La depuración y actualización del censo electoral indudablemente pasa por la emisión de una nueva tarjeta de identidad -la última ocasión fue en el año 1998. En un estudio que realizó el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) de los Estados Unidos de América, junto con el Consorcio Hagamos Democracia de Honduras en el año 2012, quedó demostrado que el 36% del censo electoral no estaba actualizado. Para el 2018, esta cifra fácilmente puede haberse incrementado a un 40%, tomando en cuenta los decesos no registrados y el incremento de la emigración producto de la inseguridad y la falta de oportunidades económicas.
Al no saber sí el 40% del censo electoral es correcto, se abre toda una caja de pandora de sospechas de fraude (suplantación de identidades, muertos votando, personas votando más de una ocasión). Para aquellos que no están familiarizados con la terminología, el “censo electoral” contiene la inscripción de todos los hondureños y hondureñas que reúnen los requisitos para ser elector (mayor de 18 años) y no se hallen privados, definitiva o temporalmente (nueva nacionalidad, prisión, carrera policial o militar, por ejemplo), del derecho de sufragio.
Sin tener un censo electoral depurado y actualizado, los resultados del próximo ciclo electoral no gozarán de suficiente credibilidad producto del sobreregistro, lo que nuevamente afectará en la legitimidad de las autoridades electas. Tampoco se podrá realizar un referéndum sobre la reelección, lograr reformas como la ciudadanización de las mesas electorales, que requiere tener el dato real de los votantes elegibles para ser miembros de mesa o promover los distritos electorales, que requiere de un nuevo mapa electoral basado en una circunscripción poblacional.
A pesar que la Ley del Registro Nacional de las Personas (RNP), en su artículo 96 indica que el RNP debe renovar las tarjetas de identidad cada 10 años, esto nunca se ha realizado por múltiples razones políticas, económicas y hasta de capacidad instalada. Como resultado, Honduras no ha podido actualizar su sistema de identificación nacional desde hace 20 años. Esta situación ha creado una serie de problemas y riesgos latentes, tanto para la población (acceso a servicios públicos, reconocimiento jurídico ante terceros, seguridad personal, suplantación de identidades, tráfico de datos personales, etc.), como para la institucionalidad estatal (registros públicos desactualizados, políticas públicas mal formuladas, expansión de la criminalidad organizada, riesgo para la inversión privada, etc.).
En los últimos días apuradamente han salido diversos liderazgos políticos hablando sobre la necesidad de emitir una nueva tarjeta de identidad como parte de las reformas electorales. Sin embargo, esto no quiere decir necesariamente que estén dispuestos a despartidizar el RNP. En todo caso, la dinámica puede ser pactar la inclusión de nuevas fuerzas políticas en el RNP para agilizar la decisión sobre una nueva tarjeta de identidad -que les dará a todos los partidos políticos la cifra actualizada de electores en el país y permitirá focalizar mejor las clientelas y campañas políticas. Sin embargo, en el actual contexto de desconfianza interpartidista, los tradicionales pactos de repartición no garantizarán que no habrá corrupción en la adquisición del nuevo sistema, luchas de poder entre las fuerzas políticas, tráfico de influencias y tratos discriminatorios hacia la población por su afiliación política o falta de “padrinazgo”.
En ese sentido, será importante atender la recomendación 58 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en torno a que “los partidos políticos no deberían ser gestores de la tarjeta de identidad”. Sin embargo, también se debe tomar en cuenta la especialización requerida para el trabajo de registro e identificación que actualmente tiene el RNP –a nivel central como local-, las redes de corrupción que pueden sabotear el proceso e indudablemente, los incentivos políticos por mantener el estatus quo. Es por eso que la propuesta de una unidad ejecutora externa al RNP, que trabaje colaborativamente con el personal comprometido y apoye en su fortalecimiento tecnológico y profesionalización de su recurso humano, tiene como propósito separar los intereses político-partidistas que pueden cooptar, desacreditar y deslegitimar el proyecto de identificación nacional, de la decisión técnica de una visión de Estado.
En conclusión, un nuevo sistema de identificación nacional, no solamente debe verse desde la óptica electoral que se activa cada 4 años, sino como un desafió de Estado que afecta el ejercicio cotidiano de los derechos de las personas, el desarrollo económico del país y la seguridad nacional.
Componentes de un programa de identificación nacional
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