El informe de una investigación realizada por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), organismo conformado por al menos 15 organizaciones de la sociedad civil, concluye que la Tasa de Seguridad es vulnerable a la corrupción, mientras que las autoridades conciben la transparencia como un impedimento para el manejo de ese recurso.
“CONADESE (Consejo Nacional de Defensa y Seguridad) goza de absoluta discrecionalidad y no tiene ninguna obligación constitucional de rendir cuentas de sus acciones, decisiones y resultados”, afirma la investigación de la APJ, organismo que a la vez critica la falta de controles en la ejecución de los proyectos e inversiones.
En tal sentido este organismo es del criterio que la Tasa de Seguridad es producto de una improvisación legislativa, que por la falta de transparencia y de rendición de cuentas levanta sospechas de malversación, politización y apropiamiento indebido de los recursos.
Las recaudaciones que hace el Estado por concepto de la Tasa de Seguridad no son ingresadas al Presupuesto General de la República, situación que de acuerdo al informe de la coalición “genera grandes oportunidades para la corrupción”.
La APJ ha expresado en su informe que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ente encargado del manejo de este fondo, transfiere recursos financieros y materiales a las mismas instituciones que han demostrado deficiencia en sus quehaceres y con señalamientos de corrupción en sus operaciones.
También expresa que la improvisación del gobierno se puede notar en el divorcio que se mantuvo durante 2012 y 2013 entre el CONADESE y la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), situación que además se evidencia en la inversión realizada en cada institución.
“Entre el 2012 y 2013 se gastaron aproximadamente 3 millones de dólares en la reforma y unos 64 millones en la tasa de Seguridad”, afirma el informe.
A juicio de la APJ la Tasa de Seguridad se ha convertido en un negociazo que tiene que ver con la compra y blindaje de vehículos para altos funcionarios y la construcción de canchas de fútbol con grama sintética, entre otros proyectos.
Tratando de conocer a fondo la situación, en octubre del 2013 la APJ solicitó información puntual sobre el gasto de estos fondos. La documentación ha sido negada aun cuando mantiene pendiente de resolver un recurso de revisión presentado en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Durante el proceso el IAIP desarrolló con las partes una audiencia que terminó sin resultados favorables para la población.
Gráfica //Datos obtenidos del informe de una investigacion de la APJ |
Que es la tasa de seguridad
En junio de 2011 el Congreso Nacional aprobó la Ley Temporal de Seguridad Poblacional, también conocida como tasa de seguridad, una legislación que obliga a los usuarios de la telefonía celular, a los clientes de las comidas rápidas y a los hondureños con cuentas bancarias superiores a los 120 mil lempiras, entre otros, al pago de un impuesto que debería ser utilizado en programas de prevención y de combate a la inseguridad que en los últimos años se ha mantenido en Honduras.
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Presentación PowerPoint // Presentado en la conferencia de prensa por la APJ — 17.03.14 |
La Ley fue aprobada en junio de 2011 con una vigencia de 5 años, pero en diciembre de 2013 aprovechando la mayoría absoluta que en los últimos cuatro años mantuvo el Partido Nacional en el Congreso, la bancada nacionalista compuesta por 71 de los 128 diputados, aprobó una reforma y amplió el plazo a diez años.
“Crease una Contribución Especial por Transacciones Financieras Pro-seguridad Poblacional, con carácter transitorio con vigencia de diez años”, señala el artículo 4 reformado de este Decreto, cuyo dictamen establece que la medida se vuelve imprescindible por la desproporcionalidad de recursos económicos entre la criminalidad y las instituciones de seguridad y de justicia.
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