Esta nota es la primera de tres que brinda un análisis constructivo sobre el conflicto electoral y sus efectos en la sociedad y estabilidad del país. Como votantes, ciudadanos y miembros de la sociedad hondureña, debemos buscar formas para prevenir y mitigar el conflicto antes de que se escale a violencia, muertes y crisis.
El surgimiento de la violencia política de tipo electoral constituye un indicador clave que explica el enorme deterioro que ha tenido la democracia hondureña en la última década. El conflicto electoral es cíclico, llevando a situaciones de violencia cuando la institucionalidad del Estado -controlada por actores políticos- pierde la capacidad de resolución y a la vez, hace uso desmedido de la fuerza que contribuye a más conflicto y violencia.
Es importante entender que el tipo y calidad del proceso electoral hondureño está detrás de la conflictividad del país, el cual se manifiesta a través de una serie de disparadores institucionales, políticos y sociales. Por ejemplo, cuando se aplica las reglas del juego electoral de manera desigual o selectiva para beneficiar algunos y perjudicar a otros, cuando no se pueden dar los resultados del voto en tiempo y en forma, o cuando la autoridad electoral no puede tomar decisiones por desacuerdos internos. También el conflicto se dispara por el tipo de competencia política, con campañas de descalificación, desinformación y manipulación de emociones a través de la viralización en redes sociales y medios de comunicación. Asimismo, el conflicto se incrementa a medida se polariza la sociedad en polos antagónicos basados en identidades políticas (derecha-izquierda, capitalistas-comunistas) y valores (religión, provida, igualdad de género, derechos humanos, etc.).
Todos estos disparadores del conflicto estuvieron presentes en el proceso electoral del 2017. Y sabemos lo fácil que fue que el conflicto se escalara a situaciones imaginables de violencia. Pero ¿que hace la diferencia en este nuevo proceso 2021? ¿Por qué pueden ser más violentas estas elecciones? ¿Qué debemos prestarle especial atención si queremos evitar una nueva crisis de magnitudes profundas?
En línea con las tres dimensiones de disparadores del conflicto electoral, explicaré usando ejemplos la gravedad de la situación electoral del 2021 para evidenciar las diferencias que existen con el proceso 2017. Después presentaré algunas oportunidades que tenemos que nos permite prevenir o mitigar un escalamiento del conflicto electoral a una situación de violencia y crisis sistémica. Sin duda el contexto país y regional es diferente en el 2021, pero para explicarlo y generar conciencia, es importante mostrar la evidencia.
Las preocupaciones institucionales y las oportunidades de mitigación
En el año 2017, a pesar de que se tenía un sistema de transmisión de resultados (TREP) este no funcionó y fue el principal detonante del conflicto violento. En la situación actual, los retrasos en la aprobación del presupuesto, en la formalización de los contratos con los proveedores tecnológicos y en la falta de información sobre las pruebas y ensayos, así como, la capacitación técnica del personal, a un mes de las elecciones ya es una causa del conflicto que irá escalando. A esto se le debe agregar que se introducen nuevos elementos al proceso electoral que no estaban presentes en el proceso anterior, como un nuevo censo electoral, una nueva tarjeta de identidad y un nuevo sistema de registro electrónico del votante a través de la huella registrada en la base de datos del nuevo registro civil. Todas estas innovaciones están inconclusas y presentan serias dudas de su operatividad, al grado que los más de 5 millones de votantes desconocen cómo se hará el sufragio.
En un escenario que haya serias complicaciones, contradicciones y discusiones entre los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, esto se trasladará rápido a los activistas y simpatizantes que estarán cuidando el voto. Esto incrementará el riesgo que sucedan actos violentos (pleitos verbales, agresiones físicas y lesiones) dispersos en un sin número de centros de votación antes del cierre de la jornada electoral y el escrutinio de votos en la Junta, algo que no se observó en el proceso del 2017.
