Fugas masivas, hacinamiento, corrupción, impunidad, tráfico de armas y drogas y la vinculación de autoridades con delincuentes, son parte de la mala administración de los centros penales, que en Honduras impide el establecimiento de reformas profundas en el sistema penitenciario nacional.
Derivado de la ausencia de políticas públicas orientadas a que el sistema penitenciario cumpla con los estándares internacionales los centros penales del país atraviesan por una severa crisis estructural, que a criterio de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hace imprescindible que el gobierno impulse cambios para el manejo de los centros penales.
El sistema carcelario hondureño consta de 24 centros penales con capacidad de albergar a 8,300 personas, pero que en su interior se alojan a 13,600, una sobrepoblación arriba del 60% que mantiene colapsada una vetusta infraestructura donde predomina la insalubridad, deficiencias alimentarias, falta de atención médica, psicológica y jurídica, entre otras.
De 1982 a 1998 los centros penales estuvieron bajo la administración del Ministerio de Gobernación y Justicia, después pasaron a formar parte de la Policía Nacional y en enero de 2013, por las constantes fugas y matanzas de reos, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, nombró la Comisión de Transición y las cárceles fueron transferidas al Instituto Penitenciario Nacional (IPN).
La Ley del Sistema Penitenciario aprobada por el Congreso Nacional en diciembre de 2012 crea al IPN como un ente desconcentrado y dependiente de la Secretaría del Interior y Población con capacidad para desarrollar políticas preventivas orientadas a la rehabilitación y a la reinserción social de los privados de libertad. Sin embargo, a pocos meses de que finalice del periodo de dos años que dura la transición, la Comisión sigue sin el presupuesto necesario para iniciar el proceso de selección y nombramiento del nuevo personal.
“A puras cachas el Estado le da mala y poca comida a los internos, mucho menos hay presupuesto para mejorar la infraestructura” dijo José Augusto Ávila, miembro de la Comisión de Transición, quien además sostiene que la falta de recursos tampoco les permite sustituir a los 1,250 policías que desde hace varios años custodian los centros penales.
Saúl Bueso Mazariegos. |
La situación se agrava y mientras en los centros penales continúa la matanza de reclusos, fugas masivas y amotinamientos continuos, el gobierno limita su accionar al cambio de las autoridades penitenciarias, acciones que a juicio del ex titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), Saúl Bueso Mazariegos, no provocan ningún resultado, porque la precariedad del sistema penitenciario en Honduras es estructural.
“Hay una carencia del régimen en el sistema penitenciario que establezca los mecanismos al interior de las instalaciones y esa carencia se manifiesta en el otorgamiento del control a los mismos internos”, dijo el ex director de la DNIC, quien además sostuvo que la voluntad del gobierno para echar andar un verdadera política penitenciaria debe verse reflejada en el otorgamiento de los recursos que se requieren.
“No es simplemente que a un militar o a un policía hay que darle la administración de un centro penal porque nada tienen que ver las artes y las ciencias militares o las artes y las ciencias policiales en el manejo de un centro penitenciario, es un manejo distinto, porque no solo es la custodia, también hay deficiencias en personal especializados,” reiteró Bueso Mazariegos.
Arabeska Sánchez. |
Para él, el sistema penitenciario debe garantizar a los internos el respeto a los derechos humanos y una eficiente rehabilitación e inserción social, una visión que también comparte la oficial de investigaciones de la Alianza por la Paz y la Justicia, Arabeska Sánchez, quien es del criterio que el gobierno debe modificar su política penitenciaria.
“Hasta ahora se plantea desde la implementación de tres cordones de seguridad: (militar, policial y custodio interno) creyendo que el solo el resguardo de los perímetros carcelarios más la incorporación de un gerente militar resolverá esta grave crisis. Sin embargo las ultimas 22 fugas observadas en los últimos dos meses y el motín (que dejó a 4 internos fallecidos) durante la última semana, reafirman la necesidad de replantear la política penitenciaria “, manifestó Sánchez.
El gobierno asigna anualmente una partida de 399 millones de lempiras para el mantenimiento de los 24 centros penales, pero según las autoridades penitenciarias el 90% se gasta en salarios.
