La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knaul, calificó de «atentado a la democracia» la destitución de cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Instó al Congreso y al presidente Porfirio Lobo a reconsiderar la medida por la falta de un debido proceso y violar las garantías de los despedidos.
Knaul dijo que Honduras debe «garantizar que el poder judicial opere sin presiones, amenazas o intromisiones indebidas algunas”.
En un comunicado emitido el 30 de enero en Ginebra, Knaul subrayó que “los principios de estabilidad e inamovilidad del juez son una garantía fundamental para proteger la independencia del poder judicial y sólo en circunstancias excepcionales se pueden transgredir”.
La destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema “representa un grave atentado a la democracia en Honduras”, subrayó Knaul.
El Congreso de Honduras aprobó el 12 de diciembre la destitución de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, José Francisco Ruiz Gaekel y Rosalinda Cruz Sequeira, de la Sala de lo Constitucional. Ese mismo día, el presidente de la legislatura, Juan Hernández, juramentó a los nuevos magistrados que sustituyeron a los separados.
La decisión la adoptaron 97 de los 128 congresistas de los cinco partidos políticos que forman el Congreso.
“Los jueces pueden ser destituidos sólo por razones graves de mala conducta o incompetencia, tras un procedimiento que cumpla con el debido proceso y las garantías de un juicio justo, y que también prevé una revisión independiente de la decisión”, adirmó ´la funcionaria de la ONU.
La Relatora Especial agregó que “el uso indebido de un procedimiento disciplinario como mecanismo de represalia contra los jueces independientes es inaceptable”.
Señaló que los hechos están enmarcados en la decisión del Congreso de aprobar la creación de una comisión para investigar la conducta administrativa de los magistrados de la Sala Constitucional por haber declarado inconstitucional másde ocho iniciativas legislativas, entre ellas un decreto para depurar la policía.
Knaul consideró que la destitución de los jueces no respetó las normas internacionales que garantizan el derecho a un juicio justo y al debido proceso legal ni el marco jurídico establecido en los artículos 82, 90, 94, 314 y 317 de la Constitución de Honduras de 1982.
“El Congreso (unicameral) de Honduras ejerce un control considerable sobre el poder judicial, lo cual es incompatible con el principio de la separación de poderes y la independencia del poder judicial, elementos fundamentales de toda democracia y de todo Estado de Derecho”, dijo.
