos el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellano. El hecho conmovió a la población y obligó al gobierno a adecentar la policía.
Algunos sectores estiman que el problema es causado por la debilidad institucional que existe en Honduras y la falta de voluntad estatal en cumplir las 84 recomendaciones que la Comisión de la Verdad incluyó en su informe de junio de 2012, tras analizar las consecuencias del derrocamiento del ex presidente liberal Manuel Zelaya.
Los militares depusieron a Zelaya en junio de 2009 por intentar modificar la carta magna para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente a fin de volver a fundar al país.
La Comisión exhortó al gobierno a crear un Tribunal de Justicia Constitucional como instancia para dirimir conflictos entre los poderes del Estado y a regular la forma de enjuiciar a los gobernantes para evitar una crisis similar a la del golpe contra Zelaya, lo que aún no se pone en práctica.
Asimismo, la Comisión advirtió a las autoridades hondureñas a apresura acciones para blindar la Constitución de interpretaciones y aplicaciones que conlleven a un nuevo conflicto social.
