El Gobierno de Xiomara Castro llega al poder con un fuerte discurso anticorrupción y la promesa de luchar contra este estigma en uno de los países más corruptos del mundo, pero el reto es grande ya que las redes de criminales se blindaron de la justicia en los últimos años.
En su toma de posesión Castro remarcó esto diciendo “debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura”, en referencia a los últimos tres Gobiernos del Partido Nacional donde hubo una escalada de corrupción y escándalos, pero también de la impunidad.
Parte de las promesas fue el instaurar una nueva misión internacional que apoye en el combate de este flagelo, apoyada por organismos internacionales para garantizar los resultados.
Primeros pasos anticorrupción
En su plan de Gobierno Castro propuso una serie importante de reformas para revertir el blindaje a la corrupción que impusieron los Congresos anteriores, entre ellos busca derogar
- Ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad subordina al Ejecutivo los demás poderes del Estado, centralizando el poder en el presidente y rompiendo con la independencia de poderes.
- Ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional, conocida como “Ley de Secretos”, que ha sido un blindaje a la corrupción impidiendo a la ciudadanía y sociedad civil conocer de muchos contratos y compras realizadas por el Gobierno.
- Ley de seguridad poblacional que ampara el pago de deudas de la ENEE a través de la inversión en bonos energéticos y la compra de un avión presidencial, dando una inmensa discrecionalidad en el uso de fondos públicos que son prácticamente imposibles de auditar.
- La reserva de información de MI AMBIENTE, que no permite conocer las concesiones de proyectos mineros, hidroeléctricos y demás que pasan por esa dependencia.
- Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, que vendría a ser la legalización del fondo departamental con el que históricamente se han financiado campañas políticas con dinero público.
- Ley Orgánica del Congreso que genera un régimen autoritario de privilegio oficial sistemático, dando mucho poder y privilegios que no son compatibles con el mandato para el que se eligen a los congresistas.
7. Reforma al artículo 115 de la Ley General Administración Pública que protege a funcionarios de ser investigados por el Ministerio Público.
Pero estas acciones a pesar de ser un buen comienzo, no son suficiente, se necesita revertir una serie de decretos aprobados por el Congreso Nacional, entre ellos:
- Reformar el actual Código Penal al que denomina “de la Impunidad” en lo que procede, priorizando
- Revisión de las penas de delitos de corrupción que fueron reducidas en comparación al anterior.
- Facilitar la intervención ciudadana en la persecución del delito público.
- Fortalecer las penas.
- Definir con precisión las medidas sustitutivas y proteger el derecho a la denuncia.
- Garantizar que se investigue y se castigue al corrupto y al corruptor.
- Eliminar la “Ley de Inmunidad Parlamentaria” (Reforma del artículo 10-A del decreto legislativo 363-2013 de la ley Orgánica del Poder Legislativo).
- Eliminar la “Ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios y programas sociales” (Decreto No. 116-2019), que legaliza el uso de los fondos departamentales para los diputados, dinero que ha sido utilizado históricamente para campañas políticas canalizado a través de Organizaciones No Gubernamentales de maletín como en el Caso Pandora, Red De Diputados, Planeta Verde entre otros.
- Eliminar una reforma a la Ley General del Presupuesto (Decreto 141-2017) que limita la capacidad del Ministerio Público obligándolo a esperar que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), realice la auditoría e investigación especial de los fondos públicos ejecutados por servidores públicos, diputados y organizaciones públicas y privadas, para deducir responsabilidad penal, civil o administrativa para que ellos actúen.
- Reformas a la Ley de Privación de Dominio que protege a funcionarios señalados de corrupción, ya que convertía la incautación en una medida preventiva y no definitiva.
- Reforma al Código Procesal Penal que limita la capacidad del Ministerio Público para el comiso y secuestro de documentos y objetos relacionados a hechos ilícitos.
7. Derogar las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de cuentas de noviembre de 2019, que limitan el accionar e independencia del Ministerio Público, ya que solo se podrá acceder a los documentos del TSC mediante una orden judicial. Además, se estableció la facultad investigadora del TSC y la prescripción a cinco años para los asuntos administrativos y diez años si son asuntos penales o civiles.
8. Reforma a la Ley de Lavado de Activos (reformada a través del artículo 439 del Código Penal), que según el Ministerio Público favorece a los acusados de delitos de tráfico de drogas, corrupción y lavado de activos.
Esto ha quedado comprobado ya que desde que esta entró en vigencia más de una decena de juicios de alto impacto han sido derrotas del Ministerio Público, los jueces han considerado que no se logra acreditar completamente los delitos imputados debido a la reforma antes mencionada.
El caso más reciente fue el del Comisionado Nacional de la Policía Leonel Sauceda, a quien se le acusó de lavado de activos por no poder justificar tener más de 13 millones de lempiras pero aún así salió en libertad, otros beneficiados fueron el exdiputado del Partido Nacional Reynaldo Ekónomo y el expresidente del Colegio de Abogados Olvin Mejía Santos.
