La imposibilidad de acceder a la vivienda por gran parte de la población, no es un problema nuevo, incluso, ni si quiera contemporáneo. Es una cuestión histórica que demanda el establecimiento de políticas públicas en beneficio de la clase marginada. No obstante, por falta de voluntad política de los funcionarios del Estado, esta situación seguirá manteniéndose incólume.
La vivienda, las condiciones materiales de vida y el espacio urbano, se convierten de esta forma en un privilegio para quienes tienen la oportunidad de adquirirla. Basta con recorrer las zonas marginadas de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, para darse cuenta de las difíciles condiciones en que vive un alto porcentaje de hondureños, que por no tener un pedazo de tierra, se ven obligados a construir sus viviendas en los márgenes de los ríos y a la orilla de las carreteras, mientras otros optan por arriesgar la vida en la recuperación de terrenos.
Son muchas las comunidades que por desastres naturales o desalojos ordenados por los tribunales de justicia han perdido sus proyectos de vivienda que con mucho esfuerzo lograron edificar. Innumerables colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula viven en la incertidumbre por falta de titulación de sus predios, mientras las autoridades no muestran voluntad para solventar el problema.
No tener la legalidad del terreno de su vivienda, ocasiona innumerables problemas económicos y sociales para miles de familias hondureñas.
Acaparamiento de tierras, una cuestión histórica
En el siglo XIX gran parte de las tierras de la capital fueron dadas en dominio útil a un grupo pequeño de familias poderosas que las utilizaron para actividades agrícolas y de ganadería. Con el tiempo, los terrenos dejaron de ser utilizados, por quienes las poseyeron y las familias que llegaban de distintas regiones del país se radicaron y construyeron allí, sus viviendas.
A lo largo del siglo XX, en busca de mejores condiciones de vida continuó la migración del campo a la ciudad, San pedro Sula y Tegucigalpa, se vieron absorbidas por enormes cantidades de personas que formaron innumerables asentamientos en tierras ejidales, que años después, trataron de legalizar. Aunque la Constitución de la Republica establece el derecho a la vivienda digna, la falta de políticas públicas ha imposibilitado que miles de familias puedan obtener al menos, su titulo de propiedad.
Hasta 1979, la mayoría de terrenos eran ejidales y por esa razón, las municipalidades podían otorgar a través de puntos de acta, facultades para que las familias necesitadas pudieran edificar mejoras. Eran acuerdos de dominio útil, que no les garantizaba la propiedad de la tierra, pero si, el reconocimiento legal para que pudieran construir sus viviendas. Los beneficiarios recibían de la Secretaría Municipal, una certificación del punto de acta respectivo, previo al pago de un impuesto, que en ese tiempo se denominaba como visto bueno.
En la década de 1980, las corporaciones municipales comenzaron a otorgar el dominio pleno de los terrenos recuperados, pero este proceso se volvió difícil, porque a partir de 1990, dependiendo de la ubicación de la tierra, además de las municipalidades, también se involucraron el Instituto Nacional Agrario (INA) y la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR).
Familias poderosas que habían sido beneficiadas originalmente con las concesiones de dominio útil, entablaron demandas contra el Estado, al inicio de la escrituración, provocando así el impedimento para que muchas comunidades hayan podido obtener la legalización de sus predios. Esta situación mantiene en zozobra a miles de familias que bajo amenazas de desalojos, permanecen en posesión de la tierra.
