A pesar del cambio de gobierno y las esperanzas de mejoras, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), 2023 de Transparencia Internacional (TI), Honduras fue calificado con 23 puntos de 100 posibles, los mismos que en 2022.
Según la evaluación Honduras está en el puesto 157 de 180 países, considerado un país altamente corrupto.
Resultados IPC 2022
Delia Ferreira Rubio, presidenta de TI dijo “la corrupción ha hecho de nuestro mundo un lugar más peligroso. Dado que los gobiernos colectivamente no han logrado avances, alimentan el aumento actual de la violencia y los conflictos, y ponen en peligro a las personas en todas partes”.
Xiomara Castro accede al poder gracias a un masivo voto de castigo producto de la corrupción generalizada durante los doce años de gobiernos del Partido Nacional, pero a pesar de haber derogado la Ley de Secretos, no ha logrado cumplir las expectativas en materia de transparencia, rendición de cuentas y control de los recursos públicos.
El informe de TI destaca que “los gobiernos obstaculizados por la corrupción carecen de la capacidad para proteger a la gente, mientras que es más probable que el descontento público se convierta en violencia”. Este efecto se ha visto reflejado en la realidad nacional hondureña, pues a pesar que la Policía no está usando la fuerza, el último año 2022 ha visto violentas confrontaciones entre políticos el Congreso Nacional, confrontaciones por empleos públicos e invasiones de tierras productivas.
El Índice se calcula a través del análisis de la percepción de una serie de factores, entre ellos sobornos, desvío de fondos públicos, nepotismo, captura del estado, enjuiciamiento efectivo de los funcionarios corruptos y la burocracia y la excesiva carga burocrática.
Un año marcado por la falta de compromisos en la lucha contra la corrupción
La carta de presentación del gobierno de Castro ha sido la cancelación de los nefastos fideicomisos y la derogación de la Ley de Secretos, pero estas medidas han sido para atender problemas del pasado. El gobierno de Castro no ha logrado implementar medidas anticorrupción para controlar los recursos presupuestarios y asegurar eficiencia en el gasto público.
Un año después de su toma de posesión después de la presión ciudadana, logró firmar un memorándum de entendimiento con las Naciones Unidas encaminado a la instalación de una Comisión Anticorrupción, pero existe escepticismo en ciertos sectores sociales y cooperación internacional que se materializará. El gobierno ha introducido condicionalidades que le restarán independencia y autonomía al mecanismo internacional. Por ejemplo, el gobierno quiere usar presupuesto nacional para financiar la comisión internacional y participar en las decisiones sobre la contratación de jueces y fiscales internacionales.
También han causado malestar la continuación de prácticas de nepotismo que tanta corrupción produjo en el gobierno pasado de Juan Orlando Hernández. En este nuevo gobierno existen tres grandes “familiones”, los Zelaya que están en altos puestos de gobierno y en el legislativo; el grupo del asesor presidencial Enrique Flores Lanza y los familiares de la ministra de Finanzas Rixi Moncada. También hay una densa red de familiares a nivel local, controlando municipalidades y gobernaciones departamentales.
En el Congreso Nacional, a pesar de las promesas de derogar los pactos de impunidad y fortalecer la UFERCO con mayor presupuesto, no ha habido resultados en fortalecer la lucha contra la corrupción. Tampoco se ha derogado el fondo departamental y, en diciembre del año pasado se dio un bono navideño a los diputados. Una gran mancha que tiene el Legislativo en materia de corrupción fue la aprobación en los primeros días de su instalación de la Ley de Amnistía que benefició a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya involucrados en actos de corrupción, por lo que se le denominó como “pacto de impunidad 2.0”.
La atención en el Congreso se ha centrado en Luis Redondo y las constantes menciones de partidos de oposición y sectores como la Conferencia Episcopal de resolver la controversia sobre su legalidad. Incluso, durante el fallido primer intento de elegir la nueva Corte Suprema de Justicia salió la legalidad de Redondo.
Círculo vicioso entre corrupción y violencia
Según el análisis de la conflictividad que realiza Revistazo, en 2022 prácticamente se duplicaron los conflictos sociales comparados con 2021. En 2022 se registraron 650 incidentes, mientras que el año anterior hubo 353.
