E
l vencimiento de la prisión preventiva podría poner en libertad a Roberto David Castillo Mejía el próximo 2 de septiembre. Castillo Mejía es acusado del asesinato de la reconocida activista ambiental y líder indígena, Berta Cáceres. Existen fuertes intereses de los más altos poderes económicos y políticos del país para que la muerte de Cáceres quede impune.
Berta Cáceres, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 por liderar protestas contra la represa hidroeléctrica Agua Zarca, construida en tierras indígenas del Occidente de Honduras. La represa fue construida por Desarrollos Energéticos (DESA), cuyo presidente y gerente, Roberto David Castillo Mejía, fue detenido por orquestar el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2018 –prácticamente dos años después de su muerte violenta.
Dos años y medio después, en el 2020, el proceso judicial aún no ha avanzado a la etapa del juicio oral y público. De acuerdo a la legislación penal hondureña, esta dilación puede favorecer al imputado. Es de tomar en cuenta que la etapa del juicio público abre el caso de nuevo a la opinión pública, con testigos y evidencia puesta al conocimiento público –algo que puede afectar a otros autores intelectuales y financistas del abominable asesinato.
En una conferencia presentada por la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ) y OXFAM en Honduras, la familia de Berta Cáceres y activistas de derechos humanos, exigieron pronta justicia y que el caso continúe sin dilación alguna.
Debido a los efectos de confinamiento que ha producido la pandemia del COVID-19, Vicki Gass, Asesora Senior de Política para Centroamérica y México de OXFAM, pidió que el juicio se transmita por Internet para no entorpecer más el proceso, asegurar transparencia y justicia para las víctimas.
La familia y amigos de Berta también exigieron que el Ministerio Público y el Poder Judicial hicieron mención del artículo 181 del Código Penal, el cual define y limita la prisión preventiva, para que no se tome en cuenta el tiempo perdido por las apelaciones dilatorias presentadas por la defensa privada de Castillo Mejía y que han sido declaradas sin lugar, así como, el cierre de los tribunales durante la pandemia de COVID-19.
Como familia nos preocupa mucho que el 2 de septiembre, es decir dentro de dos semanas, se vence el plazo legalmente permitido de prisión preventiva de Roberto David Castillo. Creemos que las tácticas dilatorias de su defensa tienen el propósito de lograr su libertad. Cuando capturaron a Castillo, intentaba fugarse del país. No queremos que al recuperar su libertad se dé a la fuga y así evada la justicia en el caso del asesinato de mi hija”.
La situación legal del proceso criminal contra Castillo Mejía
El Ministerio Público en las audiencias previas a juicio ha tenido como estrategia mostrar a Roberto David Castillo Mejía como autor intelectual de la muerte de Berta Cáceres, apoyándose en la investigación y pruebas que han servido para condenar a siete autores materiales.
Por su parte, la defensa de Castillo Mejía ha interpuesto varios recursos que resultaron en la extensión del tiempo, como ser la denuncia contra los fiscales que dirigen el caso, señalándoles de delitos de uso de documento públicos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.
Asimismo, se ha buscado desacreditar la persona experta en análisis de intervenciones telefónicas por los delitos de falsificación de documentos, violación de los deberes de los funcionarios, sustracción de documentos. El fin último que busca de defensa privada es la nulidad de la prueba que determina la participación de Castillo Mejía con este crimen, recursos que la Corte de Apelación han declarado Sin Lugar.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) después de 2 años y 5 meses, y prácticamente, dos días antes de celebrarse el final de la Audiencia Preliminar, cambiado el juez de jurisdicción nacional, con lo que se espera darle más celeridad al proceso y elevar la causa a juicio oral y público, donde el Ministerio Público ha mencionado que presentará más de 100 pruebas que determina la culpabilidad de Castillo Mejía.
A menos de diez días que venza la prisión preventiva, el sistema de justicia asegurará la impunidad de unos de los casos más emblemáticos de la historia reciente hondureña. Esto no solamente agregará a la manchada imagen del Estado de Derecho hondureño, sino que sentará un terrible precedente de impunidad contra grupos tradicionalmente excluidos y marginados, permitiendo nuevas violaciones a los derechos humanos y la extracción de sus recursos naturales para enriquecer aún más a inversionistas, banqueros y políticos.
Un repaso a los hechos que ponen a Castillo Mejía como conspirador intelectual del asesinato
Los participantes en la conferencia manifestaron que la continuidad del proceso judicial es particularmente urgente considerando que la evidencia utilizada para condenar a los siete autores materiales de la muerte de Berta Cáceres también será presentada contra Castillo.
La misma sentencia de los autores materiales confirma que el asesinato de líder indígena y ambientalista, estaba directamente relacionada con los actos de protesta contra DESA:
Las acciones que realizó la señora Cáceres provocaron graves daños y retrasos en la construcción de la represa, situación que ocasionó que se planificó dar muerte a la señora Cáceres, todo ello con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA.
