Juan Orlando Hernández logró gobernar dos períodos consecutivos en parte por un plan de control de los programas y proyectos de reducción de la pobreza del país. El trabajo de campo fue realizado por los guías de familia, un ejército de activistas políticos con presencia en todos los rincones de la nación. Los guías de familia dependían de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), tenían como función oficial “monitorear y darle seguimiento a todos los proyectos que emprende el Programa de Vida Mejor”. Pero hoy se sabe que su función no era realmente reducir la pobreza.
Fuente: Facebook Vida Mejor.
A lo largo de los doce años ininterrumpidos de gobierno del Partido Nacional, el clientelismo político detrás del programa Vida Mejor fue una práctica establecida en todos los niveles, desde el presidente hasta el hondureño en la comunidad más empobrecida.
Gobiernos sombra a través de Vida Mejor y Guías de Familia
En los municipios que estaban controlados por el Partido Nacional la asistencia de Vida Mejor se canalizaba a través de los alcaldes, líderes locales que coordinaban sus zonas y sabían cómo repartir los beneficios a los leales del partido, así como, a quién debían ofrecérselo para comprar su lealtad al momento de votar. Pero en los municipios donde el alcalde era de otro partido, la asistencia se canalizaba a través de los guías familiares sin que la autoridad municipal lo tocará.
El coordinador local de Vida Mejor era un activista o político oficialista, a menudo un exalcalde o la persona escogida por la maquinaria política nacionalista para convertirse en el futuro alcalde. Al canalizar la asistencia a través de los activistas del partido y minimizar al gobierno municipal, el Partido Nacional instaló lo que era esencialmente un gobierno en la sombra. A la vez, era una manera de financiar al político local mediante recursos públicos y promover su imagen en la comunidad.
“Las ayudas de Vida Mejor se entregan por y en nombre del Partido Nacional, aunque se financian con fondos del Estado, con recursos de todos los hondureños y no de un partido político”, denunció en el 2015 el alcalde de Colinas, Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández. A pesar de esto, Hernández logró su reelección en el 2017 y 2021, aunque dejó este puesto en manos del vicealcalde para tomar otros dos en el actual gobierno, funge como viceministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y también como director interino del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios Públicos (Injupemp).
Las ayudas que gestionaban los guías de familia eran diversas, las más comunes eran paquetes de alimentos denominados “bolsas solidarias”, pero también podían ser ecofogones, techos, pisos, letrinas, huertos familiares o transferencias condicionadas en efectivo, a esto se le denominó “bono Vida Mejor” y era equivalente a diez mil lempiras dividido en varias entregas.
Al final, no era el Estado de Honduras que ayudaba a los más necesitados, sino los políticos y activistas del Partido Nacional, lo que les permitió desarrollar una super estructura clientelar bien articulada, elevando los perfiles a nivel local y compitiendo de manera desleal con sus opositores.
Vida Mejor y el activismo en redes sociales
Los beneficiarios de Vida Mejor en muchas ocasiones eran obligados, bajo amenazas de no recibir la ayuda para su sobrevivencia, a participar en marchas políticas, mítines e incluso votar por los candidatos oficialistas, incluyendo, al propio Hernández.
Otros beneficiarios debían participar en redes sociales, apoyando o defendiendo a Juan Orlando Hernández cuando era señalado o atacado en medios de comunicación o en perfiles personales. A través de grupos de WhatsApp los guías de familia enviaban los enlaces de las publicaciones y exigían a los beneficiarios a activarse en las redes para dar la impresión que no eran bots, sino seguidores orgánicos.
Desmantelamiento de las guías de familia
El cálculo económico de todo el programa Vida Mejor es casi imposible de estimar porque ha habido poca investigación en torno al desfalco, a pesar de las denuncias que funcionarios del nuevo gobierno han realizado. También mucho dinero estuvo protegido bajo la figura de fideicomisos suscritos con bancos que se resguardan bajo el secreto bancario.
Desde la derrota del Partido Nacional en noviembre de 2021 los guías de familia conocían su suerte y comenzaron a hacer protestas por su inminente despido desde diciembre, cuando aún estaba en el poder Hernández. Le exigieron al entonces presidente los dejara nombrados de forma permanente o que al menos les diera prestaciones por haber trabajado ocho años con el gobierno.
Nora Vásquez, una de las guías de familia le dijo a Hernández durante esa protesta “le pedimos al presidente que nos dé la cara y que nos diga cómo vamos a quedar después de haber sido por ocho años su voz, sus ojos, sus oídos”.
Se estima que el programa de Guías de Familia contó con unos 15 mil activistas contratados de manera permanente, a estos en su nivel más bajo se les pagaba un salario entre cinco y nueve mil lempiras, mientras que a los coordinares se les llegaba a pagar hasta quince mil lempiras.
Esto concuerda con las declaraciones del secretario de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol), José Carlos Cardona, que detalló que la erogación en salarios era de dos mil millones de lempiras anuales, por lo que en los ocho años del programa se habría gastado 16 mil millones de lempiras, equivalentes a unos 636 millones de dólares.
El actual gobierno cerró Sedis y la convirtió en Sedesol, con esto se terminó el contrato de todos los guías de familia.
Además de ser un programa clientelar, los guías de familia se volvieron un semillero de talento en el Partido Nacional, Hernández y sus allegados frecuentemente hacían eventos para motivar a quienes hacían bien las cosas. En otras ocasiones se volvió un refugio para los aspirantes a alcaldes que a través de la entrega de beneficios competían con los alcaldes de la oposición.