Apoyo desde el Congreso
El Congreso presidido por Luis Redondo se puso a disposición de Castro para revertir todos los actos que apoyen la impunidad y también presentó sus propias iniciativas, aunque inició con serias críticas por una ley que podría promover la impunidad.
Aprobó la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, incluye un decreto de amnistía, la instauración de una misión anticorrupción entre otros.
Pero mezclada entre el perdón para presos políticos y víctimas de persecución derivada del golpe de estado de 2009, se incluyó a estudiantes criminalizados y presos políticos por defender los territorios, aunque también a otros funcionarios de la administración Zelaya por delitos que no tiene relación con hechos políticos.
Sumado a esto, el mandato de la comisión la limita a investigar el período presidencial de Zelaya (2006-2009), por lo que muchos la calificaron como un nuevo pacto de impunidad.
En otras iniciativas Redondo mencionó que se crearía una Ley Especial de Revocatoria del Mandato, una ley especial contra la corrupción e impunidad de los titulares de los poderes del Estado.
En referencia a la ley que legaliza los fondos departamentales dijo se aprobaría una Ley Especial para el Desarrollo de Proyectos Solidarios en las comunidades. “Se acabó el corrupto fondo departamental en este Congreso Nacional”.
El Congreso de Redondo ya ha dado los primeros pasos nombrado algunas comisiones para revisar estas leyes que promueven la impunidad, entre ellas se destaca una que analiza la derogación de la ley de secretos.
Una nueva misión anticorrupción
Cuando llegó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en 2016, comenzó a investigar el desvío de fondos del Estado y logró judicializar 14 casos acusando a prominentes políticos que antes hubieran sido intocables.
Pero el poder reaccionó haciendo reformas legales para engavetar los casos y proteger a los responsables, mismas que aún están vigentes.
Fue tanta la molestia que creó la misión que gracias a pactos entre políticos, empresarios corruptos y crimen organizado, lograron que el Gobierno no renovara su mandato y saliera del país, al día de hoy la mayoría de sus casos han sido desestimados y menos de una docena de los más de 100 acusados guardan prisión.
El gobierno el pasado jueves Organización de las Naciones Uindas (ONU), la creación de una comisión contra la corrupción y la impunidad, anunció el canciller Eduardo Enrique Reina.
«La presidenta de la República, Xiomara Castro, envió este jueves una carta a la ONU con el fin de solicitar la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH)», dijo en un comunicado de la cancillería.
El comunicado agregó que la misión «contribuirá en la lucha contra los males y vicios que dejó el pasado gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), que han sumido al pueblo de Honduras en la miseria, pobreza y desigualdad social».
Alice Shackelford, Coordinadora Residente de la ONU en Honduras confirmó el haber recibido la carta y dijo que en un plazo de unos 30 días podría llegar una misión técnica para analizar y definir los términos de instalación de la misión.
Apoyo internacional
La esperanza de una verdadera lucha anticorrupción no es una promesa exclusiva para los hondureños, durante la visita de Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos en la toma de posesión de Castro, este fue uno de los temas centrales de agenda.
“La vicepresidenta Harris enfatizó que combatir la corrupción y la impunidad sigue siendo el centro de nuestro compromiso de abordar las causas profundas de la migración. Con ese fin, la vicepresidenta Harris acogió con beneplácito el enfoque de la presidenta Castro en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, resalta el comunicado de prensa de la reunión.
Para Castro es indispensable el apoyo de los Estados Unidos, no solo para validarla, sino también en el aspecto económico, el presidente Joe Biden ofreció invertir hasta cuatro mil millones de dólares en cuatro años en Honduras, Guatemala y El Salvador con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y así mitigar la masiva migración irregular hacia el país del norte.
Pero estas ayudas vienen supeditadas a la lucha contra la corrupción y al cumplimiento claro de los indicadores, mismos que históricamente no se han logrado alcanzar en proyectos similares.
El caso mejor conocido es el de la Cuenta del Desafío del Milenio, proyecto asistencial de los Estados Unidos que daría a Honduras unos 300 millones de dólares para reducción de la pobreza y proyectos de infraestructura, a los que el país no logra acceder desde hace nueve años por bajos indicadores en libertad de información, libertades civiles, control de la corrupción y efectividad gubernamental entre otros.
Otro de los planes de Castro es pedir a las Naciones Unidas establecer una nueva comisión internacional contra la corrupción, la diferencia con la misión anterior es que aquella dependía de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La vicepresidenta Harris también ofreció el apoyo de los Estados Unidos en la instalación de esta misión que será liderada por la ONU, hay que resaltar que el apoyo de este país también guarda una esperanza de lograr un aliado que le permita mejorar su relación con El Salvador y Guatemala, países que pasan también han sido señalados por corrupción.