Dato
El presupuesto de la alimentación diaria para cada interno se redujo en el 2013 de 13 a 8 lempiras. Es decir, cada tiempo de comida de un reo tiene el valor de 2.66 lempiras (doce centavos de dólar). Su dieta se limita a arroz, frijoles y dos tortillas en cada tiempo.
Antecedentes
El sistema penitenciario nacional se origina en 1876 con la ordenanza de construir la Penitenciaría Central (PC) en el gobierno de Marco Aurelio Soto. La edificación ubicada en el barrio La Hoya de Tegucigalpa con capacidad de 300 reos se inauguró en 1888 y para 1889 ya contaba con 184 reclusos: 167 hombres y 17 mujeres.
A medida que fue creciendo la población interna con el trabajo mismos reos se ampliaron las instalaciones, se establecieron hogares de cinco y seis celdas organizadas por edad y sexo, puesto que allí también estaban recluidas las mujeres y funcionaba una correccional de Menores.
En 1909 el Congreso Nacional promulgó la Ley Reglamentaria de Presidios, norma jurídica que tuvo vigencia hasta 1984, cuando fue aprobada la Ley de Rehabilitación del Delincuente. Esta legislación fue derogada en 1998 al aprobarse la Ley Orgánica de la Policía, decreto 156-98, que otorga el manejo de los centros penales a la Policía Nacional, determinación calificada como el génesis de la crisis penitenciaria.
Los centros penales comenzaron a manejarse como unidades policiales, los incidentes que hasta ese momento habían sido mínimos se agravaron y comenzaron a surgir matanzas de reos, en esa medida también surgieron las denuncias de corrupción contra las autoridades.
Centenares de reos han sido masacrados
El 12 de noviembre de 1999 el penal de San Pedro Sula fue escenario de una revuelta con saldo fatal de 11 reclusos muertos y 31 heridos. El 5 de abril de 2003 en una acción disciplinaria realizada en la granja penal de La Ceiba Atlántida, fueron masacrados 65 reclusos y cuatro visitas, mientras que 17 de mayo del 2004, 107 internos murieron quemados en un incendio del penal de San Pedro Sula.
De igual manera fue incendiada la granja penal de Comayagua, el 14 de febrero de 2012 y allí fallecieron calcinados 361 reos. Las muertes de reclusos han continuado y el último incidente ocurrió el pasado 21 de agosto en la Penitenciaría Nacional, Marco Aurelio Soto, cuando el interno José Rafael Vega Chinchilla, asesinó con arma de fuego a cuatro privados de libertad.
Lo anterior se demuestra que la crisis penitenciaria es histórica y a pesar de que en algún momento sus efectos han calado hasta los niveles más altos, hasta hoy todo ha quedado en la simple aprobación de leyes y decretos. En septiembre de 2004 el gobierno de Ricardo Maduro declaró en estado de emergencia los centros penales. Más tarde, en julio de 2007 Manuel Zelaya Rosales, también decretó prioridad nacional la crisis penitenciaria, no obstante, la falta de voluntad política provocó que todo quedara en papel mojado.
Con pocas esperanzas para quienes luchan por reformas estructurales del sistema, el gobierno actual ha iniciado un proceso formación del Instituto Penitenciario Nacional, existe una Comisión Transición, pero sin los recursos necesarios para la implementación de las políticas de seguridad, rehabilitación y de reinserción social, que de acuerdo a la Ley debe cumplir esta institución.
LINEA DE TIEMPO
|
Cárceles abiertas
En junio de 2013 la Comisión Especial de Transición ratificó en la titularidad de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos (DNSEP) más conocida como dirección de centros penales, al ex director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Santos Simeón Flores Reyes, un comisionado general en retiro, que por su mala gestión fue destituido de su cargo el 28 de julio pasado, según autoridades del gobierno.
Para algunos, Flores Reyes fue uno más, que sin pena ni gloria dejó su cargo al frente de los centros penales. Su gestión fue empañada por los nubarrones que dejaron las constantes fugas masivas de internos, principalmente en la Penitenciaría Nacional, Marco Aurelio Soto, donde él tenía su oficina. Los recintos penitenciarios continuaron hacinados y convertidos en escuelas del crimen donde los reos comunes comparten y aprenden experiencias de los presos de alta peligrosidad.
