Con su canto reivindicativo finalizó la presentación del amicus curiae (amigo de la Corte) en nombre de la Red de Trabajadoras Domésticas (RTD) el jueves 8 de diciembre ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Dos años han pasado desde que la RTD presentó dos recursos de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, aún no hay respuesta del sistema judicial.
“Hoy estamos en la Corte porque a dos años de haber presentado dos recursos de inconstitucionalidad, específicamente para reclamar derechos fundamentales a los que históricamente las trabajadoras domésticas no hemos tenido acceso, la Corte sigue sin emitir sentencia”, denunció la cofundadora y miembra de la comisión política de la RTD, Gabriela Pineda.
Uno de los recursos de inconstitucionalidad presentados es en contra del Código del Trabajo en el Capítulo II: trabajo de los servidores domésticos. “El Código del Trabajo nos excluye a las mujeres trabajadoras por ser mujeres trabajadoras. El Código no regula el trabajo doméstico y no reconoce la organización de la clase trabajadora”, indicó la cofundadora.
“Pedimos un salario digno, que nos puedan incluir en la ley de salario mínimo”, reiteró Pineda. Fue en contra de esta ley que se presentó el segundo recurso de inconstitucionalidad, misma que remite la regulación del trabajo doméstico a una ley especial que ni siquiera existe.
Para que la red pueda ejercer acciones públicas y políticas se deben organizar los fines de semana. “Para estar aquí algunas hemos pedido permiso a empleadores, luego vamos a reponer el día”, indicó Pineda. La RTD es una coalición con presencia en varias regiones de Honduras, hay 66 mujeres aliadas en total; 20 residen en Cholulteca; 22 en Intibucá; y el resto, en Tegucigalpa. La RTD fue fundada en el 2015.
Justo en ese año se aprobó la Ley de Empleo por Hora, derogada por el Congreso Nacional el 28 de abril de 2022. “En el trabajo doméstico solo hay dos modalidades: con dormida adentro y dormida afuera”, explicó Pineda. Con la entrada en vigencia de esta ley, la modalidad de dormida afuera se quedó sin estabilidad laboral. La RTD consideró pertinente interponer recurso de revisión porque la ley “temporalizó no solo el trabajo doméstico, sino que ya no nos permitía estar en un solo hogar, sino que nos obligaba a ir por días a varios hogares”.
“Nos enfrentamos a jornadas de 14 horas consecutivas, solo incluyendo horas de descanso para comer. Hay mucha violencia laboral y siempre tenemos miedo de quién es nuestro empleador y las consecuencias que esto pueda tener”, indicó Pineda.
Se han presentado dos iniciativas de ley en nombre de la RTD. La segunda se convirtió en dictamen, pero quedó engavetada porque la diputada que lo presentó, Sara Ismela Medina del Partido Nacional, no regresó al Congreso Nacional por otro periodo.
La coordinadora del programa de empoderamiento económico de mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres), Mina Palacios, acompañó a la RTD en la presentación del amicus curiae. “El trabajo que ellas hacen va más allá del trabajo doméstico, es un trabajo de cuidado y es injustamente sobrecargado sobre las mujeres. Luchamos por un sistema integrado de cuidado, exigimos para ellas remuneración y condiciones laborales justas que proveen trabajos de cuidado y la representación de ellas en espacios de gobernanza”, señaló Palacios.
Sandra Laínez, de 64 años de edad, trabajó durante 30 años con la misma familia y fue despedida a inicios de la pandemia. “Me despidieron por llamada. Solo me dijeron que alguien más quedó interna, que ella iba a hacer todo mi trabajo, que no me preocupara”, indicó Sandra, “tampoco me reconocieron nada monetariamente”.
Foto: Laura García
El Estado no ofrece seguridad social para las trabajadoras domésticas, en todo caso, son las hijas de Sandra quienes se encargan de sus gastos médicos. Sandra es prediabética, hipertensa y asmática. “A eso agréguele cositas de la edad: colesterol y eso. Me volvieron a llamar de la casa donde trabajé, pero les dije que no porque mis hijas ya no quieren que yo trabaje”, compartió Sandra.
“Solo tenían una niña, yo la miré crecer. Se casó y regresó a vivir a la misma casa y todo ese trabajo me tocaba a mí hacerlo. Me pagaban el día por lo mismo, yo tenía que ver cómo sacaba el trabajo de ambas familias. Son empresarios más o menos pudientes, pero me subían el salario 50 lempiras allá a los años”, agregó. La última vez que le subieron el pago diario a Sandra fue en el 2018, dos años antes de ser despedida. El pago máximo que recibió fue L. 350 diarios.
La red no es acompañada por el Gobierno, sino por organizaciones de sociedad civil. “Siempre nos acompaña el Bufete Justicia para los Pueblos, el Centro de Derechos de Mujeres, la Red Internacional (RIPO)”, comentó Sandra.
El coordinador nacional de la Red Internacional de Promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (RIPO), Caleb Navarro, fue quien presentó el amicus curiae en nombre de la RTD. Navarro indicó que su solicitud ante la Sala de lo Constitucional es esperando que emitan una sentencia con enfoque a los objetivos de desarrollo sostenible.
“El desarrollo es integral y no puede dejar a nadie atrás. Si hay vulneraciones en este sector laboral, hay atrasos en el desarrollo. El trabajo decente no solo se remite al salario, horarios, el concepto de trabajo decente abarca mucho más: protección social, diálogos sociales. El Estado no puede invisibilizar esta labor”, concluyó el coordinador de RIPO.
“Reclamamos legítimo derecho, estamos aquí para respaldar los recursos ya presentados. Estamos aquí para demandar a la CSJ una sentencia por precarización del trabajo no solo en medio de crisis sociopolíticas, sino en medio del Covid-19 que ha precarizado aún más el trabajo doméstico”, indicó la cofundadora Pineda.
“Esperamos que den una resolución a nuestro favor. Todo mundo tiene salario mínimo, todo mundo protesta por salarios, pero a las trabajadoras domésticas nadie nos hace caso”, concluyó Sandra.
