Somos un país rico en recursos naturales renovables y no renovables. Si logramos valorizarlos, gestionarlos y utilizarlos eficientemente hacia su objetivo socio – económico y jurídico- político como recursos para el desarrollo, crearemos una realidad distinta a la actual e iniciaremos una nueva historia en la cual la riqueza de los recursos naturales servirá, con prioridad, a la dignidad humana de los habitantes y a su continuo progreso social.
Estamos conscientes de la desconfianza de gran parte de nuestro pueblo en la posibilidad de ese cambio, por lo que es necesario adoptar instrumentos y mecanismos de supervisión, fácil acceso a la información y al debate público que infundan esperanza firme en cuanto a que las empresas mineras y de hidrocarburos realizarán responsablemente sus actividades cumpliendo estrictamente con la legislación aplicable y lo concerniente a la protección del medio ambiente y la biodiversidad, y favorecerán la seguridad de los trabajadores y de sus familias, el desarrollo local de las comunidades y el desarrollo nacional; y que el Gobierno central y local será más abierto, participativo y activo con la salvaguarda de los recursos naturales, su exploración y explotación racional y sostenible, y la gestión financiera eficaz y efectiva de los ingresos o beneficios y su impacto positivo en las condiciones de vida y de trabajo de la población.
Con ese propósito, la gestión de los recursos naturales requiere planificarse y decidirse participativamente para garantizar el máximo beneficio económico y social al desarrollo del pueblo, atrayendo inversión productiva que tenga capacidad gerencial, económica, tecnológica, ética y que sea socialmente responsable en orden a garantizar la pertinencia de compartir transparente y equitativamente con ella la rentabilidad de los recursos, manteniendo altos niveles de inversión de calidad y cerrando la puerta a la inversión que no reúna esas características.
Lo que evidencian exitosas experiencias en otros países es que a todos favorece lograr y compartir equitativamente las riquezas de los recursos naturales obtenidas con procesos responsables de exploración y explotación que sean acompañados de beneficios socio-económicos y ambientales para las comunidades aledañas y población, en general; y que ello ha contribuido significativamente a relaciones estables y duraderas entre el Gobierno, las empresas y el pueblo, en concertación fructuosa y constructiva para los tres actores, a partir de la soberanía del pueblo sobre los recursos naturales.
Concertación fructuosa, que, por una parte, asegure medios para contribuir a hacer efectivo el derecho humano y soberano de los habitantes a eliminar causas de su pobreza y progresar económica y socialmente; y, por otra parte, garantice al inversionista la obtención de utilidades empresariales razonables.
Concertación constructiva sustentada en el respeto de las leyes y de los actos y contratos celebrados transparente y éticamente que permitan, a la población, salvaguardar el medio ambiente, ecosistemas o biodiversidad, beneficiarse con valores agregados de contenido local y atención a aspectos de seguridad socio-económica, posterior al cese de las actividades extractivas, que interesan al bienestar de la comunidad; y, al inversionista, disfrutar de seguridad jurídica, reputación y aprecio de la sociedad.
Para lograr esa concertación, necesitamos de iniciativas gubernamentales y ciudadanas que se refuercen y complementen en unidad de propósito de contribuir al desarrollo nacional, con la asociación tripartita de Gobierno, Sociedad Civil y Sector Privado que coadyuve también a emplear y formar a nacionales, entre otras materias, en geología y geofísica, investigación de recursos naturales, negociación, administración y fiscalización de contratos y concesiones, y auditorías mineras, hidrocarburíferas y ambientales; capacitar sistemáticamente mano de obra nacional especializada; concertar activamente medios que atraigan la inversión de calidad necesaria para garantizar la exploración y subsiguiente explotación racional y sostenible de los recursos naturales; y contar con cooperación internacional complementaria que contribuya a la creación y desarrollo de capacidades y habilidades nacionales, y brinde asimismo asistencia técnica y financiera en apoyo de la institucionalidad del sector para la mayor eficacia en la implementación de una política pública explícita y participativa de gestión y utilización de los recursos naturales cuya adopción es de suma importancia para el desarrollo de Honduras.
H. Roberto Herrera Cáceres Instituto de Investigación y Acción Cívica (INAC)
