Mucha gente cuando se enteró de la jugada fulminante de remover la Sala de lo Constitucional que hizo el presidente salvadoreño Nayib Bukele con una Asamblea Legislativa controlada por su partido Nuevas Ideas, lo primero que se vino a la mente fue la misma movida que hizo el Congreso Nacional hondureño presidido por Juan Orlando Hernández y controlado por el Partido Nacional en la madrugada de diciembre de 2012 -que vino a preparar el camino a la reelección.
Las prácticas autoritarias son una constante en los países del Triángulo Norte de Centro América donde pesa más la imposición que las leyes, lo que demuestra que las élites mutuamente se refuerzan en nuestros países mediante aprendizajes e imitación. Lo que pasó en Honduras en el 2012 con el golpe a la justicia constitucional, pasó en El Salvador en el 2021. Asimismo, lo que sucedió en Guatemala con el fin de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el 2019, en Honduras transcurrió en el 2020 con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), produciendo una serie de regresiones en materia de lucha contra la corrupción sin consecuencias para las élites políticas y económicas extractivas.
Vemos que Bukele al igual que su homólogo hondureño, se apalancó en el temor de la ciudadanía a la violencia y criminalidad para justificar la concentración del poder, tomar decisiones al margen de los controles públicos y con esto incrementar su aceptación popular en sus primeros meses de gobierno, reduciendo índices de homicidios. Hoy en día, la policía y los militares están a las órdenes de los presidentes. No debemos olvidar que Bukele entró a la Asamblea Legislativa salvadoreña en febrero 2020 con militares justamente para demandar aprobación de un préstamo para seguridad pública. De la misma manera, Juan Orlando Hernández aprobó la tasa de seguridad en el año 2011 como un fondo para la prevención del crimen, ahora un ingreso vitalicio sin controles o rendición de cuentas para policías y militares.
Pero no solo está la captura de la justicia constitucional y los guiños a las armas, también está la cooptación de la prensa para controlar la opinión pública. Justamente está semana pasada Bukele reformó la Ley de Imprenta de 1950 para levantar las exenciones fiscales en la importación de materia prima, maquinaria y equipo para la impresión de materiales a los periódicos. En Honduras, a través de la Ley de Canje de Publicidad (Ley del Programa Voluntariado de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones), los medios de comunicación pueden intercambiar el pago de impuestos a cambio de espacios de publicidad al gobierno.
A esto se le suma las barreras a la transparencia y al acceso a la información para evitar rendir cuentas y responder ante la justicia. En Honduras, la infame Ley de Secretos (Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional) que entró en vigencia en el 2014 para blindar el acceso a información sobre las decisiones y actuaciones en materia de seguridad nacional. Esta misma semana en El Salvador se aprobó la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de Covid-19«. Esta ley destaca que el Ministerio de Salud (Minsal) y todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud podrán hacer contrataciones directas fuera de las reglas que establece la Ley de Compras y Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP) salvadoreña. Incluso, el decreto legislativo establece que dicha flexibilidad en los términos de contratación será retroactiva, aunque la Constitución lo prohíbe.
Como se puede observar hay patrones muy claros de desmontaje democrático, por eso nos debe preocupar lo que viene y sus consecuencias. Si una remoción legalmente injustificada a la Sala de lo Constitucional en 2012 no tuvo una acción por la Comunidad Internacional en Honduras, pues a Nayib Bukele no le pareció tan descabellada la idea tampoco. Y si las acciones de la semana pasada en El Salvador no tienen consecuencias a nivel internacional, pues tampoco va parar a diputados hondureños aprobar más leyes para asegurar impunidad, repartirse recursos públicos y tampoco impedirá a un presidente buscar un tercer período presidencial.
La crisis de seguridad de la década pasada llevó a políticas de represión social con ayuda financiera internacional, dando la vista gorda a la concentración del poder y el desmontaje democrático. Hoy la pandemia del Covid-19 de nuevo está beneficiando a gobiernos autócratas, excluyentes y viciados de corrupción con ayuda presupuestaria; sin condicionalidades de transparencia, rendición de cuentas o impacto social que vayan más allá de lo que las leyes nacionales -que no se cumplen- e instituciones públicas –cooptados- puedan hacer.
La gran pregunta que surge es cómo se piensa implementar medidas para reducir la migración irregular que ataquen la raíz o causas del problema (pobreza, desempleo, corrupción, violencia, cambio climático) con gobiernos autocráticos que ahuyentan la inversión, atentan contra su misma población y no muestran interés en respetar el Estado de Derecho. Así como se ha identificado las causas de la migración irregular, se debe atacar las causas de la descomposición democrática. Lo que debe ir más a allá de apalancar la sociedad civil nacional, asegurar la libertad de expresión o instalar misiones anticorrupción, también se debe poner un fuerte interés a los “inputs” del sistema político. Es decir, cómo se llega al poder a través del financiamiento político, el rol de la democracia interna de los partidos políticos para autorregularse y la calidad (integridad, experiencia, vocación) de los candidatos y candidatas.
En fin, la Comunidad Internacional tiene la responsabilidad de mandar un mensaje firme que no confunda; tendrá que adaptarse a la realidad que solo con oferta de dinero o amenaza de sanciones económicas, cuentas bancarias congeladas o visados cancelados no es suficiente, sabiendo que países como China no juegan con esas reglas y el aislamiento como Venezuela o Nicaragua viene a perjudicar más a la población que sus líderes. Ahora junto a los problemas de violencia, migración irregular y corrupción, se tendrá que agregar el problema de la falta de democracia a la lista de pendientes.
