Cleptocracia quiere decir el gobierno de ladrones. Se trata de un sistema en el cual todo el alto Gobierno es cómplice y se organiza de manera deliberada para enriquecerse, usando las fortunas acumuladas para perpetuarse en el poder. Y esto fue lo que sucedió durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) y puede volver a suceder otra vez porque todos los ingredientes están presentes.
A través de la investigación “Cleptócratas en Honduras: Volviéndose ricos robándole a los pobres”, Revistazo.com demuestra las estrategias desarrolladas en el programa Vida Mejor por el clan Hernández y su sequito de allegados para saquear el erario público, financiar campañas, asegurar impunidad y volverse multimillonarios a expensas de los más pobres y necesitados.
El programa Vida Mejor se inauguró en 2014 y se promovió como la gran esperanza para sacar de la pobreza a más de seis millones de hondureños, pero en realidad fue una fuente inagotable de dinero y compra de votos que impulsaron a Hernández a pasar de la presidencia del Congreso a la presidencia del país, mientras mantenía a grandes sectores de pobres cautivos.
Guías de familia, activistas nacionalistas en cada rincón del país
Unas de las claves del programa Vida Mejor fueron las guías de familia, cuyo objetivo en papel era servir de enlace en las comunidades y familias para la entrega de la asistencia social y el seguimiento de su progreso en la ruta para mejorar sus condiciones de vida a través de salud, alimentación y educación. Pero su función en la práctica era un ejército de 15,000 activistas políticos a lo largo y ancho del país para movilizar el voto, incluso activar marchas para defender el gobierno. Las guías de familia consumían unos dos mil millones de lempiras anuales.
Donde no había un alcalde nacionalista, los guías de familia reforzaron la presencia del oficialismo, montando una paralela asistencialista que dejaba por fuera al gobierno municipal, afectando las posibilidades de reelección de los alcaldes y mejorando la posición de los candidatos del Partido Nacional.
Los socios de Hernández y sus ONG´s
Otro instrumento que utilizó el programa Vida Mejor fueron decenas de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones civiles que hacían de ejecutores de los fondos a través de oscuros contratos y convenios para construir letrinas, brindar capacitaciones, alimentos, fertilizantes y servicios de salud, pero que en la realidad limpiaban el dinero para después hacerlo llegar de nuevo a los bolsillos de lideres nacionalistas y familiares del ex presidente Hernández. Se estima que se drenaron por los menos 100 millones de dólares, unos dos mil cuatrocientes millones.
La extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en su fugaz paso por el país investigó y judicializó al menos 12 casos, de estos, al menos cuatro estaban relacionados con fondos extraídos del programa Vida Mejor. Un centenar de personas han sido acusadas, pero gracias al control de la justicia por el Partido Nacional, se ha garantizado que la gran mayoría de acusados de alto perfil sigan en libertad y que el dinero extraído no sea devuelto.
Vida Mejor en tiempos de elecciones
Viendo los buenos resultados del 2013, Hernández aumentó el programa Vida Mejor en su intento reeleccionista de la campaña en 2017. Esto se destaca en un informe de la Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea que señaló “una falta de definición entre el gobierno y el Partido Nacional” con respecto al uso de los recursos estatales y sociales durante la campaña.
Antes de las elecciones, se les dijo a innumerables beneficiarios que, para mantener su participación en Vida Mejor, tendrían que votar por Hernández y el Partido Nacional. A otros se les ofrecieron casas nuevas, letrinas, techos, pisos de cemento, con los beneficios a ser entregados total o parcialmente después de las elecciones. Para garantizar que los beneficiarios cumplieran con su parte del acuerdo se les dijo que tomaran una foto de su boleta mientras estaban en la cabina de votación. Después de votar, le mostraban la foto a los representantes locales de Vida Mejor, quienes mantenían listas de a quiénes se les habían prometido beneficios y cuáles.
En casos más extremos, los beneficiarios entregaron las papeletas electorales a las guías de familia quienes hacían también de delegados en la mesa de votación, permitiendo que el representante del partido de manera fraudulenta llenara la papeleta.
En el período previo a las elecciones de noviembre de 2021, Hernández y el Partido Nacional redoblaron esfuerzos con el “Bono Bicentenario”, prometiendo hasta 300 dólares por persona. En municipios rurales, como el pueblo de Ojojona, los vecinos debían completar un formulario con preguntas políticas, como ¿cuántos votos hay en su hogar?, ¿cuál es su centro de votación designado? y, quizás la más reveladora de todas, ¿qué piensan del candidato a alcalde del partido?
Luego, los formularios se llevaron a la sede local del Partido Nacional para que los activistas del partido los tabularan. La aprobación del bono quedaba en manos del candidato a alcalde del partido que no tenía ninguna autoridad legal para disponer de los fondos. Algunos residentes admitieron abiertamente haber vendido sus votos al Partido Nacional a cambio de una promesa de beneficios futuros. “De lo contrario, ni siquiera votaría”, dijo un residente.
Los complementos del proyecto Vida Mejor. Crimen organizado y control de la justicia
La superestructura clientelar tenía una relación simbiótica con el crimen organizado y la impunidad. Para lograr dicho fin, el control del Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron clave. El Congreso eligió a Oscar Chinchilla como fiscal general en agosto de 2013 durante una sesión de medianoche y en medio de controversias sobre la transparencia y legalidad del proceso. Luego de una disputada elección en el Congreso Nacional se eligió a la nueva Corte Suprema de Justicia en 2016, de esta surgió como presidente Rolando Argueta. Esta elección estuvo llena de denuncias de imposición de candidatos y de compra de votos de los diputados.
También fue vital otro factor, la militarización gradual que aumentó sustancialmente en 2011, cuando Hernández era presidente del Congreso y Honduras alcanzara la tasa de homicidios más alta del mundo con 86,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Debido al lamentable índice de criminalidad y violencia, el Ejecutivo obtuvo facultades extraordinarias en materia de política de seguridad y acceso al presupuesto sin rendición de cuentas. Estos hechos allanaron el camino para un régimen híbrido más autoritario, donde el estado de derecho, los controles institucionales y grandes segmentos de los medios y la sociedad estaban controlados por Juan Orlando Hernández y su círculo de familiares y compinches.
Vida Mejor, un ejemplo de la corrupción transnacional
Fuentes consultadas del Ministerio Público revelaron que la trama de que corrupción tuvo que mover grandes cantidades de dinero a través de bancos nacionales e internacionales. El ente fiscal detectó los cuatro principales destinos del dinero robado, financiamiento de campaña política, inversiones en Panamá, compra de bienes en Estados Unidos y Honduras.
El MP a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), realizó a principios de noviembre la incautación de al menos 103 bienes de origen ilícito, estimados en unos 101 millones de lempiras provenientes del saqueo sistemático entre los años 2013 y 2018.
Todos los propietarios de los bienes pertenecen al círculo cercano o familiar del expresidente Hernández, se destacan sus hermanas Hilda y Gloria Margarita Vargas así como su cuñada Miriam Vanessa Cruz, esposa de Juan Antonio “Tony” Hernández.
