La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó en la mañana de este viernes 2 de febrero un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley del Presupuesto, aprobada el pasado 18 de enero, norma jurídica calificada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) como “El Pacto de Impunidad”.
Pido admitir la presente demanda de inconstitucionalidad por la vía de acción en forma parcial por razón de contenido de los artículos 123 y 238 del Decreto Legislativo no. 141-2017 aprobado en fecha 18 de enero de 2018”, dice el escrito que presentó la ASJ ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Este es el tercer recurso de inconstitucionalidad que hasta ahora se ha presentado en contra de la reforma de la Ley de Presupuesto, recién aprobada en el hemiciclo legislativo. Los dos anteriores fueron presentados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Ministerio Público.
Carlos Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y representante de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, interpuso este viernes una demanda de inconstitucionalidad en contra de las reformas aprobadas por el Congreso Nacional a la Ley Orgánica del Presupuesto de la República (Ejercicio Fiscal 2018). |
De acuerdo a la MACCIH y demás organizaciones que luchan contra corrupción en Honduras, entre ellas la ASJ, Capitulo Nacional de Transparencia Internacional, la reforma aprobada pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios del Estado y limita las labores investigativas de la Misión y del Ministerio Público, desvaneciendo las posibilidades de procesar a quienes desvían el dinero del pueblo.
El problema se da, porque la reforma aprobada por los 69 diputados que conforman las bancadas del Partido Nacional, PAC, DC y UD, atribuye al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la facultad de determinar la responsabilidad penal de los altos funcionarios invadiendo las atribuciones constitucionales del Ministerio Público y del Poder Judicial.
La norma aprobada establece un nuevo procedimiento de liquidación de los fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, gestionados y ejecutados por los servidores públicos, diputados y fundaciones y Organizaciones no gubernamentales (ONGs).
De este Decreto también se ha denunciado que la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), adscrita al Poder Ejecutivo y encargada de la publicación del Diario La Gaceta, divulgó un documento distinto a lo aprobado en el Congreso Nacional, por lo que la MACCIH ha anunciado el inicio de las investigaciones.