En el apartado Estado de Derecho hubo un incremento de 241% en conflictos registrados; pasando de 114 en 2021 a 275 en 2022. Estos conflictos están relacionados con la capacidad del Estado hondureño de aplicar la ley, asegurar seguridad ciudadana y proteger la propiedad.
La extorsión fue uno de los problemas más grandes que enfrentó el hondureño. Según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el 9% de la población ha sido víctima de la extorsión y los hondureños pagan más de 18 mil millones de lempiras a grupos del crimen organizado cada año.
Honduras cerró 2022 con una tasa de homicidios de 35,79 por cada 100.000 habitantes, la más baja en 16 años, en 2021 la tasa fue de 41.7. Una reducción de casi 6%. Pero esta se ve empañada por el asesinato de 299 mujeres; una mujer cada 29 horas estadísticamente.
En 2022 se dieron 41 masacres con 142 fallecidos, con 129 víctimas hombres y 13 mujeres.
BASE DE DATOS DE MASACRES 2022
Los conflictos territoriales por ocupación o invasión de tierras se vieron en alza también, en la zona del Aguán se conformó una fuerza especial dirigida por el Ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, pero no se vieron logros y más bien han aumentado los enfrentamientos entre cooperativas campesinas y empresas privadas dedicadas a la producción de palma africana.
Pero el problema de las tierras no es exclusivo de la zona norte, también en la zona sur del país han aumentado los conflictos y se ha denunciado que se están ocupando tierras productivas que producen productos agrícolas de exportación.
Conflictos políticos producen inestabilidad y afectan la gobernabilidad
El área donde más aumentó la conflictividad fue en lo político por luchas por el control del Estado. En el año 2021, se registraron 11 conflictos, mientras que, en el 2022, se contabilizaron 141; es decir, un aumento de 1281%.
Los conflictos políticos fueron causados por la transición política con nuevos actores cambiando las relaciones de poder y las dinámicas del empleo público establecidas desde el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo en 2010. Un nuevo actor importante fueron los colectivos de Libre, que se volvieron protagonistas de una gran cantidad de actividades que terminaron en tomas de edificios públicos, agresiones e incluso enfrentamientos a golpes con miembros de otros partidos y del mismo Libre.
Uno de los terrenos más fértiles para el conflicto político fue el Congreso Nacional, donde los enfrentamientos entre diputados, e inclusos sus asistentes, estuvieron a la orden del día.
Conflictos económicos relacionados al contexto internacional y demandas salariales
En materia económica también se duplicaron los conflictos, en 2022 se registraron 141 conflictos mientras que en 2021 hubo 77. La causa de estos fue en su mayoría reclamos y paros de laboras por salarios atrasados, falta de pago de prestaciones de los empleados despedidos por el nuevo gobierno, tomas de carreteras como protesta por aumentos de servicios públicos y combustibles.
Base de datos: Conflictos sociales 2022
Acerca del Índice de Percepción de Corrupción
El IPC clasifica 180 países y territorios por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy limpio).
Desde su creación en 1995 se ha convertido en el principal indicador mundial de la corrupción en el sector público, utilizado por organizaciones como la Cuenta del Milineo, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y empresas privadas para medir el riesgo al momento de invertir en un país. Las puntuaciones reflejan las opiniones de expertos y empresarios.
El proceso para calcular el IPC se revisa regularmente para garantizar que sea lo más sólido y coherente posible. Todos los puntajes del IPC desde 2012 son comparables de un año a otro. Para obtener más información, consulte este artículo: El ABC del IPC: cómo se calcula el índice de percepción de la corrupción.
Según Ferreira “la única salida es que los estados hagan el trabajo duro, erradicando la corrupción en todos los niveles para garantizar que los gobiernos trabajen para todas las personas, no solo para una minoría”.
Para el caso de Honduras, los tres poderes del Estado deben trabajar conjuntamente para asegurar el cumplimiento de las leyes, fortalecer los mecanismos de prevención y detección de la corrupción, implementar un servicio público libre de nepotismo y abrir su gestión a la contraloría social, así como asegurando la libertad de expresión como instrumento de control democrático.