Las pruebas del juicio contra los siete asesinos condenados revelaron que Castillo Mejía estaba en comunicación frecuente con dos de los condenados; Sergio Rodríguez, quien trabajaba como biólogo para DESA y Douglas Bustillo, quien estuvo a cargo de la seguridad de la represa por un tiempo.
En el pasado, Castillo se desempeñó como oficial de inteligencia en las Fuerzas Armadas de Honduras. El expediente judicial señala que Castillo continuó su comunicación con Bustillo en los meses previos al asesinato a finales del 2015 y a principios de 2016, a pesar que ya no trabajaba con DESA en ese momento.
Los mensajes de teléfono obtenidos por el Ministerio Público muestran que Castillo se reunió con Bustillo en Tegucigalpa el 22 de noviembre de 2015, cuatro meses antes del asesinato, y se comunicó con el autor material sobre una misión fallida y la entrega de un arma de fuego, el 2 de febrero de 2016, exactamente un mes antes del asesinato de Berta Cáceres.
Una llamada entre Castillo Mejía y el otro autor material, Sergio Rodríguez, ocurrió a las 6:29 am del 3 de marzo de 2016 -a pocas horas después del asesinato de Cáceres.
En años anteriores, mensajes con Rodríguez, Bustillo y ejecutivos de DESA muestran que Castillo participó activamente en la vigilancia y seguimiento de Cáceres desde el año 2012; es decir, cuatro años antes de su asesinato.
Los testigos del juicio también declararon que Castillo había amenazado a Cáceres y le había enviado mensajes sobre los detalles de su paradero.
Castillo Mejía también estuvo involucrados en supuestos actos de corrupción
Según una investigación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) basada en más de 40 denuncias de Berta Cáceres, Castillo Mejía siendo empleado en la ENEE, asistió a las reuniones de la ENEE en las que se otorgó la aprobación de DESA para operar la represa Agua Zarca.
La MACCIH consideró a Castillo Mejía un representante de facto de DESA en ese momento y, aunque no tuvo voz en las reuniones, su presencia era un conflicto de intereses y posible tráfico de influencias. Después de que DESA obtuvo la aprobación de la ENEE, Castillo Mejía se convirtió en su presidente y accionista.
La segunda acusación a Castillo Mejía por corrupción vino acompañada con otras 15 personas. El plan de factibilidad de la represa Agua Zarca pasó por cuatro departamentos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y fue aprobado a pesar de que no definía la ubicación del proyecto o los propietarios del terreno.
Este hallazgo es crucial, considerando que Berta Cáceres y su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), habían mostrado que la represa estaba ubicada justo en medio de tierras indígenas protegidas, y el 8 de agosto pasado La Unidad Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) confirmó el auto de Formal Procesamiento.
El plan de factibilidad debería haber demostrado que el proyecto de la represa se presentó a la comunidad circundante de la tierra, pero no fue evidenciado. Las irregularidades fueron señaladas en diferentes etapas del proceso de aprobación por la SERNA. Sin embargo, el proyecto pasó a ser aprobado de todos modos.
Qué sigue ahora para la justica hondureña
La expiración de la prisión preventiva crea un enorme riesgo de impunidad. Es de conocimiento público que no solo Castillo Mejía fue el único autor intelectual, también se menciona a grandes banqueros con apoyo de políticos. Si el proceso judicial contra Castillo Mejía se cierra antes de llegar a juicio oral y público, nunca se sabrá la verdad de la muerte de la indigenista y ambientalista.
Sabemos que el sistema de justicia recibe enormes presiones de personajes influyentes para proteger aquellos que se perciben por encima de la ley. Incluso esta influencia también ha llegado a medios de comunicación tradicionales y a liderazgos políticos, pretendiendo que el caso no tenga la visibilidad e interés de la opinión pública, y en el proceso atacando, intimidando y descalificando aquellos que piden una pronto e independiente justicia.
Quedará en la coordinación pronta y efectiva de la comunidad internacional, organizaciones de sociedad civil y activistas de derechos humanos ejercer presión y visibilizar la falta de justicia en estos días que queda para vencer el plazo de dos años de prisión preventiva de Castillo Mejía.
En fin, no solo Roberto David Castillo Mejía está en juicio, también el Ministerio Público y el Poder Judicial será juzgado por la opinión pública. Si estas entidades de justicia se pliegan a los intereses oscuros que produjeron la muerte de Berta Cáceres, se sentará un pésimo precedente en materia de derechos humanos en Honduras; que al igual que los últimos casos de corrupción que han quedado en la impunidad, dejará las puertas abiertas para más violaciones y abusos.