En cuanto asumió el poder el Partido Libertad y Refundación (Libre), ha intentado hacer cambios profundos en el país. Ha recuperado el color de la bandera nacional, se ha autoproclamado como un gobierno socialista, pero el más profundo esfuerzo, y probablemente el menos entendido, ha sido implementar una refundación nacional a través de todas sus acciones.
El concepto de refundación está en el ADN de Libre; su propio nombre lo incluye. Sin embargo, a pesar de esto, una buena parte de la ciudadanía no sabe a qué hace referencia la palabra “refundación.”
Durante los desfiles patrios del 15 de septiembre algunos de los asistentes opinaron que introducir el concepto de refundación es correcto, aunque ninguno lo conocía a profundidad y se quedaron con la idea de que son simplemente cambios.
Betsaida Campos dijo “desde antes del golpe se venía con la idea de la refundación y ahora con el actual gobierno prácticamente se está haciendo realidad, era algo necesario… Se esperan muchos cambios y todo mundo puso esperanza en este nuevo gobierno en que haga las cosas diferentes”.
Mientras que Rosendo Nolasco expresó que la refundación “es lo mejor porque son cambios para mejorar nuestro país, todos esperamos lo mejor… los cambios son positivos, pero son lentos porque el gobierno agarró un país con serios problemas económicos y sociales, pero ellos van paso a paso y esperamos en Dios que logren todos los cambios que tienen planeados”.
Santiago Garchaga llevó a su niña de nueve años a ver los desfiles y dijo que no tiene una opinión fuerte sobre la refundación. “Eso es parte del gobierno, no lo miro no bien no mal, me parece algo aceptable, hay ciertas áreas que tienen que cambiar para mejorar,” dijo.
El plan de gobierno de Libre… se denominó “Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026″, por lo que refundación vendrían a ser todas las acciones que harán durante estos cuatro años, pero estos cambios están basados en más que propuestas electorales.
La refundación se tuvo que actualizar
Para Elvin Hernández, quien es investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric-SJ), la refundación no es un tema nuevo, sino que se ha planteado claramente en los últimos 12 años, desde el golpe de estado, y se retomó cuando se configura el partido Libre.
El analista político Miguel Cálix concuerda con que se viene hablando de esto durante mucho tiempo, pero que al estar Libre conformado por distintos movimientos y distintas corrientes de pensamiento, hasta la palabra refundación ha significado algo muy diferente para ellos mismos.
Hernández amplía detallando que la refundación ni en el seno de Libre ha tenido el mismo sentido, ya que dentro de la agrupación política siempre hubo dos líneas diferentes que se han enfrentado: la de los refundacionales, formada por los grupos sociales principalmente que buscan una constituyente y cambios radicales y la de los electoreros, provenientes del Partido Liberal que son un grupo más conservador que buscaba el cambio a través del poder obtenido ganando las elecciones.
Considera que al ganar las elecciones Libre chocó con la realidad y se dio una mutación en el concepto de refundación, ya que se enfrentaron a la realidad de país y se dan cuenta que toca negociar con la comunidad internacional y con sectores de empresa privada que probablemente no apoyarían un proceso constituyente, elemento vital de la refundación.
Esto obligó al propio ex-presidente Jose Manuel Zelaya a reconocer reiteradas veces que “en este momento no están dadas las condiciones para una Asamblea Nacional Constituyente”, por lo que se da una reorientación del concepto que originalmente fue sinónimo de constituyente.
“Refundación entonces me parece a mí que estamos hablando de una serie de reformas a partir de desmontar parte de las estructuras viejas del país, el crimen organizado que instaló Juan Orlando Hernández, derogar leyes como la ley de secretos y aprobar otras leyes que puedan ayudar a fortalecer el Estado derecho, esta es la primera valoración sobre el tema de la de la refundación que pueden hacer”, detalla Hernández.
Yolanda Divina Alvarenga, quien es docente universitaria y es parte del Instituto de Formación Política e Ideológica del Partido Libre, explica que refundar el país es impulsar el “Buen Vivir”, o sea construir nuevas formaciones y articulaciones sociopolíticas y culturales del Estado y de la sociedad, basadas en la propia historia y el autorreconocimiento como pueblo en la búsqueda del bien común.
El buen vivir al que se refiere, es la traducción de “Sumay kawsay”, un término quechua popularizado en los 90 por grupos indígenas de Ecuador y Bolivia, que buscó separarse de las propuestas de desarrollo occidentales que imperaban en ese momento y que ellos consideraban no eran acordes a sus realidades ni planes de vida.
