A pesar que el país vive una severa crisis económica que se ve reflejada en la falta de medicamentos en los hospitales y en las deficiencias en la infraestructura y condiciones pedagógicas de los centros educativos, es evidente la falta de voluntad de las autoridades para deducir responsabilidades a quienes despilfarran los recursos del Estado.
Después de dos años de haberse dado a conocer el informe que demuestra que la Secretaria de Educación pagó irregularmente más 900 millones de lempiras, a docentes que no reunían los requisitos para el pago de colaterales, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción, no inician la investigación contra los funcionarios responsables de hacer los pagos indebidos.
Luego de conocer el informe de la auditoria que el TSC hizo a las planillas del magisterio nacional y donde pudo comprobar que la Secretaria de Educación emitió pagos irregulares a docentes en concepto de colaterales, el movimiento Transformemos Honduras (TH), conformado por distintas organizaciones no gubernamentales, solicitó a las instituciones del gobierno, deducir responsabilidades a los funcionarios que emitieron las correspondientes cancelaciones.
Denuncian en Fiscalía a ex ministros de educación y magistrados del TSC
En mayo de 2010, TH presentó ante la Fiscalía General de la Republica, una denuncia por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios en contra de los ex ministros de educación Marlon Breve Reyes y Elio Santos Euseda, por considerarlos responsables del pago irregular de beneficios colaterales a favor de 15 mil 196 maestros.
La denuncia también fue formulada en contra de los ex magistrados del TSC Ricardo Galo Marenco, Renán Sagastume Fernández y Fernando Daniel Montes Matamoros, por el delito culposo continuado de malversación de caudales públicos, en perjuicio de la administración del Estado.
Los funcionarios del TSC fueron acusados de permitir el desvío de fondos del erario público destinados a la educación en pago de salarios y prebendas que de acuerdo a la Ley, no les corresponde a algunos maestros, acción considerada como un fraude continuado en perjuicio del pueblo hondureño.
“Los docentes que están recibiendo el pago del colateral de calificación académica 60 por ciento por plaza y por lo cual no hay sustento legal para ser pagado de esa forma, desde julio del año 2003 a junio de 2008 han ocasionado una perdida que asciende a 492 millones 516 mil 55 lempiras con 36 centavos”, señala la denuncia que el presidente de TH, Carlos Hernández presentó a la Fiscalía General de la Republica.
A 20 meses Fiscalía sigue sin presentar requerimientos
La denuncia formulada por TH pide a la Fiscalía llamar a la Junta Nacional de Dirección Docente, juntas departamentales y a la Comisión Evaluadora para que presenten los informes anuales, sobre la estructura participativa y de evaluación de los docentes.
Asimismo, solicita citar a los magistrados del TSC denunciados, para que declaren sobre la situación. “Y en definitiva realizar toda investigación que sea necesaria para presentar el requerimiento en contra de estos funcionarios de acuerdo a la Ley” refiere el documento, firmado por el presidente de TH.
Aunque ya transcurrieron veinte meses después de presentada la denuncia, la Fiscalía General de la Republica, no inicia la investigación del supuesto delito cometido por los funcionarios responsables de realizar el pago irregular a maestros que no reunían los requisitos para cobrar colaterales.
Con fecha 4 de noviembre de 2010, TH solicitó a la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción, dirigida por Henry Salgado, un informe de las investigaciones, pero la petición que sigue esperando respuesta.
CNA también pide deducir responsabilidades a funcionarios
El cinco de julio de 2010, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), pidió al presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Miguel Angel Mejía, remitir al Ministerio Publico, la denuncia correspondiente, para que la Fiscalía Especial de Lucha Contra la Corrupción, iniciara la sustentación del expediente, a fin de frenar la corrupción en el sistema educativo nacional, acción que hasta hoy, no ha sido posible.
“Hemos comprobado que ese TSC, ha formulado pliegos de responsabilidades a 15 mil 196 docentes. No obstante, consideramos que para que el TSC complete su extraordinaria labor se requiere que se inicie el procedimiento para deducir la responsabilidad penal a los funcionarios que autorizaron dichos pagos”, señala el CNA.
