La Comisión de Reforma a la Seguridad Pública está sin recursos para hacer frente a su responsabilidad de mejorar y hacer más eficiente el sistema de justicia de Honduras.
El gobierno del presidente Porfirio Lobo le ha trasladado en cinco meses apenas el 25% de los 43 millones de lempiras que le asignó para el 2012 y la Comisión tiene problemas para pagar a sus pocos empleados y el alquiler de las oficinas.
Hasta ahora ha recibido unos 11 millones de lempiras del Estado para financiar sus actividades.
El organismo surgió en junio de este año por la presión popular y de la comunidad internacional, que desde el 2011 exigían la intervención y posterior depuración de la policía hondureña por sus nexos con el narcotráfico y el crimen organizado.
“Tenemos problemas para contratar y pagar nuestro escaso personal, y también las oficinas”, dijo a Revistazo uno de los tres miembros de la Comisión, Matías Funes. Incluso, resultó difícil pagar el depósito del alquiler.
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“Eso obviamente desestimula a los cooperantes internacionales que no ven una concreta voluntad política del Estado… y ellos mantienen una actitud reticente en continuar ayudando al país”, subrayó.
Funes expresó que “sabemos que el país enfrenta una difícil y compleja situación económica, pero creemos que en el tema de la seguridad pública debe existir una mayor amplitud y fluidez en que los trámites no sean burocráticos sino más bien expeditos”.
El profesional señaló que “tenemos un personal limitado y aun así no disponemos de recursos para pagar los sueldos”.
Para Funes, los comisionados “enfrentamos la situación con una dosis alta de patriotismo y tratamos de hacer las cosas de la mejor forma posible”.
La Comisión entregó el 25 de octubre a Lobo siete propuestas para mejorar la seguridad y la justicia en el país.
La iniciativa comprende modificar dos artículos de la Constitución Política de 1982 y cinco leyes secundarias, y plantea promulgar tres leyes: de la policía y de las carreras policial y el servidor del Ministerio Público.
Asimismo, proyecta reformar las leyes de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, de la fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
La Comisión la forman Matías Funes, Jorge Omar Casco y Víctor Meza, y Adam Blackwell por Canadá y Aquiles Blu por Chile.
Las exigencias por mejorar la policía, la fiscalía y los jueces se intensificaron en octubre de 2011 luego que un grupo de policías asesinó a los universitarios Alejandro Vargas, hijo de la rectora universitaria Julieta Castellanos, y a su amigo Carlos Pineda.
La propia Castellanos emprendió de inmediato una lucha para exigir que se aclarara el crimen y las autoridades descubrieron la existencia de policías dedicados al sicariato, el tráfico de drogas, asaltos, secuestros y extorsiones.
La Comisión inició acciones para llevar a cabo una reforma integral. En ese sentido, solicitó en mayo al fiscal general Luis Alberto Rubí suspender e investigar al fiscal de Lucha contra la Corrupción, Henry Salgado, quien fue traslado a otra dependencia del Ministerio Público y no se conoce aún si se evalúa o no su gestión.
