Más de 200 leyes exoneran a diversos sectores de pagar impuestos.
Según economistas consultados por Revistazo, el principio original de dar incentivos temporales para incentivar la inversión y creación de empleo, se ha pervertido y convertido en un sistema de beneficios permanentes para los privilegiados.
En su afán de atraer la inversión extranjera los gobiernos hondureños se han dispuesto una y otra vez a ceder todo.
A inicios del siglo XX entregaron 416,500 hectáreas de las mejores tierras de la costa norte a las compañías bananeras. Lo mismo ocurrió con las empresas mineras, que sacaron toneladas de oro, plata y otros minerales, y solo dejaron para el país los salarios que pagaban a sus trabajadores.
A partir de mediados de la década de los años 70s, se inicia un nuevo capítulo en esta historia. En este tiempo, el Estado comienza a exonerar del pago de impuestos a la maquila, el turismo, la energía eléctrica y hasta las empresas constructoras que mantienen contratos millonarios con el Estado.
Se supone que a cambio de los privilegios que el gobierno les da, las empresas deben generar empleos dignos. Ofrecer incentivos para atraer la inversión es una táctica que utilizan gobiernos nacionales y locales alrededor del mundo.
Sin embargo, diversos estudios económicos en diferentes países han puesto en duda si las exoneraciones realmente producen los beneficios prometidos. Incluso, un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asevera que los «impuestos desiguales« (página 42) se han convertido en una barrera principal al crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe.
A juicio de varios economistas consultados por Revistazo, en Honduras se debe revisar la política de exoneraciones para determinar si realmente produce resultados positivos para el país.
Un tema central es que muchas de las empresas beneficiadas no son empresas recién constituidas que necesitarían apoyo para desarrollarse, sino grandes compañías. Incluso entre las beneficiadas se encuentran las constructoras y las de energía eléctrica que obtienen enormes ganancias en la venta de sus servicios al Estado. En otras palabras, no pagan impuestos, y su fuente de ingresos son los impuestos que otros pagan.
Pino: Exoneraciones deben tener fecha de vencimiento
Se requiere de un análisis muy a fondo para establecer la relación del costo beneficio que tienen estas exoneraciones”, dijo el doctor Hugo Noé Pino, ex secretario de finanzas.
Hugo Noé Pino, ex secretario de finanzas. |
Sostuvo que con el objetivo de crear empleos, divisas y hacer al país más competitivo, en todos los estados existen mecanismos de incentivo a las industrias, pero que en Honduras las exoneraciones fiscales se transforman en beneficios para los que tienen acceso al poder político, sin ninguna justificación económica.
En palabras sencillas, el doctor Pino dice que el gobierno debe verificar cuales de las empresas que reciben incentivos están cumpliendo con los objetivos de la exoneración y cuáles no.
Dijo que de acuerdo con estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las exoneraciones en Honduras alcanzan niveles del 6 y 7% del producto interno bruto (PIB), “que en términos actuales equivale a 30 mil y 35 mil millones de lempiras anuales”, sostuvo Pino.
Además, el ex ministro de finanzas dijo que las exoneraciones impactan grandemente en la equidad tributaria, porque el sistema le carga impuestos al consumidor, pero al mismo tiempo le exonera tributos a las grandes empresas.
Para ejemplo dijo que en el 2017, el total de la recaudación por el impuesto sobre ventas fue de 35 mil millones de lempiras que es el equivalente a las exoneraciones que se están otorgando. “Eso significa que mientras la mayor parte de la población paga impuestos indirectos sobre la gasolina, sobre importaciones, sobre ventas, sobre la producción, las grandes empresas no lo hacen, pese a que en un buen porcentaje no justifican las exoneraciones”, reiteró Pino.
En otra de las dimensiones de este problema el doctor Pino afirma que como incentivo tributario las exoneraciones no fueron concebidas como algo permanente, sino para fomentar un determinado tipo de inversión por cierto tiempo. Al inicio, la maquila fue exonerada por diez años como fomento al empleo, luego se la extendieron a 15 años y ahora algunas se convirtieron en permanentes, “y ese no era el objetivo inicial”, aseveró.
Pero además según él, también se debe revisar el tipo de empleo que estas empresas están generando, porque “para que haya un incentivo tributario debe ser un empleo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cataloga como empleo decente, de 8 horas, con seguridad y prestaciones sociales, ese es el empleo que se quiere genera”, especifica el ex Ministro de Finanzas.
Recomendamos leer
|
A su juicio, el empleo por hora no entra en la categoría de los empleos generales que se requieren generar en el país, porque ese tipo de trabajo, solo es para afrontar una crisis, o para que financien sus estudios los muchachos que van a la universidad o al colegio.
Ante tal situación, reiteró, que la evaluación de los incentivos que se están dando debe pasar por ese análisis detallado del tipo de empleo que se está creando, la creación de divisas, si se está haciendo daño al consumidor porque de estas exoneraciones que se les da a la empresa privada en materia de combustible por ejemplo, tienen como objetivo que no se recargue el precio de combustible a la factura de energía eléctrica. La intención es bastante clara, pero en la práctica ocurre lo contrario.
Como perro que muerde la mano del amo
Sostuvo el doctor Pino que muchas de estas empresas exoneradas del pago de impuestos, en el reciente pasado hasta han utilizado el beneficio para delinquir, “traficaban internamente con parte de ese combustible y además le hacían una competencia desleal al propio estado que las estaba beneficiando”, detalló.
