La justicia hondureña ha encontrado culpable de ocho casos de violación especial en perjuicio de 4 niños al pastor evangélico, Franklin Geovanny Cabrera Sierra, de 44 años de edad. El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa programó la audiencia de individualización de la pena para el lunes tres de agosto, próximo.
La Fiscalía Especial de la Niñez, adscrita al Ministerio Público, pide que el tribunal dicte la sentencia con la pena máxima que para estos delitos es de 132 años de prisión. Lo mínimo que el religioso podría estar en la cárcel son 96 años según el Código Procesal Penal.
Cabrera Sierra, pastoreaba la Iglesia Apostólica Resurrección de Jesucristo, situada en la colonia Independencia de Comayagüela y de acuerdo a los testimonios de las víctimas y de sus familiares, el religioso se cobijaba bajo el manto de la fe para amedrentar a los niños y luego abusar sexualmente de ellos.
Les decía que si no accedían habrían juicios de muerte para ellos y sus familias”, expresó una testigo, que para su protección omitimos su nombre.
El pastor cometió los delitos entre 2005 y 2008 al interior del mismo templo donde predicaba por la paz y amor al prójimo. Sus víctimas tenían 11 y 13 años de edad, muchachos primos entre si y cuyas madres se congregaban en la misma iglesia.
De acuerdo al relato de las víctimas, todo comenzó cuando el pastor les pedía quedarse en la iglesia argumentando que por la inseguridad de la zona era necesario cuidar los instrumentos musicales y demás enseres propiedad de la casa de oración.
El religioso fue capturado el 15 de enero de 2014 tiempo desde el cual guarda prisión en el Penitenciaría Nacional, Marco Aurelio Soto, ubicada en la comunidad de Támara, Francisco Morazán.
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En la investigación y judicialización de estos casos fue clave la participación del Proyecto Rescate, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organismo que acompañó a las víctimas y a sus familiares a través de la asistencia legal y psicológica, una labor que ha sido reconocida por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
