Cuando le roban al Estado le roban a usted, porque el presupuesto del Estado viene de los impuestos pagados por los ciudadanos.
No es nuevo que a pesar del cumplimiento por los ciudadanos en el pago de estos impuestos, que no hayan medicinas en los hospitales, pupitres en las escuelas, ni carreteras en buen estado.
Lo que sí es nuevo es lo trascendido en los últimos días, de que salga publicado en la Gaceta una reforma de Ley que no parece tener otro fin sino de blindar a todas las personas que manejan fondos públicos de cualquier responsabilidad por las fechorías que puedan cometer.
Pacto de impunidad
El pasado 18 de enero, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 141-2017, denominado Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, Ejercicio Fiscal 2018. Este decreto reforma los artículos 16 y 131 de la Ley Orgánica del Presupuesto relativos al procedimiento de liquidación de los fondos públicos recibidos y ejecutados por funcionarios, diputados y ONGs.
La reforma dice que mientras el Tribunal Superior de Cuentas TSC esté realizando auditorias de estos fondos por procederá ninguna acción judicial para reclamar “ningún tipo de responsabilidad, sea esta, administrativa, civil o penal”.
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Estudios realizados por la Unidad de Investigaciones de la Asociación para Una Sociedad Más Justa (ASJ) indican el TSC puede tardar hasta 10 años para determinar si en los hallazgos de una auditoría existen responsabilidades administrativas, civiles o penales. Es decir, existe una ventana abierta a la impunidad.
Hasta hoy, el TSC solo demuestra estar politizado y favorable para los políticos que malgastan los recursos públicos.
A la fecha son muchos los señalamientos contra ONGS, diputados y demás funcionarios del Estado por el desvió de recursos públicos destinados a proyectos y obras sociales en todo el país. Con esta reforma de Ley es casi garantizado que quedaran en impunidad estos casos.
MACCIH: reforma podría librar los recluidos por el caso IHSS
Ante tal situación, mediante un comunicado de fecha 24 de enero de 2018, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) denunció que con la reforma, los diputados que votaron a favor buscan frenar las investigaciones presentes y futuras de los funcionarios que se han robado el dinero público. Según la MACCIH, la reforma además implica que toda la documentación incautada por ese organismo internacional y la recién creada Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) sea entregada al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), impidiendo el uso de pruebas para incriminar a los responsables.
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Con lo aprobado, los diputados del Partido Nacional, apoyados por las minúsculas bancadas de los apodados “partidos bisagras”, como la Alianza Patriótica, de Romeo Vásquez, la Democracia Cristiana y la Unificación Democrática, buscan atribuirle a TSC la determinación de la responsabilidad penal de altos funcionarios. Esto vendría a limitar las atribuciones constitucionales del Ministerio Público y del Poder Judicial.
La decisión del Congreso Nacional además podría dar lugar a interpretaciones tendenciosas que pudieses provocar una posible excarcelación de personas condenadas en el caso del Seguro Social, como Mario Zelaya y su organización criminal al aplicarse la Ley en forma retroactiva” , indica el comunicado de la MACCIH.
Y la MACCH tiene razón, porque de acuerdo con el Artículo 9 del Código penal hondureño, las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia ya hubiere recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.
No es error, es delito
La MACCIH, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), también ha denunciado que la junta directiva del Congreso de la República, dirigido por Mauricio Oliva, mandó a que se publicara en el diario oficial La Gaceta, un texto diferente a lo que aprobaron los diputados.
Y el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, señaló que esa acción no representa un error humano, sino un delito que será investigado por la Misión, para deducirles responsabilidad a los involucrados. “El texto no corresponde a lo que aprobaron los diputados el pasado 18 de enero, esto no es un error, esto no es una errata, esto es un delito”, sostuvo Jiménez Mayor. Agregó que “ante una noticia criminal la MACCIH no puede permanecer en silencio.
Las investigaciones de este organismo internacional, no solo abarcarían a los miembros de la Junta Directiva, sino también a los que integran la Comisión de Presupuesto, a Wilfredo Cerrato, que en ese momento fungía como Secretario de Finanzas y a César Cáceres, gerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).
