- Honduras se sitúa en uno de los momentos de mayor fragilidad de los últimos 10 años, siendo catalogado como un país de “alerta elevada” por el Índice de Estados Frágiles del Fondo para la Paz.
- La ASJ ha expresado su disposición de colaborar con las fuerzas políticas y el Consejo Nacional Electoral para promover un proceso electoral pacifico.
Tegucigalpa, 10 de noviembre de 2021. De los 305 conflictos registrados en el país entre enero y octubre del presente año, la cuarta parte han sido conflictos electorales, de acuerdo al informe “El conflicto electoral y la violencia política en el ciclo electoral 2021 de Honduras”, presentado este jueves por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional analizó, desde una perspectiva sistémica, dinámicas electorales cuando se convierten en un tipo de conflicto social, teniendo como período de estudio los primeros diez meses del año, como antesala a las elecciones generales del 28 de noviembre.
Mediante un sistema de monitoreo y registro de conflictos ingresado de manera segmentada, la ASJ categorizó los diferentes conflictos sociales ocurridos en el país a partir de sus particularidades como: actores o grupos involucrados, manifestaciones observables, lugar, fecha, medio de verificación y efectos que produce.
Esta categorización derivó en cinco tipos de conflicto: electoral, político, económico, institucional y del Estado de Derecho. De estos, 103 fueron producidos por el mismo Estado a través de su función de garantizar el imperio de la ley; 60 por las condiciones de precariedad económica, limitaciones presupuestarias y el incremento al costo de la vida; 49 conflictos institucionales desde la función de entregar servicios públicos, como la vacuna contra COVID-19; 11 en ámbito político por luchas de poder y acceso al Estado como fuente de riqueza y privilegios; y 82 que fueron producto de la competencia electoral, que involucran la capacidad de los órganos electorales y el sentimiento de polarización de la población.
Entre los factores que definen el contexto y dinámicas del conflicto social en el país, destacan la fragilidad estatal, la alta desconfianza que tiene la población hondureña en sus instituciones y la polarización de la sociedad. En tal sentido, los procesos electorales pueden contribuir a la paz o pueden ser catalizadores de violencia.
Como argumento central, el informe plantea que para evitar que el desenlace de las elecciones generales sea violento, existen oportunidades de mitigar la conflictividad electoral a niveles que eviten un escalamiento a una nueva crisis.
“Este trabajo tiene como objetivo servir de instrumento para acercar a partes interesadas a conocer, discutir, reflexionar y, eventualmente, llegar a un entendimiento compartido sobre las dinámicas del conflicto en Honduras y las acciones que se pueden emprender para mitigar o desescalar una crisis político-electoral”, manifestó Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de ASJ.
El documento presenta además los momentos críticos de la conflictividad dentro del ciclo electoral, las tácticas utilizadas que contribuyen al conflicto y los disparadores de la violencia, así como algunos posibles escenarios electorales, desde el peor, el más probable y el mejor de los casos, para identificar las oportunidades de cambio y sus puntos de entrada.
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