Tegucigalpa.- La Junta Nominadora para la selección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha pasado de ser seducida por el poder de turno en el proceso desarrollado entre 2015 y 2016, a acosada por la clase gobernante del presente.
Facultada por la Constitución de la República para constituirse como el primer filtro por el que han de pasar los que aspiran a constituir el máximo tribunal de justicia del país, la Junta Nominadora es el primer escollo que asoma a los ojos de los políticos que navegan en busca de un Poder Judicial a su medida.
Así ha sido antes y así es hoy que el país vive su tercer proceso de selección de una CSJ con nuevas reglas, pues antes de la elección de este poder del Estado en 2001, a los magistrados del alto tribunal los nombraba el Poder Legislativo, sin que antes pasaran por algún colador.
Por eso, tanto en el pasado como en el presente, esta instancia colegiada e integrada por siete representantes de distintas instituciones y organizaciones públicas y privadas, es una joya codiciada que, o se acaricia hasta comprarla o se desprestigia.
Publicaciones periodísticas que hacen registro de la historia de procesos de selección como este, señalan que entre 2015 y 2016, con la mayoría de representantes en ella a su favor, el poder de turno la sedujo hasta conseguir que de ella salieran los nombres de hombres y mujeres que el gobernante quería que llegaran al Congreso.
Judileaks registró en 2016, en su informe sobre el proceso, que durante esta selección hubo “falta de transparencia y hermetismo” en el desempeño de la Junta Nominadora, “sin olvidar las tensiones que se vivieron durante el nombramiento de sus miembros”.
Al respecto, Judileaks señaló que estas circunstancias afectaron “no sólo la credibilidad de sus miembros, sino la del proceso en sí”. También señaló el “incumplimiento reiterado de (la Junta Nominadora) al no actualizar su portal de transparencia con información del proceso de selección”, lo que llevó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a amonestarla.
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INFORME JUDILEAKS
Este documento viene a resumir los elementos más trascendentales de las audiencias públicas en torno a su proceso, la composición del listado de 97 precandidatos y presenta una valoración del desempeño de los y las profesionales del derecho que participaron, al cual hemos llamado el “Ranking JudiLeaks”.
LA SEDUCCIÓN DEL 2015-2016
Hablando de este mismo proceso de 2015 y 2016, el periodista Renato Álvarez revelaba en mayo de este año que un representante de una organización integrante de la Junta Nominadora le confió cómo el entonces presidente, Juan Orlando Hernández tenía el control de las decisiones de aquella Junta Nominadora.
“Me dijo (el miembro de la Junta Nominadora), nos fuimos para una finca en Talanga (ciudad al norte de Francisco Morazán) y ahí estaba el presidente Hernández y otro alto funcionario y desde ahí, con varios miembros de Junta Nominadora… él decía: este no”, comentó Álvarez en la emisión de uno de sus foros matutino.
La Junta Nominadora a la que hace referencia Hernández estaba integrada por Ricardo Rodríguez y Octavio Sánchez, en representación de la CSJ; Roberto Herrera Cáceres y Linda Lizzie Rivera, por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y José Luis Valladares y Rafael Canales, por el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
También la integraban Santiago Ruíz y Emín Barjum, por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); Jorge Herrera y Carlos Izaguirre, por los Claustros de Profesores de las escuelas de Derecho; Alfredo Ponce y Benjamín Vásquez, representando a las Centrales de Trabajadores y Jorge Machado y Adolfo Pineda, por las organizaciones de Sociedad Civil.
Tiempo después de fungir como nominadores, el presidente Hernández nombró como miembros de su gabinete a algunos de los miembros de esa Junta. La historia registra, por ejemplo, el nombramiento de Octavio Sánchez, como Secretario de Estado en los despachos de Salud Pública.
También está registrado el hecho del nombramiento de Santiago Ruíz, como titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, en ese mismo gabinete de Hernández, mientras que Jorge Machado ocupó una silla en la Comisión de Depuración de la Policía Nacional que Hernández constituyó en 2016.