Otro importante riesgo de conflicto y violencia se producirá durante el procesamiento de las actas de cierre a nivel central. Con los desafíos que se produzcan en las Juntas o los problemas de conectividad por Internet, puede darse una situación de falta de consenso en torno a los resultados entre las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE). Dado el sectarismo político que ha demostrado el órgano electoral en todos estos meses, es muy probable que no se produzca un mensaje colegiado y unificado a la población. Por un lado, las o los consejeros favorecidos por los resultados -aunque estén en duda- se anticiparán a publicarlos o filtrarlos, mientras que el bando desfavorecido denunciará fraude, fallas técnicas o injerencias externas. Similar situación sucedió en el proceso del 2017, sin embargo, la correlación de las fuerzas políticas en el órgano electoral (Tribunal Supremo Electoral) en aquel entonces no era la misma que existe ahora. En el 2017, solamente el magistrado suplente por el partido Unificación Democrática públicamente denunció su no aceptación de los resultados. Para el proceso 2021, existe una marcada brecha y división entre las autoridades del CNE que hace que el conflicto sea más visible por la población y responda a sus llamados o denuncias.
Un actor institucional que no se puede descartar como mitigador o provocador de mayor conflictividad son las fuerzas de seguridad, tanto policías como militares. Sus -buenos o malos- resultados dependerá de la coordinación que se tenga con las autoridades del CNE en establecer un análisis de riesgo territorialmente diferenciado y protocolos especiales de seguridad para prevenir el conflicto social. También dependerá del nivel de información que brinden a la población para explicar claramente los protocolos del manejo de la fuerza pública, la comunicación con los empresarios que pueden ver sus negocios afectados por vandalismo o delincuencia, la efectividad del trabajo que se pueda tener con el Ministerio Público y el nivel de inteligencia que puedan tener sobre los territorios más calientes (Tegucigalpa, Valle de Sula, Colón). A diferencia del proceso electoral del 2017, para las elecciones del 2021 la policía ha incrementado de 13 mil efectivos a 20 mil efectivos. Asimismo, la Policía Militar del Orden Público tiene más batallones, efectivos y presupuesto que hace cuatro años. Esto implica más recursos para la prevención, pero también fácilmente puede interpretarse como más recursos para la represión.
La alta desconfianza que tiene la población hondureña en sus instituciones electorales (la más baja de Latinoamérica según el último Latinobarómetro) no debe sorprender, pues ha sido una constante durante los últimos 20 años. Sin embargo, lo que debe preocupar es la acumulación de las frustraciones ciudadanas con cada proceso electoral. Honduras ha tenido significativas olas de protestas que han acompañado los procesos electorales. Por ejemplo, en el año 2013, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró 184 manifestaciones; para el año 2017, se totalizó 1.427; y en el 2018, se llegó a 1.069. A esto se debe tomar en cuenta elementos de contexto como los efectos de la pandemia del Covid-19, los desastres naturales que hemos tenido y los que podamos tener en el mes de noviembre, el efecto de las elecciones de Nicaragua y el zipizape por la Isla de Conejo con El Salvador.
En el contexto actual de un Estado acostumbrado a hacer uso de la fuerza pública para recuperar la gobernabilidad ante la perdida de la confianza ciudadana, es muy probable que las elecciones generales del 2021 estén marcadas por fuertes protestas sociales y con ello, vendrá la represión y las violaciones de derechos humanos. Por esa razón, en un escenario de resultados electorales inconsistentes, pocos creíbles o con denuncias de fraude, será trascendental que el conflicto electoral no se derrame a las calles y se haga uso de mecanismos de resolución pacífica lo más pronto posible entre los liderazgos políticos.
El aprendizaje que deja la crisis 2017-2018 es que una vez el conflicto se traslada a la calle, se prolonga más, se producen las muertes, los daños a la propiedad privada son incalculables y el proceso de negociación es más complejo y el conflicto político-electoral no se resuelve, solo se posterga para el siguiente ciclo. Esta lección debe ser un llamado a la mitigación para las misiones de observación electoral, el cuerpo diplomático, el empresariado organizado, las iglesias, academia y organizaciones de sociedad civil.
Para la segunda nota hablaremos de los disparadores del conflicto que produce las campañas electorales y la polarización social
