El pasado 19 de enero de 2018, el Convenio para el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), cumplió su segundo año de vigencia, algo que pasó desapercibido, tomando en cuenta la crisis irresuelta en que está sumida el país – a pesar que algunos hacen todo lo posible para mostrar que todo ha vuelta a la “normalidad” y que no ha pasado nada.
Desde un inicio, muchos –unos por ingenuidad, otros por protagonismo y algunos por indiferencia- han criticado a la MACCIH por no tener los resultados esperados en llevar a los grandes corruptos a la justicia. Pero, los resultados de la MACCIH no solo deben ser medidos por lo que no ha podido hacer, sino por lo que no la han dejado hacer.
Una cosa es cierta, y es que en un país con una corrupción sistémica, estructural e histórica como Honduras, combatir la corrupción es confrontarse al poder político y el estatus quo que representa. Es por eso que en el marco del segundo aniversario del Convenio de la MACCIH y con dos años más por seguir –sino termina antes-, expongo las principales trabas que ha tenido la MACCIH, no con el ánimo de excusarla; sino más bien, para explicar cómo el poder político se ha confabulado para impedir que tenga los resultados que esperamos.
1.-Reforma por adición a la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Esta reforma se aprobó en julio de 2016 para crear y definir el alcance de los juzgados anticorrupción. El proyecto de reforma tuvo aportes de la MACCIH, pero al aprobar el decreto, los diputados redujeron el catálogo de delitos de corrupción y decidieron que los juzgados anticorrupción únicamente podían conocer casos de 3 o más imputadas. Previendo la posibilidad de que algunos diputados podrían terminar procesados, la reforma no eliminó la figura de los jueces naturales, usualmente un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es por eso, que vemos en el caso de la Red de Diputados, una magistrada de la CSJ -que fue seleccionada por los mismos diputados- aplicando la ley, en vez de un juez anticorrupción certificado por la MACCIH. Al final, los juzgados anticorrupción que consumen más de 2 millones de lempiras mensuales, no han visto acción aún y solo se quedarán conociendo casos de “pececitos” –por mucho gerentes o directores.
2.- Ley de Política Limpia. Esta legislación se aprobó a regañadientes por los diputados en enero de 2017, sufriendo una modificación de último momento –sin conocimiento de la MACCIH. Prácticamente, se desnaturalizó la Ley a través de la repartición política, a pesar que el proyecto inicial de la MACCIH contemplaba un solo comisionado, seleccionado de manera meritocrática y sin afiliación partidista. En la actualidad, la Unidad de Política Pública carece de presupuesto, personal y capacidad instalada para hacer una fiscalización del financiamiento y gastos de campaña de los candidatos y partidos políticos. Con la crisis post electoral producida pos los mismos que se repartieron la Unidad Política Limpia, es dudable que vayan a querer fiscalizar o sancionar a alguien, pues se estaría comprometiendo la “gobernabilidad”.
3.- Proyecto de Ley de Colaboración Eficaz. En diciembre de 2016 le llegó el proyecto al Poder Ejecutivo, pero fue introducido hasta abril de 2017 en el Congreso Nacional. Desde entonces, ha estado engavetado porque no está en la “agenda legislativa”. Cabe mencionar que esta legislación le otorga a los fiscales del Ministerio Público la facultad de poder negociar con una persona implicada en un acto de corrupción u otro delito que involucre una red criminal, convirtiéndose en colaborador de información vital para el encarcelamiento de un “pez gordo”. Obviamente al ver cómo funciona la colaboración eficaz en los connotados casos de narcotraficantes hondureños extraditados, a políticos, altos funcionarios y empresarios les entra pavor solo imaginarse que personas cercanas a ellos, pueden “cantar”.
4.- Reforma a Ley Orgánica del Presupuesto. Posiblemente el acto más descarado y desesperado para impedir el trabajo de la MACCIH ha sido esta movida legislativa qué como muchas otras que perjudican al Pueblo hondureño, se hacen en el sigilo. El daño político, institucional, económico y social de esta reforma es imaginable, pues prácticamente otorga inmunidad para cometer actos de corrupción pasados, presentes y futuro al dejar en suspenso cualquier investigación del Ministerio Público hasta tener la auditoria del Tribunal Superior de Cuentas –que no necesariamente tiene calidad probatoria en un juicio. Por el momento, quieren “taparle el ojo al macho” diciendo que fue un error de redacción, los mismos que hace días atrás alegaron que era de cumplimiento obligatorio.
En todos estos casos, cuando la MACCIH ha pedido que se respete la ley o ha reclamado la falta de colaboración por el Estado de Honduras, los políticos y sus burócratas de partido han sacado la tarjeta del “intervencionismo” a la soberanía, defendiendo a capa y espada su independencia. Ahora bien, hágase la pregunta Ud., ¿tienen razón estos señores o es otra traba más para la MACCIH para dejarla tener resultados?
