Profesión: Alumna ejemplar del Colegio Pedro Nufio.
Analista político, escritor y periodista. Fue director de la Comisión de la Verdad promovida por la Iglesia Católica de Guatemala para el proyecto de recuperación de la memoria histórica. Desempeñó el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores y fue secretario de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República de Guatemala.
Puesto Actual: Director del Instituto Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
¿Qué avances importantes se pueden observar en el proceso de la depuración policial?
R.
La depuración no está llevándose de una manera transparente que haga ganarse la confianza del público, en lo que se está haciendo. No se sabe a quiénes se ha investigado, de qué manera se ha investigado, cuáles son los resultados. La gente no sabe si el policía que va en la patrulla, que está en la calle o en la posta, es un policía confiable. El proceso de depuración tiene que ser transparente y aquellos que tienen responsabilidad administrativa, adoptar las medidas de separación y aquellos que tengan responsabilidades penales, conducirlos a los tribunales de justicia porque si no se hace una depuración confiable, la gente no tiene ningún punto de partida para decir que algo bueno se está haciendo.
Nosotros hemos dicho que hay avances, pero en general, el proceso está caminando muy accidentadamente, los avances son incipientes y necesitan ser seguidos y profundizados para que modifiquen el cuadro crítico actual.
¿Qué procesos de depuración conoce usted y que podrían ser ejemplos para las autoridades en Honduras?
R.
Hay ejemplos en Colombia, Chile, Argentina, Ecuador y lo que nos dicen esos ejemplos, es que las depuraciones deben estar basadas en investigaciones integrales. No es solo el polígrafo, no es solo las pruebas toxicológicas, también se necesitan estudios socioeconómicos para ver el estado patrimonial de los agentes de seguridad y de justicia. Número dos, esas investigaciones tienen que tener un cauce, tienen que adoptarse medidas administrativas o bien penales si hay delitos. Y otra cuestión es que la depuración por sí misma no vale de nada si no hay una profesionalización. Si usted solo depura y depura, se va a quedar sin oficiales y sin mandos. Tiene que dar incentivos, tiene que establecer carrera, doctrina y a la par tiene que profesionalizar los cuerpos de seguridad y tiene que ser un proceso equilibrado.
¿Qué opina de la Policía Militar y la Policía Tigres, creados en el Congreso Nacional sin tomar en cuenta otras opiniones?
R.
La militarización y si usted quiere llamarle la policiación de las Fuerzas Armadas lo que hace es generar más problemas, que los que resuelve. Por un lado lo que hemos visto en otros países, es que hay abusos de autoridad, violaciones de derechos humanos y finalmente hay un descredito de las instituciones. Si hoy día el 70% de la población cree en el ejército, dentro de un año ese porcentaje va a ser una minoría porque las fuerzas armadas no están creadas para dar seguridad pública sino para velar por la soberanía y la integridad territorial. Entonces, zapatero a tus zapatos, las instituciones deben emplearse y profesionalizarse para lo que han sido creadas.
Toda fragmentación de política y toda multiplicación de agendas lo que hace es debilitar la institucionalidad de seguridad y agravar todas las condiciones de inseguridad que vive la población.
¿De la elección de los fiscales generales, un proceso bastante cuestionado, qué percibe usted?
R.
Una oportunidad perdida. La Alianza por la Paz y la Justicia había propuesto y promovió de hecho un procedimiento bastante competitivo y transparente que garantizaba una elección de autoridades por méritos y cuando ya se habían aceptado las reglas del juego y se había avanzado sustantivamente se echaron por tierra. Consideramos que es una oportunidad perdida porque con autoridades fiables e independientes el Ministerio Publico hubiera estado en capacidad de emprender una política contra el crimen para reducir la impunidad y eso hubiera hecho recuperar la confianza de la población.
Se habla mucho que los fiscales llegaron comprometidos con los diputados que los eligieron…¿qué deben hacer ellos para revertir esa percepción?
R.
Hemos hablado con los fiscales que están en el terreno de las investigaciones y hemos hablado con el Fiscal General Adjunto, en ellos hay conciencia que la Fiscalía General tiene que recuperar la legitimidad que ha perdido por la forma en que fueron electos. Y la única manera de recuperar legitimidad es realizando investigaciones a profundidad sin importar quién sea el responsable, porque solo haciendo investigaciones que demuestren que la fiscalía es independiente del poder político y de los poderes fácticos es que se puede recuperar esa legitimidad. De lo contrario la fiscalía va a seguir siendo señalada y acusada de bajo rendimiento y no va a dar garantías de legalidad y de estado de derecho.