Transparencia Internacional (TI) y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) instaron a los aspirantes presidenciales a rendir cuentas sobre la procedencia de los recursos y el costo de las campañas previas a las elecciones primarias del 18 de noviembre en Honduras.
“Se trata de una invitación que hemos extendido a los candidatos para que den información sobre los aportes que reciben en sus campañas”, dijo a Revistazo Andrés Hernández, representante para América Latina de TI.
En la carta enviada a los precandidatos presidenciales y los coordinadores de las corrientes internas de los tres partidos políticos que participarán en la consulta popular, TI y ASJ solicitaron informes relacionados a las aportaciones públicas y privadas, y de los espacios publicitarios que esperan tener durante la campaña.
Según el representante de TI, “la acción tiene como propósito que la ciudadanía hondureña conozca las fuentes que alimentan el proceso electoral en cada uno de los partidos políticos”.
De acuerdo a las inscripciones en el Tribunal Supremo Electoral, en los comicios se han registrado 16 corrientes internas de tres partidos: Liberal, Nacional y Libertad y Refundación.
Con la acción TI y ASJ buscan hacer más transparente el proceso electoral para que la información que proporcionen los líderes políticos ayude a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto de manera consciente.
De acuerdo a Hernández, Honduras no es el mejor calificado en términos de transparencia por estar ubicado en riesgo, debido a las denuncias públicas de que la campaña estaría financiada con recursos estatales o por el narcotráfico y el crimen organizado.
Informó que una investigación realizada por TI en el 2006 sobre la práctica de transparencia en la política situó a Honduras en un lugar rezagado en comparación con otros países que impulsan reformas encaminadas a que los aspirantes rindan cuentas al pueblo.
Ante esa situación, Hernández exhortó al Congreso a discutir leyes adecuadas que hagan más transparentes a los institutos políticos y a otorgar de suficiente capacidad e independencia a los órganos contralores del Estado para sancionar a los que violen las leyes.
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