El pasado mes de julio se cumplió el primer año del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto de Honduras. Este Plan pone a Honduras en un grupo de 66 países promotores de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de las tecnologías de la información en áreas clave como salud, educación, acceso a la información, ética pública y seguridad ciudadana.
Para el evento de lanzamiento estaba previsto que el Presidente Juan Orlando Hernández diera el tradicional discurso sobre las bondades de la transparencia y rendición de cuentas y explicara cómo su gobierno sería diferente a los anteriores en materia anticorrupción. Sin embargo, el Presidente no llegó. En aquel entonces, me puse a pensar sobre lo que nos depararía para el periodo 2014-2018. Ya había venido siguiendo los gobiernos de José Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa, y más o menos había identificado algunas coincidencias que me darían algunas luces sobre lo que estaba por delante.
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– La primera fue que ambos presidentes al inicio de sus períodos públicamente se comprometieron a la transparencia y combatir la corrupción; Mel Zelaya, cumplió con su promesa de campaña y aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública –a regañadientes de Micheletti- y Pepe Lobo, declaró el 2010 el “Año de la Transparencia” e hizo que cada uno de sus ministros firmaran “pactos de ética”. |
| – La segunda fue que ambos gobiernos dieron el discurso “anticorrupción” en gran medida por el dinero que estaba dando la Cooperación Internacional, para ser más directo, los $200 millones (unos L.5 mil millones) de la Cuenta del Milenio que irían a la inversión en infraestructura y proyectos de desarrollo. |
| – La tercera como ya todos bien sabemos, ambos gobiernos no fueron elegibles al segundo compacto de la Cuenta del Milenio de los EEUU, justamente porque no demostraron evidencia tangible de ser transparentes y querer combatir la corrupción. |
| – La cuarta coincidencia es que después de no ser elegibles, ya el discurso de la transparencia y el combate a la corrupción perdió su razón de ser y no se volvió a escuchar. |
Con cuatro coincidencias claramente compartidas, podemos decir que el discurso de combate a la corrupción en Honduras pasa por los incentivos económicos que tienen los políticos. Evidencia de esto lo demuestra también el hecho que el Presidente Hernández no llegó al lanzamiento del Plan de Gobierno Abierto, pues no había ayuda extranjera atada.
Regresemos a Mel Zelaya-Pepe Lobo y preguntémonos qué pasó cuando no tuvieron acceso a los fondos de la Cuenta del Milenio. En el caso de Mel Zelaya, tuvo la fortuna de la ERP y Petrocaribe. Pero a Pepe Lobo no le fue tan bien, después del Poder Ciudadano, el golpe de Estado y la crisis financiera internacional, ya no había mucho de donde echar mano y tuvo que ir a la banca privada y a las alianzas público-privadas para atraer dinero del extranjero. Obviamente los contextos fueron diferentes; sin embargo, hay un punto coincidente, y es que ante la imposibilidad de obtener fondos externos por parte de los benefactores tradicionales, ambos gobiernos buscaron avenidas de financiamiento más riesgosas y opacas–ya no había presión para ser transparente y rendir cuentas.
Hoy la Cooperación Internacional ha vuelta a abrir su chequera, pero la malas prácticas de los gobiernos anteriores se están institucionalizando. Evidencia de esto son los más de 30 fideicomisos públicos suscritos con la banca privada y que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros los ha reservado bajo secreto bancario. También está la impenetrable Tasa de Seguridad que cada mes genera unos L.160 millones en ingresos y que más del 60% de sus L.3 mil millones se han ido en proyectos de prevención; sin embargo, se desconoce quién los diseña, quién los aprueba, quién los ejecuta, quién los supervisa y quién evalúa su impacto en la reducción de la violencia. Por último, está la funesta Ley de Secretos que viene a abrir toda una caja de pandora en materia de corrupción e impunidad al ordenar a 16 instituciones públicas (entre ellas el mismo IHSS), a no divulgar información sobre contratos, gastos, sueldos, etc., porque a alguien se le ocurrió que eran “de interés para la seguridad y la defensa nacional”.
Es obligación nuestra como hondureños y hondureñas controlar a la clase política –no de la Cooperación Internacional. El primer paso, es asegurar que la información sea la ley y el secreto, la excepción; el segundo, que la rendición de cuentas, no solo se quede en presentar estados financieros que nadie entiende, sino que se nos explique y demuestre los resultados, y que se tome responsabilidad de los actos. Al fin y al cabo, de eso se trata la democracia, a las autoridades electas les damos un mandato de representación, no de enajenación.
Para finalizar, deberíamos replantearnos el término “Gobierno Abierto”, por uno de “Gobierno Cerrado”, hasta que realmente veamos acciones concretas encaminadas a regularizar los fideicomisos públicos, a abrir la Tasa de Seguridad al escrutinio público y a derogar la Ley de Secretos -la única ley de su tipo en toda Latinoamérica.