El boom de esta teoría llegó cuando fue adoptada por los gobiernos que se unieron al Socialismo del Siglo XXI y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America Latina (ALBA), que impulsó Hugo Chávez y que influenció a Honduras durante el gobierno de Manuel Zelaya de 2006 a 2009, que fue uno de los factores que alentó al golpe de Estado.
Sectores conservadores, opositores y empresariales han expresado temor ante la implementación de estos cambios refundacionales ya que consideran pertenecen a la ideología de un partido fuertemente influenciado por la ola de izquierda sudamericana que sumió a Venezuela en una crisis económica que desembocó en una de las crisis migratorias más grandes de la historia.
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La refundación en la práctica
Bajo este concepto de buscar desarrollos locales y el bienestar de las mayorías, se pueden entender algunas de las acciones de este gobierno, más orientadas a proteger a los pobres y mantener lo nacional, entre ellas no otorgar nuevas concesiones mineras y resolver los conflictos de campesinos sin tierras.
También el aún no subir impuestos, subsidiar los combustibles, el transporte y otros rubros como el de los productores de leche que realizaron protestas que solo pudieron contener dando subvenciones para evitar incrementos directos que afecten al ciudadano, aunque esto signifique una pesada carga para las finanzas públicas.
Pero uno de los mejores ejemplos de esta política se refleja en el sector eléctrico, donde se condonó el pago de energía para quienes consumen menos de 150kw en zonas pobres, cargándolo a la empresa privada y a los consumidores residenciales con alto consumo, aduciendo que se debe de ser solidario con quien menos tiene.
También con la polémica decisión de no dividir las operaciones de Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para dar entrada a operadores privados como lo había determinado la Ley de la Industria Eléctrica desde el 2015.
Con referencia a esto, el expresidente y ahora asesor presidencial Manuel Zelaya dijo a medios de comunicación, “la luz no puede estar en manos de particulares”, sosteniendo que el monopolio eléctrico debe de ser meramente estatal.
Cooperación Internacional y financistas en alerta
Pero las alarmas se levantaron cuando se publicaron las reformas a la ley y dejando abierta la posibilidad de expropiar las plantas generadoras privadas en caso de no llegar a acuerdos para la reducción del precio de producción, recordando el escenario por el que un buen grupo de empresarios apoyó el golpe de Estado.
Estas decisiones en el sector eléctrico trajeron sus consecuencias: el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), informó que debido a esa decisión no otorgaría un préstamo de 250 millones de dólares para la estatal eléctrica que ya estaba en negociaciones, aunque después otorgó otro por el mismo monto.
La Embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, también expresó recelo de las reformas a través de redes sociales “nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora”.
Este tipo de decisiones y la forma de comunicarlas han traído otros problemas al país. Aún no se ha logrado cerrar ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las calificaciones de riesgo para préstamo a Honduras han aumentado desde que asumió Xiomara Castro.
La refundación en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado
Estos son temas recurrentes en el discurso de Castro desde su toma de posesión, al cumplirse los 100 días de gobierno e incluso ante las Naciones Unidas, expresó que su trabajo era desmantelar las redes criminales que habían gobernado Honduras desde el Golpe de Estado.
Pero en la práctica se les ha acusado a toda la administración de repetir algunas de las acciones de sus predecesores, sobre todo cuando el Congreso aprobó una Ley de Amnistía que se calificó como un “pacto de impunidad”, ya que perdonó delitos contra la administración y de malversación a exfuncionarios del gobierno de Zelaya.
Si bien si se ha dado la derogación de la ley de secretos y la ley que daba vida a la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (de forma parcial ya que se necesitan ratificar en la siguiente legislatura), no se ha cumplido con la expectativa de eliminar toda la legislación que protege a la maquinaria de corrupción que opera en el país.
El fiscal Luis Javier Santos de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (UFERCO), sigue reclamando que se deroguen las leyes que impiden la investigación y judicialización de casos de corrupción, acciones que este gobierno se había comprometido a realizar de forma expedita y aún no han llegado.
A esto hay que sumar los atrasos en la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción (CICIH), una de las promesas de campaña más relevantes. Hasta la fecha aún se está en negociaciones con las Naciones Unidas para que apoye la llegada de la misma.
Pero muchos son pesimistas y no ven verdadera voluntad política para la instauración de esta, al grado que van nueve meses de Gobierno y la negociación e instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), tomó ocho meses desde la negociación hasta la ratificación del acuerdo desde septiembre de 2015 hasta marzo de 2016.
