La corrupción y la impunidad se han convertido en uno de los problemas más graves de América Latina, por esta razón Transparencia Internacional (TI) ha instado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a todos sus Estados miembros a que definan acciones concretas en la lucha contra la corrupción y la impunidad con el objetivo de reducir el problema de las drogas y de la violencia que están asolando el Hemisferio.
Para Alejandro Salas, Director Regional para las Américas de TI, “la lucha contra la corrupción tiene que formar parte de toda estrategia que pretenda erradicar de manera estructural la inseguridad y el problema de las drogas con éxito. No se puede seguir ignorando que la corrupción es uno de los principales combustibles del crimen organizado y la violencia en las Américas”, afirmó.
La relación entre corrupción, impunidad y narcotráfico es más que evidente. Por un lado, la corrupción y la intromisión por parte de las organizaciones criminales dentro de los estamentos del estado (seguridad pública o administraciones de justicia) impiden que éstas desarrollen de manera efectiva y transparente las actividades para las cuales fueron creadas. Esto, además de un ataque a la democracia y al estado de derecho, supone que los narcotraficantes acaben creando inseguridad en los estados.
Los funcionarios públicos, según Transparencia Internacional, son parte activa de la corrupción y de este empobrecimiento de la democracia al aceptar los sobornos ofrecidos por los narcotraficantes con el fin de seguir realizando prácticas ilegales en los países de la OEA con total impunidad.
Las regiones de América Latina y el Caribe son las más afectadas por el narcotráfico; esta actividad ha causado la muerte a 60,000 personas y dejado entorno a 20,000 desaparecidos en los últimos seis años. Las actividades delictivas de los narcotraficantes han conseguido atemorizar a la población de este Hemisferio a través de actos violentos, robos, secuestros, homicidios y extorsiones, los cinco elementos principales en los que se enmarca el tráfico de drogas. En países como Costa Rica o Guatemala cerca del 50% de la población temen ser víctimas de un delito con violencia.
Además, la debilidad de las instituciones y unas normas legales frágiles son propicias para la penetración del narcotráfico y de grupos de crimen organizado, especialmente en ciertos países de la OEA. Por este motivo, Transparencia Internacional exige a los miembros del la OEA a continuar la lucha contra el tráfico de drogas, la impunidad y la inseguridad y para ellos les recomienda cinco puntos de actuación:
– Incorporar criterios de transparencia, rendición de cuentas y participación
ciudadana en la formulación e implementación de políticas de seguridad y lucha
contra las drogas.
– Implementar de forma efectiva protocolos de protección de denunciantes y testigos
para mejorar los procesos de investigación y persecución criminal de los
responsables y narcotraficantes.
– Construir sistemas de información claros y de fácil acceso público sobre las
políticas y datos de criminalidad, incautación de droga, flujos financieros y sobre la
ejecución de los presupuestos de seguridad pública.
– Aumentar los controles internos y la auditoría social de todos los recursos
internacionales y nacionales invertidos en los programas de seguridad y antidrogas
así como transparentar los procesos de contratación y compra de bienes y servicios
en materia de seguridad pública.
– Fortalecer las capacidades de persecución criminal y de impartición de justicia,
como condición de efectividad en la lucha contra el narcotráfico mediante
transparencia en la selección de jueces y magistrados de los organismos judiciales y
constitucionales y el fortalecimiento de la autonomía financiera y administrativa de
los poderes judiciales.
