A las seis de la mañana, el dueño de una pequeña pulpería abre su negocio sabiendo que una parte de lo que venda hoy no será del todo para su familia, para surtir de productos ni para salir de deudas. Será para pagar la extorsión. No denuncia porque sabe que hacerlo puede poner aún más en riesgo su vida. Conoce quién manda en el barrio, desde dónde se ordena el cobro y también sabe que el Estado llega tarde o, simplemente, no llega.
Esta escena se repite miles de veces en Honduras y explica mejor que cualquier discurso por qué hablar de seguridad como una “decisión urgente” no solo se resuelve con voluntad política ni con decretos de emergencia. La violencia que vive el país no es solo una suma de homicidios: es un sistema criminal que controla territorios, cárceles y economías locales, mientras el Estado posterga —o evita— las decisiones que realmente incomodan.
La historia del dueño de la pulpería no es un caso aislado. Desde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) hemos dado seguimiento especial al delito de extorsión, precisamente porque es una de las expresiones más extendidas y normalizadas de la violencia cotidiana. Se estima que el 11.6 % de la población —más de 300 mil hogares— ha sido afectada por este delito (ASJ, 2024). La extorsión no es un problema menor ni exclusivamente policial; es un fenómeno criminal complejo, alimentado por la impunidad, el control territorial y las profundas debilidades del sistema de justicia.
Enfrentar la extorsión exige decisiones que van más allá de operativos visibles o declaraciones de emergencia, como el desacertado e ilegal estado de excepción -Aplicado en la administración anterior por más de tres años de vigencia. La primera decisión impostergable es reconocerla y tratarla como un delito de orden público, vinculado directamente a estructuras de crimen organizado. La segunda es romper de manera efectiva el vínculo entre cárceles y extorsión, mediante el control real de las comunicaciones y una supervisión permanente. La tercera es proteger a las víctimas, garantizando mecanismos de denuncia seguros, atención integral y respuestas rápidas que generen confianza en las instituciones.
Esta violencia, además, no se distribuye al azar. Los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Yoro y Comayagua concentran la mayor cantidad de denuncias presentadas por la población (Asociación para una Sociedad más Justa [ASJ], 2024). Son territorios donde convergen control criminal, economías ilegales y una presencia estatal débil, fragmentada o capturada.
El impacto de esta dinámica se refleja también en los homicidios. De los 298 municipios del país, más del 80 % —243 municipios— registran violencia homicida (Observatorio de la Violencia UNAH [OV-UNAH], 2024). En Honduras se cometen, en promedio, alrededor de seis homicidios diarios, lo que evidencia una violencia sostenida y estructural que no ha sido desmantelada (Secretaría de Seguridad, 2025).
A ello se suma una de las expresiones más graves de esta crisis: la violencia contra las mujeres. Solo en 2025 se registraron 270 muertes violentas de mujeres, un promedio de 22 casos mensuales (OV-UNAH, 2025). Detrás de cada cifra hay una vida truncada y una señal clara de la incapacidad del Estado para garantizar protección efectiva, prevención y acceso a la justicia.
Sin embargo, la crisis de seguridad no se mide únicamente por homicidios. La violencia que más padecen los hondureños es la cotidiana, la que rara vez ocupa titulares, pero condiciona la vida diaria. Los delitos contra la propiedad y la integridad física registran más de 200 denuncias diarias a nivel nacional (Dirección Policial de Investigaciones [DPI], 2024). Estas cifras, además, están subestimadas: el subregistro es la norma, alimentado por el miedo, la extorsión misma y la desconfianza en las instituciones.
Entre los delitos más recurrentes destacan la extorsión, el hurto y el robo en sus múltiples modalidades —a personas, empresas, negocios, viviendas y vehículos—, así como el robo de armas, celulares y ganado. A ello se suman delitos que afectan directamente la integridad física y la dignidad humana, como lesiones, secuestro, tortura, trata de personas, delitos sexuales y violencia doméstica e intrafamiliar. Todos ellos configuran un entorno de inseguridad permanente que no se resuelve con medidas aisladas.
En este contexto, cualquier intento serio de reducir homicidios, femicidios y extorsión pasa necesariamente por una transformación profunda de la Policía Nacional. No basta con cambios de mando ni con discursos de reforma. Se requiere una depuración real y un control interno efectivo que revise estructuras completas, ascensos, redes internas y unidades clave como investigación, inteligencia, tránsito y prevención. Estos procesos generan resistencias, filtraciones y boicot operativo, especialmente cuando existen protecciones políticas hacia determinados mandos.
A ello se suman decisiones legales y administrativas que no dependen únicamente del Poder Ejecutivo. Muchas reformas exigen modificar reglamentos, manuales operativos y leyes secundarias, involucrando al Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin una coordinación interinstitucional real, cualquier transformación queda incompleta y vulnerable a retrocesos.
También es indispensable reorientar el modelo policial hacia la investigación criminal y la inteligencia. Esto implica formación especializada, uso estratégico de datos, coordinación efectiva con fiscales y herramientas modernas de análisis criminal. Los resultados no son inmediatos; incluso, en una fase inicial, las cifras pueden aumentar antes de estabilizarse, lo que requiere liderazgo político y comunicación honesta con la ciudadanía.
Una ruta mínima y realista comienza con una auditoría interna y un diagnóstico objetivo, seguida de una reforma normativa y de la carrera policial, y culmina con una depuración focalizada respaldada por una Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) verdaderamente independiente. Esto implica respetar sus recomendaciones para la imposición de sanciones, algo que con frecuencia no ocurre, ya que desde la Secretaría de Seguridad muchos casos se cierran de manera arbitraria y sin una justificación válida.
Esta depuración, además, debe ir acompañada de la protección de los buenos policías: incentivos, estabilidad laboral y ascensos basados en meritocracia. En sistemas corruptos, los funcionarios honestos terminan yéndose o acomodándose.
El fortalecimiento de la investigación criminal es clave. En un país donde más del 70 % de los homicidios se cometen con armas de fuego, resulta indispensable contar con un registro y análisis balístico eficiente, como el IBIS (Sistema Integrado de Identificación Balística), además de análisis criminal avanzado, uso estratégico de inteligencia artificial, redes comunitarias de colaboración, aprovechamiento de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, control efectivo de las comunicaciones y un enfoque claro en la investigación del lavado de activos (ACLED & PNUD, 2024).
La seguridad tampoco puede sostenerse sin un sistema penitenciario moderno. Quitar el control criminal dentro de las cárceles implica romper economías ilegales de extorsión, drogas y armas, lo que inevitablemente genera reacciones violentas y presión externa de las estructuras criminales. No se trata solo de construir cárceles, sino de invertir de forma sostenida en inteligencia, logística, capacitación del personal, tecnologías y protocolos claros. El problema no es únicamente presupuestario, sino la forma en que los recursos se ejecutan, agravada por la corrupción interna.
En Honduras, el problema de la seguridad no es la falta de diagnósticos ni de ideas. Sabemos qué hacer. El verdadero obstáculo es que cada decisión real implica tocar intereses, asumir costos políticos y romper pactos de comodidad que han sostenido la impunidad durante años. No decidir también es una decisión. Y en materia de seguridad, esa omisión siempre la termina pagando la ciudadanía.
