Por: Edgar Aguilar, Analista e investigador ASJ.
Ante la ingobernabilidad e insostenibilidad financiera de la ENEE es imprescindible cumplir con la LGIE y separar la empresa estatal en diferentes actividades competitivas.
En medio del torbellino electoral, solo cuatro de los 15 partidos políticos presentaron un plan de gobierno que mencionara posibles soluciones a la problemática de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Es notable que ningún candidato profundizó al respecto y en consideración del contexto actual. Mientras tanto, los altos niveles de pérdidas se mantienen. Solo en 2020 la ENEE perdió más de 12 mil millones de lempiras, monto que supera el presupuesto asignado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaría de Seguridad.
Lastimosamente, es el pueblo hondureño el que termina pagando esas pérdidas a través de facturas de electricidad más altas, nuevos impuestos o mediante la falta de inversión en otras áreas tan necesarias para el desarrollo del país y el mejoramiento de la calidad de vida de los hondureños como salud, educación o seguridad.
El nuevo gobierno de la República deberá tomar, de una vez por todas, decisiones necesarias y sostenibles que mejoren esta situación que estanca al país en altos niveles de deuda y subdesarrollo. Desde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con la ayuda de expertos, fue identificada cada pieza que conforma la problemática de la ENEE y el subsector eléctrico, así como las soluciones específicas.
Primero, están las altas pérdidas de energía mencionadas. Ante esto, desde la ASJ proponen preparar los equipos, estrategias, planes y todo lo necesario para que la ENEE retome las riendas de distribución al terminar el contrato con Empresa Energía Honduras (EEH). Por el momento, es necesario fortalecer un plan de acción para la reducción de pérdidas y fomentar una relación cordial entre ENEE y EEH.
Por otro lado, el saldo moroso que actualmente maneja la ENEE es el más alto visto, constituyendo otro componente a la problemática. Mientras que el saldo moroso en diciembre de 2016 ascendía a un poco más de 7 mil millones de lempiras, actualmente se encuentra por encima de 13 mil millones de lempiras (alrededor de USD 540 millones). Cabe resaltar que los sectores comercial, industrial y gobierno, aunque con menor cantidad de clientes, constituyen el 51% de valores en mora; el otro 49% corresponde al sector residencial.
Ante los altos niveles de mora, la ASJ señala la necesidad de evitar que agentes externos manejen esta actividad y de despolitizar la cobranza del servicio de energía eléctrica, al igual que cumplir con la ley que obliga a que Secretaría de Finanzas tenga una reserva de pago a favor de la ENEE en caso de incumplimiento de pago por parte de las instituciones estatales. Así mismo, es importante evaluar la implementación de mecanismos de cobro que han tenido éxito en reducir la mora en otros lugares y depurar la base de datos de dicha mora.
Otro gran problema para la ENEE actualmente es la relación contractual con EEH. Este contrato no dio los resultados esperados en reducción de pérdidas, incrementos en niveles de inversión, reducción de mora y eliminación de promedios de consumo. Por esa razón, el contrato se encuentra actualmente intervenido.
Es imperativo nombrar un liderazgo con los elementos de juicio que pueda dirigir el regreso de estas funciones a la ENEE-distribución. Esto implica preparar durante el último año del contrato la capacidad en la ENEE para que maneje estas actividades y conformar un grupo de buenos abogados y expertos internacionales que puedan responder a los diferentes escenarios legales que pudieran presentarse.
Por muchos años, el Estado y el pueblo hondureño han sido desangrados por contrataciones irregulares para la generación de energía. ASJ ha encontrado que al menos 24 contratos con generadoras actualmente tienen irregularidades. Solo dos de estos contratos representan costos innecesarios por más de 847 millones de lempiras anuales.
Ante contrataciones opacas y con irregularidades, la organización de sociedad civil recomienda, principalmente, fomentar el mercado de oportunidades mediante reglas claras e inversión en tecnología y redes de transmisión. Luego, seguir contratando necesidades de generación por medio de licitación pública internacional, con el apoyo de una empresa externa e internacional experta. Es sumamente importante pagar a los generadores a quienes se les debe y tengan contratos vigentes, buscando renegociar por precios más bajos y condiciones más favorables para el Estado. En todos estos procesos debe haber espacios para la veeduría de sociedad civil.
La problemática de la ENEE se origina en la ingobernabilidad de la empresa, ya que la estructura de la misma ha quedado obsoleta. Todo esto ha pasado por el incumplimiento a la Ley General de Industria Eléctrica (LGIE) que establece las bases para un subsector independiente, eficiente, moderno y más transparente. Es importante reconocer que, en los últimos 20 años, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo han tenido un impacto negativo en este sentido, abusando del uso de fideicomisos, aprobando contratos con irregularidades, sobre endeudando a la empresa o subsidiando los precios reales de la energía sin combatir en realidad las causas para los precios altos en primer lugar.
Ante la ingobernabilidad e insostenibilidad financiera de la ENEE, es imprescindible cumplir con la LGIE y separar la empresa en sus diferentes actividades competitivas: generación, transmisión y distribución. En ese proceso se debe asegurar un discusión abierta y extensiva sobre la escisión para que la entiendan bien el pueblo y los políticos. El gobierno también deberá separar la ENEE “buena” de la ENEE “mala” y establecer transferencias seguras cada año para sanear las partes malas de la ENEE. Todo esto, de nuevo, debe hacerse con la veeduría de sociedad civil. Aunado a lo anterior, el tema de transparencia y acceso a la información se deben de implementar en todos los procesos para el rescate del subsector.
A escasos días de las elecciones generales, se desconoce qué hará un nuevo gobierno ante el principal desafío financiero, ambiental y de transparencia para la sostenibilidad y el desarrollo del país. Sus propuestas a esta problemática son desconocidas. Sin embargo, la falta de acción en respuesta a la realidad actual de la empresa podría llevar a una crisis energética que pondría en riesgo la seguridad nacional. Además, la falta de acciones congruentes podría conducir al descalabro de otra compañía estatal, la perpetuación de altas deudas y el desangramiento del bolsillo del pueblo hondureño. Los nuevos gobernantes deben escuchar a los expertos y actuar.
