Para la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) la depuración policial es un proceso fracasado, pero que puede ser reconstruido para el bienestar de los 8,3 millones de habitantes de Honduras.
En noviembre de 2011, cuando se compróbo la participación de agentes y oficiales policiales en el crimen de dos universitarios, las autoridades iniciaron la reforma de los sistemas de seguridad y justicia. Sin embargo, 15 meses después los resultados no son categóricos.
Para agilizar la depuración de los operadores de justicia, en marzo de 2012 el gobierno creó la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública con cinco miembros: tres hondureños y dos extranjeros.
Ese grupo tiene la obligación de acelerar el proceso y proponer acciones que permitan la restructuración institucional. No obstante, su papel no ha sido preponderante.
En octubre de 2012, la comisión entregó al presidente Porfirio Lobo un paquete de siete propuestas de reformas legislativas tendientes a establecer mecanismos para mejorar las instituciones de seguridad y justicia, pero a cinco meses después eso está engavetado en la Casa de Gobierno.
En tal sentido, la APJ exigió a las autoridades asumir con responsabilidad la depuración no solo de la policía sino también del Ministerio Público y el poder judicial.
La APJ se pronunció en conferencia de prensa el 27 de febrero, tras exigir al gobierno que apruebe antes del 30 de marzo las reformas que la comisión entregó al mandatario.
“Esas instituciones tienen que crear mecanismos de coordinación para adoptar medidas urgentes”, señaló el comunicado entregado a Revistazo.
La coalición es del criterio que en Honduras urgen medidas efectivas para combatir a la delincuencia que agobia a la población porque considera que la depuración policial ha aumentado de manera alarmante el nivel de desconfianza institucional.
