Con el objetivo de definir la investigación criminal en el sistema legal de Honduras, la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP) y la Alianza por la Paz y la Justicia organizaron un conversatorio el 9 de octubre sobre el tema “El modelo de investigación criminal, su ubicación, estructura y funcionamiento”.
Para la fiscal especial de Delitos Comunes, Patricia Domínguez, corresponde al Ministerio Público la tarea ineludible de conducir la investigación y continuar el proceso hasta judicializar cada caso, lo que la ciudadanía demanda con celeridad, objetividad y transparencia.
Con el decreto 155-1998, el Congreso derogó en mayo de 1998 los artículos 41 al 47 de la ley de la fiscalía que separó la Dirección de Investigación Criminal y la trasladó a la policía. La unidad estaba bajo la égida del Ministerio Público desde 1993.
El juez de sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Mario Rolando Díaz, indicó que “el modelo de enjuiciamiento ha cambiado, pero no el modelo de investigar” porque el fiscal se vale de lo que a su criterio el agente de investigación le proporciona.
Modelos de investigación criminal otorgan al fiscal la potestad de investigar.
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la DNIC actúa bajo la dirección técnico y jurídica del Ministerio Público y tiene como objeto investigar los delitos comunes, identificar a los responsables de los mismos a efecto de ofrecer a los agentes de tribunales (fiscales) los elementos necesarios para ejercitar la acción penal.
A la reunión de la Alianza acudió el colombiano Eduardo Rodríguez, investigador y abogado de la policía de su país, para quien el éxito en la persecución del delito radica en que, independientemente de la estructura institucional de la fiscalía y la policía, esos entes deben trabajar en conjunto.
El tema continuará exponiéndose en debates posteriores a fin de socializarlo con la Alianza para llegar a una conclusión aceptada por ambas partes previo a que la CRSP presente su propuesta ante el Congreso.