Hasta ahora no se determina si fue por desidia o por corrupción, pero los centros penales se convirtieron en unas coladeras de reos para afuera y en zonas de libre comercio de armas, drogas y mujeres, para adentro. Solo de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto se fugaron en los últimos dos meses 19 peligrosos reos, incluido uno que se encontraba en el Hospital Escuela y que supuestamente se mantenía bajo custodia.
Era común en la gestión de Flores Reyes escuchar noticias de fugas masivas de reos, pero él siempre se defendió tirando la culpa a los militares que desde hace un año custodian los alrededores del centro penal.
Las fugas constantes ocurren en momentos en que las autoridades tratan de implementar un proyecto denominado “Gobierno Abierto”, basado en la información que la ciudadanía puede descargar de los portales web de las entidades públicas. Al relacionar esto con la evasión de reos, muchos decían satíricamente que el comisionado Flores había entendido mal y que por eso las se mantenían cárceles abiertas.
Ex director de centros penales Simeón Flores reconoce las falencias del sistema penitenciario//Escuche.
|
Sin embargo, ante tal situación, no falta alguien que conociendo el ambiente carcelario salvaguarde la responsabilidad del Comisionado Flores Reyes. “Las fugas solo son una pequeña deficiencia de las que hay en el sistema penitenciario y para mí es de las menores, porque si ya hemos hecho una radiografía de un sistema deficiente, ¿cómo podemos descargar solo en una persona la responsabilidad? Eso no tiene lógica”, expresó el Mayor, Bueso Mazariegos.
Flores Reyes, tuvo la oportunidad de llenarse de gloria con la ansiada depuración policial a finales de 2011 cuando fue titular de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Sin embargo su trabajo fue limitado y sin resultados favorables para la población.
En octubre de ese año, cuatro policías asignados a la posta del barrio La Granja en el Distrito Central, asesinaron a los universitarios Alejandro Vargas y Carlos Pineda, hecho criminal que destapó una olla de corrupción que involucró a oficiales y policías de la escala básica, pero Flores Reyes no hizo nada para sacar de la institución a los corruptos.
El Ministerio Público le abrió una investigación a él y al ex director de Centros Penales, Danilo Orellana, por los delitos de revelación de secretos y violación a los deberes de los funcionarios por haber permitido que se fugaran los cuatro policías que asesinaron a los universitarios.
Nombramiento transitorio
A finales de junio pasado, al destituir de su cargo al comisionado Flores Reyes, el Consejo de Defensa y Seguridad nombró al coronel Francisco Gálvez Granados, como director y al comisionado de Policía Kenett Sabillón, como subdirector de centros penales, decisión que no ha sido bien vista por diversos sectores de la sociedad.
El coordinador del Centro para el Tratamiento de Víctimas de la Tortura (CPTRT), doctor, Juan Almendrares Bonilla, cuestionó el nombramiento porque según él, el manejo militar en los centros penales en el país no ha dado buenos resultados “y hay que darle eso al poder civil”. Indicó.
Al tema también se han referido el abogado Mario Chinchilla, funcionario de Cáritas Honduras y la abogada Odalis Nájera, del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV). Ellos consideran que al militarizar esa dirección, el gobierno irrespetó las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, en relación a la protección que debe brindar el Estado a los privados de libertad.
“Está un oficial activo del Ejército, pero esperamos que una vez concluida la transición del sistema penitenciario, pase a manos de autoridades civiles debidamente formadas y capacitadas”, sostuvo la abogada Nájera, quien el pasado 18 de agosto entregó al Ministro de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos, Rigoberto Chang Castillo, el Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, documento que debe ser discutido y aprobado en el Congreso Nacional.
El documento contiene normativas que las autoridades deben implementar en los centros penales, tales como la reglamentación de la visita conyugal que hasta hoy es una práctica sin control. Además asigna funciones a la Inspectoría General y a las dependencias que conforman el sistema penitenciario nacional.