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¿Fe de erratas o fe de ratas?
Al cuestionamiento de la MACCIH se han sumado diversos sectores de la sociedad que exigen la derogación de esa reforma, pero los diputados del partido oficialista se niegan y tratan de corregir el delito mediante una fe de erratas que ya han enviado a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), encargada de hacer la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
La errata, es una equivocación material que aparece impresa en una publicación. Y la fe de erratas se utiliza para corregir errores poco importantes, como equivocaciones ortográficas que afectan la construcción de una oración. En otras palabras, la fe de erratas no se utiliza para corregir párrafos completos o fragmentos de varios varias líneas, como la ocurrida recientemente con la Ley de Presupuesto.
Tomás Zambrano, diputado nacionalista por el departamento de Valle y Secretario del Congreso Nacional admitió que varios renglones de lo leído, discutido y aprobado en el pleno se “dieron cuenta” que varios renglones fueron omitidos. Argumentó que el Congreso Nacional mediante la fe de erratas puede rectificar errores que se cometen al momento de la transcripción.
¿Y los diputados roban pues?
En todos los periodos gubernamentales los diputados del Congreso Nacional han amasado enormes cantidades de dinero con el supuesto de construir obras sociales que casi nunca llegan a las comunidades.
Por ejemplo: en el 2010, primer año de gobierno de Porfirio Lobo, Honduras estaba en banca rota por el bloqueo económico derivado del golpe de estado, pero solo de enero de ese año a enero de 2011 según informe de la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), los diputados propietarios y suplentes manejaron más de 167 millones de lempiras en sentido de subsidios.
Este documento detalla que los nacionalistas Gladys Aurora López, Abraham Kafati y Juan Fernando Lobo fueron los que más dinero recibieron. En 12 meses los primeros dos obtuvieron 2 millones cada uno y el otro, 1 millón 800 mil.
En ese periodo, los que menos recibieron fueron, Ángel Darío Banegas, 708,643 lempiras; Ramón Velásquez Nazar 600 mil y Francisco Rivera, 250 mil.
Revistazo pide rendición de cuentas
A través de la personería jurídica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y basado en las revelaciones del informe de la DDsF, el 10 de mayo de 2011, Revistazo, les solicitó a los diputados propietarios y suplentes, un informe de la forma en la que cada uno ejecutó el dinero que recibió en el 2010.
De los 256 que conforman el total, solo 21 informaron a medias como gastaron el dinero que les habían dado para obras sociales. El resto, 235, se negaron pese a estar obligados según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Ante tal situación, el 7 de julio de 2011 Revistazo interpuso un Recurso de Revisión, en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y este organismo, resolvió a través de la Resolución 123-2011, del 28 de julio declarar con lugar la petición y ordenó que los 235 diputados, le entregaran la información pública solicitada.
Entre los que se habían negado estaban, el entonces presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, Oswaldo Ramos Soto, Yuri Sabas, Ángel Darío Benegas, Milton Puerto, José Ángel Saavedra y Rodolfo Irías Navas.
Pero de los subsidios, no solo han sido beneficiados los diputados, sino también activistas de los partidos políticos que han fundado ONgs y fundaciones, varias iglesias de distintas denominaciones, patronatos y asociaciones constituidas para ese fin.
Entre 2008 y diciembre de 2010 Revistazo comprobó que la Secretaría de Finanzas entregó dinero a 65 organizaciones sociales, religiosas y comunitarias con montos de 5 mil hasta 200 mil lempiras que no fueron liquidados.
El 11 de diciembre pasado, la UFECIC y MACCIH presentaron requerimiento fiscal para iniciar el proceso penal por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad en contra de los diputados, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia.
Según la MACCIH, valiéndose de la ONG, Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH) los parlamentarios acusados se apropiaron ilegalmente de 3,300,000 lempiras entregados por la Secretaría de Finanzas para realizar programas sociales, que fueron desviados para uso personal.
