Honduras cuenta con la puntuación más baja en información para elaborar, administrar y gastar su presupuesto anual, según un estudio del International Budget Partnership (IBP, en inglés).
El análisis califica de “insuficiente” la información que los gobiernos de la región ponen a disposición de sus ciudadanos.
“El estado general de la transparencia es pobre”, afirmó Helena Houfbauer, responsable del IBP para Centroamérica, México y el Caribe.
“Sólo una minoría de los (94) países analizados tienen un presupuesto abierto, mientras que un gran número de naciones proveen información presupuestaria insuficiente”, añadió.
En el caso de Centroamérica, México, República Dominicana y Trinidad y Tobago “ninguno obtiene una calificación mayor a 60 puntos (en una escala de cero a 100), lo que indica que los ciudadanos de esas naciones no pueden acceder a gran parte de la información presupuestaria”, dijo el documento del IBP.
Del total de los países estudiados el 44% no provee información mínima, según el estudio.
El IBP (Asociación Internacional de Presupuesto) otorgó a México la calificación más alta con 52 puntos seguido por Guatemala con 50, Costa Rica con 74, El Salvador y Nicaragua con 37 y Trinidad y Tobago con 33, mientras que Honduras se mantiene a la cola con apenas 11.
Las calificaciones se obtuvieron en base a la secretividad o apertura con que cada gobierno controla la información relacionada con sus respectivas finanzas, así como el mecanismo de evaluación, fiscalización y vigilancia de que disponen los ciudadanos.
En lo que respecta a Honduras, sólo once de cada 100 hondureños considera que obtiene la información necesaria sobre el presupuesto nacional, que significa la cuarta parte de la media de puntuación (42) para el total de naciones estudiadas.
Eso indica que el gobierno ofrece al público una escasa información en torno a sus actividades financieras.
El IBP recomendó a los gobierno de la región que mejoren la trasparencia y rendición de cuentas de forma rápida y sencilla mediante la divulgación por internet de toda la información presupuestaria que ya producen.
Esa situación está vinculada muy estrechamente a la tarea que realiza desde el 2006 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que es fuertemente criticado porque sus tres comisionados se dedican más a complacer al gobierno que en atender los reclamos de la población ávida de más datos sobre la manera en que el Estado invierte el dinero que capta de los fuertes impuestos decretados.
Al acercarse la elección de los comisionados del IAIP, la Sociedad Civil ha denunciado la directa participación del Congreso en intentar poner en esos puestos a gente incapaz dispuesta a cumplir al pie de la letra las órdenes de los políticos de turno en perjuicio de la mayor de los 8,2 millones de hondureños.
El estudio lo realizó el IBP en coordinación con instituciones especializadas de la sociedad civil de cada uno de los países analizados.
El IBP colabora con la sociedad civil del mundo en usar el análisis presupuestario y la promoción como una herramienta para mejorar la gobernabilidad eficaz y reducir la pobreza.
Para esa institución si se desea luchar contra la pobreza, entonces es necesario preocuparse por el presupuesto público, que es dónde los gobiernos incluyen el dinero que supuestamente destinan en beneficio a su pueblo.
(Tomado de «Transparencia presupuestaria, cómo entenderla» del FOSDEH)