En tanto, en noviembre del 2016, diez meses después de electa la CSJ, el Congreso Nacional – de mayoría nacionalista – eligió como magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a Ricardo Rodríguez, quien había representado al Poder Judicial en aquella Junta Nominadora.
Algunos medios de comunicación han citado a algunos analistas sociopolíticos cuando han señalado que estos nombramientos en puestos del gobierno están vinculados con la participación complaciente de estos personajes en el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia que está por vacar.
Hernández y su partido político pagaron el favor de la elección de la Corte concediendo posiciones dentro de la estructura del Estado, lo que no estaba prohibido por la Ley Orgánica de la Junta Nominadora vigente para ese proceso.
SEDUCCIÓN AYER, ACOSO HOY
De ayer a hoy lo que ha variado es la estrategia. Ahora no hay espacio para la seducción, pero sí para la descalificación. Y es así porque el gobierno de turno ha encontrado un escenario distinto, pues quienes representan las instituciones y organizaciones que deben integrar la Junta Nominadora, políticamente no se alinean con el gobierno.
La Junta Nominadora está integrada por Carlos Padilla, en representación de la CSJ. Fuentes consultadas por Judileaks señalan que Padilla es hombre de confianza del presidente de la CSJ, Rolando Argueta. También participa Blanca Izaguirre, nombrada como titular del CONADEH, por el pasado Congreso Nacional de mayoría nacionalista.
Sin vínculos con el Partido Nacional, aunque públicamente crítico del actual partido de gobierno, Libertad y Refundación, el COHEP designó a Olban Valladares, mientras los claustros de maestros de las escuelas de Derecho escogieron al abogado Waldo Rivera, a quien fuentes de Judileaks relacionan con el Partido Liberal.
De acuerdo con consultas hechas por Judileaks, en la actual Junta Nominadora afines al gobierno solo son Mario Urquía, un ex candidato a diputado por LIBRE, quien representa al CAH; María Elena Sabillón, que representa a las Centrales de Trabajadores y Marta Dubón, representante de la Asociación Jueces por la Democracia, que fue electa por las organizaciones de Sociedad Civil.
En esas circunstancias, al poder de turno lo que le ha quedado es derogar la Ley Orgánica de la Junta Nominadora y aprobar una Ley Especial para reducirle los espacios de actuación y atarla para que al escoger a los 45 candidatos que deberá enviar al Poder Legislativo, solo pueda decidir con base en unos criterios que ya vienen dados por el mismo el Congreso Nacional.
Y como antes el gobernante pagó los favores a los nominadores, ahora, la Ley Especial aprobada por el Congreso Nacional en julio pasado señala en su artículo 8, numeral 6 que “los miembros titulares y suplentes de la Junta Nominadora no podrán ocupar cargos administrativos o jurisdiccionales en el Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo en los dos años siguientes a la participación en la Junta”.
Esta prohibición excluye a los representantes de la CSJ en la Junta, y a quienes ya ocupen cargos en ese poder al momento de su designación en la Nominadora, en cuyo caso no podrán recibir ascensos o promociones en el mismo periodo, fuera de las actuaciones salariales y generales o los traslados a cargos en su misma categoría.
Además de aprobar una Ley Especial nueva, la otra posibilidad que ha tenido el poder político es desprestigiar, velada y también discretamente a la Junta Nominadora, con mayor énfasis en algunos de sus miembros. De hecho, el presidente del Congreso, recientemente, incluso pidió a uno de sus miembros, Olban Valladares, apartarse del órgano colegiado.
Y aunque es demasiado prematuro para afirmar que esta Junta Nominadora no terminará en los brazos de la clase política gobernante, sí es posible decir que el ente constitucional puede ser complaciente o incómodo, seducido o acosado, dependiendo de los intereses que atienda.
