El Congreso analiza una iniciativa tendiente a reforma la Constitución de 1982 con el fin de establecer en Honduras la figura del juicio político.
Con ello se pretende instituir un mecanismo legal para separar de sus cargos a altos altos funcionarios públicos, entre ellos los presidentes de los tres poderes estatales y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para que sea aprobada la reforma constitucional se requiere el voto de las dos terceras partes de los 128 congresistas y ser ratificada en la próxima legislatura que inicia el 25 de enero de 2013.
El Congreso tendrá así la potestad, a través de comisiones especiales, de investigar la actuación de todos los funcionarios del Estado.
La idea surgió tras la crisis que enfrenta a los poderes del Estado por la destitución de los magistrados de la Corte Suprema.
El Congreso separó el 12 de diciembre a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema luego de acusarlos por irregularidades administrativas.
Sin embargo, se cree que la determinación la adoptó el presidente del Congreso, Juan Hernández, porque los jueces declararon inconstitucional en un año al menos cinco decretos aprobados por la legislatura.
Reformar la Constitución para incluir el juicio político es una de las 186 recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que investigó el golpe de Estado perpetrado por las fuerzas armadas contra el ex presidente Manuel Zelaya en junio de 2009.
En esa oportunidad, luego que miembros del ejército expulsaron a Costa Rica a Zelaya, el Congreso nombró en su lugar y como presidente de facto a Roberto Micheletti.
Para muchos abogados expertos en el campo constitucional, el Congreso no tiene facultades para destituirá un presidente en Honduras.
