Por Omar E. Rivera —
La mentira es de patas cortas, de tal forma que cuando no decimos toda la verdad, tarde o temprano se nos descubre en la farsa. Algo así le sucede al Gobierno de la República cuando de reducir el déficit fiscal se trata, ya que a pesar del esperanzador discurso de los funcionarios públicos, los mismos hacen mucho menos de lo que dicen actuar.
Los burócratas del régimen del “Humanismo Cristiano”, le apuestan a combatir la defraudación y evasión tributaria, y a reducir el gasto corriente de la administración pública, para lograr sus metas, aprueban acuerdos ejecutivos, decretos legislativos y suscriben pactos, no obstante, los ingresos no crecen como se pronostica, ni el gasto estatal se reduce; lo que es peor, a nadie se sanciona por las omisiones y excesos, y las tibias medidas adoptadas aun nos tienen transitando en el camino al abismo más profundo de la quiebra como Estado.
Hagamos un rápido repaso de lo que ha sucedido en materia de implementación de medidas para mejorar la recaudación tributaria.
A pesar una decena de paquetazos tributarios, los ingresos del Estado no se incrementan en los niveles que se requieren, en gran medida por lo inadecuada de las medidas fiscales, el mediocre desempeño de la Direccion Ejecutiva de ingresos (DEI) y la ineficiente administración gerencial de las empresas públicas; de seguir con la idea que incrementando los impuestos y tasas por servicios públicos se van a elevar, “por decreto” (arte de magia), los ingresos del Estado, se continuará fracasando, ya que esa medida es como pretender cargar en los hombros de quienes si pagan, todo el peso de la responsabilidad del financiamiento estatal, y seguir siendo indiferente ante los delincuentes del fisco.
El asunto esencial, más que elevar impuestos y tasas, es ser riguroso en el cobro y sancionar de forma oportuna a quienes transgreden las normas impositivas; honrar al defraudador y evasor de impuestos, y brindarle “de facto” inmunidad a los empresarios que no pagan los servicios públicos, es caldo de cultivo para que más personas naturales y jurídicas se inscriban en la lista de los picaros que dan la espalda al deber ineludible de contribuir a financiar al Estado. Esto es lo que ha sucedió en el país, en lugar de ampliar la base tributaria y volver eficientes los mecanismo de cobro de impuestos y tasas, lo que hace el Gobierno de la República –tal cual lo mencionamos anteriormente- es cargar sobre las espaldas de los pocos que ya pagan bien, la cruz del financiamiento del Estado, incrementando los tributos de forma ingrata. La formula oficial no funciona, para muestra estos datos: a pesar de haber aplicado reiteradas medidas tributarias, los ingresos del Estado no obtuvieron incrementos sustanciales, una majestuosa contradicción; según datos oficiales “el desfase en la recaudación fiscal de la DEI, durante el año pasado, fue de 3,128 millones de lempiras”; aun con este mediocre desempeño en la recaudación, el Congreso Nacional, obliga a la DEI a recaudar, durante el año 2013, 61 mil millones de lempiras, un meta mayor a la que no pudo cumplir en el 2012. ¿Se imagina “quien pagara la cuenta”?
Hay claridad que las medidas no fueron ni las pertinentes, ni fueron tomadas en consideración para su rigurosa ejecución.
Un gran culpable de todo este desastre es la DEI, entidad que de acuerdo a la Ley tiene la responsabilidad de “recaudar de manera eficiente los impuestos internos y aduaneros a través de una transparente y correcta aplicación de las leyes tributarias, brindando atención de calidad al contribuyente, a fin de proveer al Gobierno de la República los recursos necesarios para alcanzar sus metas de desarrollo social y económico”; históricamente, salvo algunas temporadas de gloria (como las del primo Armando Sarmiento), la DEI ha mostrado su nefasta actuación, en gran medida, por la falta de calidad en el desempeño de los funcionarios quienes forman parte de nomina, por la cultura de corrupción que ha infectado hasta el tuétano a esta entidad gubernamental y la politización que la instrumentaliza para propósitos clientelares. Auditores tributarios y oficiales de aduana, ponen esmero en enriquecerse ilícitamente en lugar de hacer acrecentar las recaudaciones oficiales y en obviar la aplicación de la Ley para beneficiar a empresarios y políticos de turno en el poder. La impunidad hace que nadie cambie de actitud, a nadie se sanciona. A pesar de la intervención decretada por el Gobierno de la República, los resultados no son los mejores, ni los extraordinarios que las circunstancian demandan. Ahí, en la DEI, urge cirugía mayor; urge despolitizarla, urge reclutar a los mejores cuadros del país para convertirla en la agencia eficiente que se necesita para oxigenar las arcas públicas.