Por tal razón, dijo que en la reforma tributaria del 2010 se eliminó ese beneficio a las compañías petroleras, pero que en la contrarreforma del 2013 volvieron a exonerarlas del pago de impuestos. Y es por eso que ya ha recomendado establecer un marco regulatorio “muy fuerte” de las más de 200 leyes que exoneran impuestos sin control porque “si no hay regulación, esto se vuelve un desorden y ni el mismo gobierno sabe de cuanto pierde por las exoneraciones”, reveló.
La situación se vuelve compleja porque en el país, hasta las iglesias y las ONGs obtienen exoneraciones argumentando ser instituciones sin fines de lucro y que traen medicinas, sillas de ruedas y otros equipos, pero a falta de un marco regulatorio han hecho fiestas, y las iglesias importan carros de lujo para los pastores y sacerdotes, contexto por el cual, según el doctor Pino, los organismos internacionales plantean que ese beneficio esté contenido en el Presupuesto General de la Republica.
Las dos Honduras
Rodulio Perdomo, experto del área económica. |
Sobre el tema de las exoneraciones Revistazo también platicó con el economista, Rodulio Perdomo, un veterano ex catedrático de la carrera de economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que labora como experto del área económica del Foro Social de Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), quien es del criterio que las exoneraciones fiscales son un problema grave, debido a que para mantenerlas el Estado debe aumentar periódicamente el cobro de impuestos a la población. Por ejemplo, dice, “cuando nació el impuesto sobre ventas solo era del 3%, después creció al 5%, después el 7%, después el 12% después al 15%, y ya tenemos una parte de los productos al 18%”, indicó Perdomo.
En su apreciación considera que en Honduras las exoneraciones equivalen al 7.5% del PIB y que el Estado deja de percibir anualmente entre 35 y 40 mil millones de lempiras perdonados a compañías exportadoras de banano, melón y sandía, la maquila, café entre otras. Perdomo dice, que existen dos Honduras, la orientada a la exportación que no paga impuestos y la de consumo interno que sí debe pagarlos. Y por esa razón vaticina que en este periodo gubernamental surgirán nuevos gravámenes, como el pago de peajes ya convertido en un sobre impuesto al consumo de combustible y al uso de las carreteras.
“Y obviamente nuevos impuestos que han surgido como la tasa de seguridad y el mono tributo. Este es el impuesto sobre la renta que pagará el sector informal”, expresó Perdomo.
Para explicarse mejor, Perdomo dice que el modelo funciona cobrándole los impuestos a la población y a las empresas no exportadoras. Es decir, la persona que compra una refrigeradora o un televisor tiene que pagar el 15% más. Y de igual manera, el que viaja en su carro a San Pedro Sula tiene que pagar impuestos en cuatro casetas de peaje. “Entonces lo que están generado las exoneraciones es un gran descontento de la sociedad”, insistió.
Expresó, que existe contradicción entre la legislación y la práctica, porque las leyes dicen exonerar a entidades comprometidas con la generación de empleos, de divisas y un clima favorable para el crecimiento económico.
pero esa es solo la poesía que tienen todas las leyes de que con esta ley se va a resolver el problema de la pobreza y esas empresas tienen tasas de ganancias extraordinarias debido a que pagan bajos salarios y en Honduras los bajos salarios es como el elemento representativo de la desigualdad”, afirmó Perdomo.
Además dijo que los salarios mínimos en Honduras han sido construidos para que el patrono ofrezca pagar a un trabajador analfabeto 9 mil lempiras y si llega un ingeniero agrónomo también le puede ofrecer 9 mil lempiras. Y muchos aceptan, hay profesionales universitarios trabajando por 6 mil o 9 mil lempiras y esto, según Perdomo es la precarización del trabajo manejada desde la lógica de construcción de un modelo interesado únicamente en el crecimiento macroeconómico.
Puntualizó, “el fenómeno es el siguiente: usted crea riqueza y esa riqueza la mide a través del PIB y usted puede decir yo estoy creciendo y la economía está creciendo, pero acosta de pagarle salarios de muerte o de simple sobrevivencia al grueso de la población. Hoy día el 70% de la población asalariada gana menos de un salario mínimo porque hay una gran evasión del salario mínimo,” certificó este economista.
Asimismo, dijo la macroeconomía puede estar bien, pero que eso no sirve para que en las mesas de los pobres haya queso, leche y carne, una situación que provoca deterioro familiar y produce un malestar social que se expresa en la alta tasa de homicidios, criminalidad, violencia y extorsión, presentes en las calles del país. Sustentó que ese es el precio que los hondureños tenemos que pagar por un arraigado modelo de exonerar a los grandes productores y que esa situación lleva a la compra de armas, tanquetas y gases, que es un enfoque curativo y no preventivo.
Reflexionó, que los extorsionadores no nacieron malos, sino que la misma sociedad los empujó a hacerlo.
Fíjese usted qué está haciendo un joven de 20 años ahorita en el barrio Divino Paraíso, en la esquina de un billar, no tiene empleo, no tiene perspectivas de empleo, no tiene educación, y tampoco valores, pero tiene hambre y no tiene que comer, ¿cómo hace para tener ese sustento biológico y para reproducirse como ser?, -debe comer los tres tiempos y si no tiene dinero, ¿qué le queda?: buscar un hogar para arrimarse y que le den, sale a pedir o simplemente conseguir un cuchillo y se va obtener de forma ilegal el dinero que la sociedad no le probé honradamente”.
Sostiene que es allí donde radica el problema y que para contener ese descontento social el Estado gasta en represión, no solo en las áreas urbanas sino también en el sector rural donde también se producen masacres y extorsiones. Al crecimiento de la delincuencia Perdomo le suma que la emigración de gran parte de la población a otros países, mientras que los empresarios brincan de alegres por tener exoneraciones eternamente, pese a que fueron concebidas como algo temporal.
