Para que este nuevo diálogo tenga éxito, las partes deben dejar de lado sus intereses personales o de grupo, y privilegiar el beneficio colectivo, ese que nos beneficia a todos los hondureños. En el pasado, esfuerzos como los que hoy se intentan realizar, fracasaron –precisamente- porque cada quien llegó a la mesa de diálogo con una agenda particular que se circunscribía a satisfacer sus necesidades individuales, sacrificando los asuntos nacionales, que tienen un impacto positivo generalizado. Ese mismo error no debe cometerse una vez más.
Y no se trata que los partidos políticos se olviden de sus objetivos ideológicos, las organizaciones de sociedad civil de sus propósitos claves, los movimientos sociales de las luchas que los cohesionan o que los gremios se olviden de los problemas que afectan a sus afiliados, se trata de colocar como el imperativo categórico las reformas integrales que solucionen –en el mediano y largo plazo- los graves problemas estructurales que obstaculizan generar riqueza y propiciar igualdad de oportunidades para todos.
Por otro lado, deben las autoridades, especialmente el liderazgo gubernamental y los que dominan la escena en el Poder Legislativo, darse cuenta que ceder ante el clamor popular y la demanda social no implica perder poder o prestigio, y mucho menos salir derrotado en esta coyuntura; todo lo contrario, responder efectiva y expeditamente a la solicitud de un pueblo indignado de revertir la grave situación de crisis ética, social y económica que vive nuestro país, no es más que cumplir con los deberes que asigna la Carta Magna a quienes detentan el poder público.
Teniendo como eje trasversal la lucha contra la impunidad, todos los sectores de la sociedad debemos avocarnos a combatir la corrupción, reducir los altos niveles de inseguridad y eliminar la pobreza que afecta a más de dos tercios de la población hondureña; asimismo, debemos tener claridad que el sistema político electoral requiere un remozamiento en su marco jurídico e institucional, y las entidades fiscalizadoras e instituciones operadoras de justicia deben ser sometidas a un proceso de despolitización para garantizar su independencia en el cumplimiento de su mandato constitucional.
Finalmente, habrá que aprovechar la disposición de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y la Organización de Estados Americanos (OEA), para impulsar un dialogo nacional incluyente y democrático, que no deje a nadie por fuera de la mesa de discusión y consenso, y que especialmente tome en consideración a los grupos colocados históricamente en situación de vulnerabilidad y a los que viven en el interior del país, sectores que comúnmente son marginados del debate nacional y de los espacios de toma de decisiones.