Falta de comunicación sobre la refundación
Para el analista Cálix la refundación representa una aspiración filosófica e ideológica, que propone una nueva administración del Estado con cambios profundos y es mucho más que una simple propuesta comunicacional.
“Cuando se plantea una propuesta tan radical como podría sonar la palabra refundación se debe de hacer con firmeza y con claridad explicándola bien, pero también tomando las prevenciones para darse cuenta que es apenas una visión de la realidad que tiene que contrastarse con lo que el público opina”, explica Cálix.
Hernández concuerda con esto y reconoce que el término puede tender a asustar si no es bien comunicado. “Es un concepto que muchas veces te puede polarizar porque el mismo surge de un ambiente de polarización en 2009, por tanto, se debe saber plantear y simplificar… si no se hace bien se vuelve un concepto que puede ser muy peligroso, ya que lo pueden cuestionar rápidamente”. Recalca que el Partido Nacional aún es una fuerza de oposición y también que el sector empresarial que se opuso a Zelaya en 2009 también sigue activo.
Castro ganó las elecciones con una diferencia de un 14 por ciento, equivalente a casi 500 mil votos sobre su contrincante, pero se debe de recordar que lo hizo bajo una alianza con Salvador Nasralla, y enfrentó a un Partido Nacional que venía de 12 años de gobierno y con un severo debilitamiento debido a una inmensa cantidad de acusaciones por corrupción, narcotráfico y un mal manejo de la crisis del Covid-19.
Por lo que según Cálix, Libre no puede estar seguro que los ciudadanos que llevaron a Castro al poder apoyen su visión refundacional. Considera que no el hecho que hayan votado masivamente por Castro no significa que los ciudadanos necesariamente apoyarán su proyecto político y su visión de gobierno.
Esto se explica ya que ganó por una Alianza junto a Salvador y al Partido Innovación y Unidad, así como un gran desgaste del nacionalismo que venía de doce años en el poder.
“Es decir, hay una voluntad de un pueblo para el cambio, pero no necesariamente el cambio que ofrece la propuesta de gobierno… la oferta oficialista puede ser muy ambiciosa, puede ser muy muy revolucionaria, muy innovadora, pero tendrá que plantearse a un público y en un contexto que quizás no esté interesado en cambiar todo”, concluye Cálix.
La refundación en las acciones
Uno de los espacios donde más ha sonado la refundación es en el sector educativo. Desde mayo se anunció un Plan para la Refundación del Sistema Educativo y los desfiles de septiembre se rebautizaron “Fiesta Cívica Refundacional” y llevaron el slogan “Educando para refundar”.
Pero las acciones visibles han sido mínimas, ya que aún no se ve inversión en los centros educativos y la promesa de regresar a las clases presenciales solo se ha cumplido parcialmente y nadie puede explicar el por qué.
Alvarenga, del Instituto de Formación Política e Ideológica del Partido Libre, destaca como acciones refundacionales el recuperar la bandera nacional a su color real, el nombrar a Berta Cáceres como heroína nacional y reconocer las luchas sociales y victorias que van constituyendo al pueblo y formando su identidad.
Otra meta de la refundación, según la retórica, es dar protección a las etnias indígenas originarias y los afrodescendientes que han sido víctimas del proyecto globalizador neoliberal. Sin embargo, al día de hoy no se ven avances tangibles. Los pueblos garífunas e indígenas siguen exigiendo justicia y respeto, y tan solo el pasado agosto realizaron una movilización para exigir acciones del Fiscal General Óscar Chinchilla.
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Otra de las acciones que contempla la refundación es la mayor participación activa de todos los ciudadanos y esto lo harán a través del Poder Popular, una dependencia de Casa Presidencial para lograr acercamientos directos con el ciudadano.
Sergio Rivera, quien es el Comisionado del Poder Popular, explicó que es un proyecto de organizar a la población alrededor de sus necesidades básicas haciendo consejos comunales del poder popular.
Una vez conformadas estas estructuras las propias comunidades realizarán un diagnóstico de cómo está la situación alrededor de las necesidades básicas y se coordinarán contactos para que de forma conjunta con el Estado se resuelvan los problemas.
“Es un proyecto de participación popular en donde se busca que los ciudadanos no sean tomados en cuenta cada cuatro años en procesos electorales, sino que vayan realizando procesos de consulta, participación e involucramiento”.