Finalmente, el impacto negativo de las cuentas de las empresas públicas reducen la solvencia del Estado; más de ocho mil millones de lempiras anuales de pérdidas, son una prueba irrefutable de la ineficiente administración gerencial de estas entidades descentralizadas; ¿Cómo puede un monopolio quebrar? Pues sencillo, los males de siempre, un inadecuado marco jurídico y estratégico que limita la capacidad institucional, la falta de compromiso y proceder corrupto de los mandos intermedios, el lacayuno desempeño de la gerencia que toma ejecuta acciones a favor de los intereses particulares y no en procura de beneficiar a la colectividad, y la galopante indiferencia de las juntas directivas que son –en muchas ocasiones- piezas decorativas en la gestión de estas instituciones estatales.
Medidas desesperadas aparecen en el firmamento, las típicas de los burócratas: echar a al calle a los empleados que ellos mismos contrataron, reducir los beneficios laborales contenidos en los contratos colectivos que ellos mismos suscribieron, elevar las tarifas para seguir castigando a los buenos clientes que pagan a tiempo y –lo que está de moda- vender las empresas públicas a pedazos o enteras (“libreada”, como dirían en la “Perla del Ulúa”).
El fracaso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (HONDUTEL), la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y otras, se debe esencialmente a la pésima gerencia, la falta de visión estratégica y la corrupción. Es imposible tener un eficiente y honesto desempeño con cuadros gerenciales inútiles y corruptos; ha sido evidente que el compromiso de quienes han dirigido y administrado las empresas públicas han estado directamente vinculado con los empresarios de las compañías generadoras de energía térmica, las empresas de telefónica móvil y proveedoras de servicios de transmisión de datos, y las multinacionales importadoras/exportadoras, en lugar de estar al servicio de población en general y del Estado.
“Las cosas se parecen a su dueño”; no pretendamos obtener de quienes están –en este momento- al frente de las empresas estatales resultados diferentes a los actuales (Esto sería como pedir a la Policía Nacional que se “autodepure”).
Si la situación es trágica en materia de recaudación de impuestos y tasas, se vuelve terrible cuando se trata de reducir el gasto corriente de la administración pública; realicemos una veloz revisión de lo que el Gobierno ha hecho, ha dejado de hacer y debería realizar en torno a racionalizar las erogaciones públicas.
Históricamente, las instituciones del Estado se han caracterizado por tener elevados niveles de gasto corriente; en el Gobierno Central, las instituciones descentralizadas y desconcentradas, los gobiernos locales, las entidades operadoras de justicia y organismos de control, y en el Poder Legislativo, el hábito ha sido, no solamente tener una desproporcionada cuota de sueldos y salarios, un excesivo gasto administrativo, sino que también una irresponsable e ilegal ejecución extrapresupuestaria.
Ya en noviembre del año 2007, el Banco Mundial, en el “Informe sobre el Gasto Público – Honduras”, establecía que “la característica más impactante de la composición económica del gasto público en
Honduras es la enorme cantidad de recursos asignados a sueldos y salarios públicos” y que la falta focalización y calidad en el gasto social se reflejaba en los pobres rendimientos en salud, educación y reducción de la pobreza; el mismo informe, advertía –en ese momento- que existían varios “desafíos fiscales importantes” sobre las base de los cuales se tenían que tomar medidas inmediatas, particularmente en materia de: 1) Crecientes pérdidas operativas de las empresas públicas; 2) Elevados salarios públicos; y 3) Presiones populares para incrementar los subsidios en transporte, combustible y electricidad y otros. Pese a la advertencia, no se tomaron las medidas del caso y hoy todos pagamos la cuenta e intereses. De tomar las medidas adecuadas pagaríamos las consecuencias.
