Una de las apuestas más grandes del gobierno de Xiomara Castro es lograr que Honduras acceda a los fondos de la Cuenta del Milenio, mismos a los que el país no ha calificado desde el 2005 por el deterioro en el Estado de Derecho y el aumento en la corrupción, entre otras razones.
La Cuenta del Milenio es un programa patrocinado por los Estados Unidos destinado a brindar asistencia económica sin intereses a países como Honduras que tienen desafíos de pobreza. De esta manera, los fondos que rondan en unos 250 millones de dólares son invertidos en infraestructura vial y el desarrollo agroindustrial. .
“Tuvimos una reunión con la presidenta Xiomara y con el director de elegibilidad de la Cuenta del Milenio para que vieran todo lo que se está haciendo y quedaron encantados, por lo que hay mucha posibilidad de que Honduras para 2023 pueda ser elegible para la Cuenta del Milenio”, dijo Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Sierra junto a Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico, son los encargados de realizar la cruzada que permita que Honduras vuelva a acceder a los fondos. Para ello han realizado cabildeo con varios organismos internacionales que participan en la evaluación de los indicadores que le permiten entrar o no.
Sierra estima que se logrará el cometido en 2023, aunque Barquero es más conservador y promete se logrará antes que termine este gobierno, o sea que podría tardar hasta 2026.
Revistazo conversó con Roberto Lagos, quien es un economista hondureño que actualmente está realizando sus estudios de doctorado en Carolina del Norte en Estados Unidos. Es un experto en el análisis de los indicadores de la Cuenta del Milenio y en su opinión estos son los cambios que tiene que realizar Honduras para obtener los fondos.
Detalla que lo primero que se debe de tener claro es la metodología “la gente piensa que solo se mide corrupción a nivel del ejecutivo, pero también mide las del legislativo y la corte, entonces toda acción del ejecutivo es bien vista como la entrada de la CICIH (Comisión Internacional Contra la Corrupción), pero tienen que actuar bien los demás poderes también”.
Lo negativo
Según Lagos, hay dos grandes obstáculos en el camino del país que pasan por el Congreso Nacional.
- Un Congreso no establecido legalmente
La Junta Directiva del Congreso Nacional que preside Luis Redondo es bastante cuestionada en torno a su legalidad. Diez meses después de tomar el control del Congreso en vez de asentarse parece que se tambalea más.
La oposición política liderada por el Partido Nacional ha sido permanente detractora de su gestión, pero el llamado de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica que instó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a “que se pronuncie sobre esa situación y se aclare definitivamente”, lo que sin duda resta credibilidad a la institucionalidad del país.
2. Aprobación de la Ley de Amnistía
El Congreso aprobó la “Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan” más conocida como Ley de Amnistía, pero una buena parte de la ciudadanía la denominó como un nuevo pacto de impunidad.
Con esta ley se favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales que aún antes del golpe de Estado abusaron del poder y fueron procesados por actos de corrupción, como el ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri y actuales diputados y miembros de la Junta Directiva del Congreso, Rassel Tomé y Edgardo Casaña.
Lo positivo
Lagos detalla que la calificación es una combinación de encuestas y estudios como los que realizan The Economist, Transparencia Internacional y Latinobarómetro, con estos el Banco Mundial saca los indicadores más importantes o los une en un índice. Otro de los factores que considera son encuestas a expertos, pero tienen más peso los estudios.
Por lo tanto, estima que la estrategia del gobierno de acercarse y presentar sus esfuerzos y logros a los encargados de generar la información, es positivo, pero lo más importante es mejorar los indicadores técnicos.
Considera que como logros de este gobierno están el fortalecimiento de la Policía Nacional, más voluntad para luchar contra la corrupción y el narcotráfico, por lo que se tendrá una mejora considerable.
Además de esto, deben de actuar en las siguientes áreas:
- Instalación de la CICIH, ya que esto daría un mensaje importante en la lucha contra la corrupción.
- Generar un presupuesto transparente y claridad en el destino de los recursos, incluyendo los del Congreso.
- Acelerar las investigaciones y juicios pendientes por corrupción.
- En referencia al poder judicial, se está en las vísperas de la elección de una nueva corte, por lo que un proceso transparente y sin intromisión política ayudaría mucho al país.
- Crear un sistema de control social del gasto con fácil acceso al ciudadano.
- Mejor acceso a la información a través de los sitios web, con información más precisa sobre inversión pública.
- Mejorar los procesos de contratación del Estado.
- Transparentar el uso de las transferencias condicionadas para evitar se usen en proselitismo político.
- Establecer un sistema de gestión por resultados en el Estado
Honduras y la Cuenta del Milenio
Desde que se instauró en el 2004, Honduras solo una vez tuvo acceso a estos fondos cuando en el 2005 durante el gobierno de Ricardo Maduro se otorgaron 250 millones de dólares que fueron ejecutados en el mandato de Manuel Zelaya.
Estos se destinaron principalmente a la construcción de la carretera CA-5 que conecta Puerto Cortés con San Lorenzo pasando por San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa.
El apartado más débil de Honduras en la evaluación es el de Gobernanza, donde sale reprobado en cinco de los seis indicadores, solo aprueba derechos políticos y reprueba libertades civiles, control de la corrupción, efectividad del gobierno, estado de derecho y libertad de información.
Se acaban de publicar los resultados correspondientes al año fiscal 2023, que evalúan el último año del gobierno de Juan Orlando Hernández, comparando el 2022 e Gobernanza, Honduras sube dos puntos en derechos políticos y un punto en libertades civiles, pasando de 25 a 26 pero le va peor en todos los demás indicadores.
Cae estrepitosamente en control de la corrupción que pasa de 16 a 6 y en efectividad del gobierno de 35 a 19. También sufre leves caídas en los apartados de estado de derecho, pasando de 10 a 6 y en libertad de información cae de 26 a 23 puntos.
