Discrepancias con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y las presiones realizadas por sectores poderosos del País habrían empujado la renuncia del Vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor.
El 15 de febrero pasado, en su carta abierta al pueblo hondureño, Jiménez Mayor lamenta que en Honduras se estén levantando voces para argumentar que la presencia de la MACCIH afecta la soberanía del país y que por lo tanto su trabajo debe ser evaluado.
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Esto ocurre coincidentemente con la instalación de líneas de investigación complejas contra sectores poderosos del país. En ese contexto hemos recibido también amenazas que rechazamos y que he remitido en un cable cifrado al Secretario General de la OEA”, expresa Jiménez mayor.
Y es que el pasado 25 de enero, luego que el ex vocero de la MACCIH denunciara que el Poder Legislativo había aprobado reformas del Presupuesto Nacional para favorecer a los corruptos y que esa decisión afectaba atribuciones constitucionales del Poder judicial y del Ministerio Público, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia se pronunciaron en contra el él.
Jiménez Mayor pidió la derogación de la reforma de la Ley Presupuesto aprobada en el Hemiciclo legislativo, porque esa fue la base para que una juez penal dejara libres a los cinco diputados acusados por corrupción y el archivo de las investigaciones de 140 parlamentarios, incluido el presidente del Congreso, que conforman la Red de los Diputado según él.
La denuncia de Jiménez Mayor estremeció hasta las más elevadas estructuras del gobierno y provocó reacciones inmediatas.
El 26 de enero pasado, el Congreso Nacional emitió un comunicado, que en uno de sus fragmentos dice: “El Congreso Nacional exige a la MACCIH respeto a las instituciones del Estado, a su independencia y autonomía, y al libre ejercicio de sus atribuciones que le confiere las leyes de la República, y condena las amenazas que recientemente emanan de su vocero para interferir en el principio sagrado de la independencia judicial”.
Y por su parte, la Corte Suprema de Justicia también condenó las declaraciones de Jiménez Mayor, porque según ellos la MACCIH los está presionando.
“Este poder del Estado condena y condenará cualquier acción o manifestación que implique algún tipo de presión e insinuación o grupos nacionales e internacionales y rechaza todo señalamiento dirigido a los funcionarios judiciales con la pretensión de influir en sus resoluciones lo que manifiestamente atenta contra su independencia”. Este documento fue leído en conferencia en conferencia de prensa por el Presidente del poder Judicial, Rolando Argueta.
Pero el ex vocero de la MACCIH también se quejó por la falta de comunicación del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, con esa Misión. Indicó que fue agosto de 2017, la última vez que se comunicaron para hablar de la corrupción en Honduras y la responsabilidad que tienen para contribuir a erradicarla.
“Debo lamentar la falta de comunicación personal del señor Almagro con el Jefe de esta Misión desde agosto de 2017”, dice Jiménez Mayor, detallando, que el pasado 30 de enero viajó a Estados Unidos con la intención de informarle al Secretario de la OEA los avances de las investigaciones, las presiones y amenazas que estaba recibiendo y la necesidad de autonomía administrativa, recursos materiales y humanos. Sin embargo, Almagro no lo recibió, pese a tener conocimiento.
Juan Jiménez Mayor, Ex Vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) |
Para Jiménez Mayor, el equipo de la Misión está preocupado por la reacción que han tenido las autoridades hondureñas después de que fuera judicializado el caso de la Red de Diputados, donde los mismos parlamentarios aprueban normas para obstruir la justicia. Y es que según Jiménez Mayor esa red estaría conformada por 140 asambleístas, incluido el presidente del Congreso nacional.
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Es por eso que el 18 de enero pasado, el Congreso Nacional aprobó la reforma a la ley de presupuesto contraria a la Constitución, para declarar improcedente la apertura de juicios mientras que el Tribunal Superior de Cuentas concluya con sus auditorías e investigaciones contra los diputados y funcionarios que manejan subsidios para programas de ayuda social.
Ese caso, denominado por él, como el pacto de impunidad, es mencionado por Jiménez Mayor, refiriéndose que a consecuencia de esa reforma, el caso de la red de diputados fue archivado el pasado 24 de enero.
Presiones internas
En relación a las presiones desde Honduras ejecutan los grupos de poder, Jiménez mayor dice que coincidentemente con la instalación de líneas de investigación complejas contra sectores poderosos del país se han levantado voces para evaluar el mandato de la MACCIH aduciendo que su presencia afecta la soberanía nacional, contexto en el cual según indica en su carta, también ha recibido amenazas del Secretario General de la OEA.
A lo anterior se suma que según el Ex vocero de la MACCIH las autoridades se han negado colaborar con la aprobación de normas importantes propuestas por la MACCIH, como la ley de Colaboración Eficaz, que en diciembre cumplió un año de haber sido entregada, pero contrariamente aprobaron reformas del Código Penal con rebajas a las penas de delitos de corrupción. “Este es un asunto de voluntad política”, refiere.
Anunció que en octubre de 2017 iniciaron investigaciones diez casos emblemáticos de corrupción de gran impacto y que en las próximas semanas, la UFECIC-MACCIH presentará en los tribunales nuevos requerimientos fiscales.
Estamos trabajando a toda máquina, a pesar que solo contamos en este momento con diez personas en el área de investigación (la CICIG de las NNUU tiene 80 expertos en la misma área). Hemos pedido desde el año pasado la contratación de 10 nuevos forenses, los cuales aún no llegan, afectando la eficacia de la Misión”, criticó Jiménez Mayor, responsabilizando de estos problemas al Secretario General de la OEA.
Denunció que de los 33 expertos internacionales que trabajan para la Misión, solo 25 están en Tegucigalpa y que los 8 restantes están en Washington. “Eso incluye al señor Jacobo Domínguez, cuya salida de la Misión fue solicitada por la ciudadanía y a quien la Secretaría General acaba de renovar un contrato por 10,000 dólares mensuales (casi 250,000 lempiras), vigente desde julio de 2017, sin que sepamos las funciones que realiza para la Misión desde la sede de la OEA”, indicó.
Jiménez Mayor se despide del pueblo hondureño mediante una convocatoria que exija la continuidad de la Misión y la selección de un nuevo jefe que garantice la seriedad y firmeza en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
Horas antes fue amenazado de muerte
Horas antes de conocerse su renuncia, el vocero de laMACCIH, Juan Jiménez Mayor fue víctima de una subliminal amenaza de muerte, publicada en una supuesta cuenta falsa. “Juan Jiménez Mayor siempre estará en nuestra memoria y la de toda mi familia” dice un mensaje publicado en una página de Facebook abierta con el supuesto nombre falso de Gabriela Lizier.
Sin mucho detalle, Jiménez Mayor a través de su cuenta de Twitter respondió a la publicación, diciendo: “comienzan mensajes fúnebres. Vendrán más y peores cosas para los que trabajamos en la OEA-MACCIH. A mi familia y amigos les informo que estoy bien trabajando fuerte en Honduras”.
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