Ni el pasado, ni el presente, los gobernantes pudieron ejecutar acciones contundentes que revirtieran esta situación; inclusive, el gobierno de facto del segundo semestre del 2009, “rayó la tarjeta de crédito” y dejo el país en una situación fiscal complicada, con elevadísima deuda interna privada y saqueadas las arcas nacionales.
La presente administración, tomo algunas medidas formales que no han tenido éxito por su inobservancia e incumplimiento. Con el agua hasta el cuello, el actual Gobierno ha incluido en reiteradas ocasiones medidas de ahorro y austeridad en las disposiciones general de los presupuestos aprobados en los últimos años, las que han sido irrespetadas por los funcionarios de turno; asimismo, se incluyó, en el “Gran Acuerdo Nacional (GAN): Por un Crecimiento Económico con Equidad Social”, suscrito en febrero del 2012, medidas para reducir el gasto corriente y los salarios del sector público, y reformar la estructura estatal para tener un “gobierno más eficiente”. Después de 12 meses, los resultados son escasos y pobres en esa materia. El irrespeto a lo acordado es repugnante.
Luego del escándalo que obligó la salida del ex Secretario de Finanzas, Hector Guillen, el Consejo de Ministros, aprobó en el mes de agosto 2012, una serie de acuerdos ejecutivos (PCM029 y 033), que tenían como objetivo reducir el gasto corriente del Gobierno; lamentablemente, como en otras ocasiones, los burócratas no acatan las resoluciones e imponen abusivamente su conducta proclive a gastar más de lo que deben. No ha podido el ministro Wilfredo Cerrato, lograr cerrar la brecha que asfixia las finanzas públicas.
No obstante, el Congreso Nacional aprobó el nuevo presupuesto con 164 mil millones de lempiras, de los que 90,544 millones son para el Gobierno y 73,688 millones para las instituciones descentralizadas; este presupuesto supera en 20 mil millones de lempiras al aprobado para 2012 y en más de siete mil millones al ejecutado el mismo año, que fue de 157 mil millones. La composición del gasto sigue teniendo las mismas características de siempre, elevado gasto corriente e incertidumbre de donde se obtendrán los recursos para financiarlo.
Varios sectores de la Sociedad Civil han recomendado proceder a realizar un análisis crítico (cualitativo y cuantitativo), que muestre el impacto (positivo y negativo) y los obstáculos para el logro de las metas contenidas en las disposiciones presupuestarias y acuerdos ejecutivos aprobados en el pasado reciente; es decir, que explique cómo es que aprobando medidas para reducir el gasto corriente del Gobierno, no se pudo lograr. De igual forma, redes ciudadanas han exigido que se sancione a todos aquellos funcionarios que violaron la Ley y abusaron de poder para transgredir el presupuesto y ejecutaron gastos superfluos prohibidos; tal cual lo ha manifestado el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), “la impunidad el verdadero problema presupuestario en Honduras”.
El Gobierno de la República debe crear una instancia de seguimiento del presupuesto, conformada por representantes de instituciones estatales, comisiones parlamentarias, organismos contralores, fiscalizadores y de control y organizaciones de sociedad civil, para que periódicamente evalúen el desempeño oficial y el cumplimiento de la Ley, los acuerdos aprobados y pactos suscritos, en materia de recaudación tributaria y reducción del gasto público; difícilmente, sin monitoreo, se lograran las metas y es imposible que sin sanción se eviten los excesos de los irresponsables burócratas.
La voluntad política debe estar reflejada en hechos concretos que generen cambios positivos y no en discursos vacios incompatibles con las acciones o resoluciones oficiales que no son respetadas ni cumplidas por nadie; vale la pena que quienes nos gobiernan se den cuenta que los ciudadanos siempre estarán en disposición de colaborar si comprueban que no se les está tomando el pelo y si existe una decisión firme de modificar la ruta por la que desde hace décadas erróneamente transitamos.
