Gobierno debe mediar para superar el conflicto
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y otras de sus organizaciones miembros, han reclamado atención del problema por parte del Estado. Desde este sector el conflicto se percibe como un grave problema de “invasión” de tierras que afecta el derecho a la propiedad privada y los planes de inversión.
Según estadísticas del sector privado, hasta el momento, la “invasión” de tierras supera las 30 mil manzanas a nivel nacional. Sus datos sostienen que este problema ya se extendió a siete departamentos, dos más de los que registra ASJ al cierre del 2022. Los rubros más afectados, según el sector empresarial, son aquellas propiedades cultivadas con caña de azúcar, maíz, arroz, frijol, palma africana energía y minería.
En sector empresarial coincide con ASJ en que el Gobierno debe aparecer como mediador y provocar un diálogo franco para superar el problema. Olvin Mondragón, asesor legal de COHEP, dijo a medios de comunicación de Honduras que se vuelven urgentes los acuerdos ejecutivos y reales.
Si bien algunos de los conflictos se han abierto al diálogo, el abogado estima que impera la ley, producir desalojos y evitar que estos conflictos se vuelvan un círculo vicioso. “Es el Estado el que le tiene que dar solución al pueblo hondureño”, sentenció.
De hecho, la exigencia de los grupos empresariales para que el Estado medie, van más allá de que el Poder Ejecutivo tenga protagonismo. Recién tomaba posesión la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), apelaba al involucramiento de este Poder del Estado en el problema.
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“Esperamos que las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia busquen un mecanismo ágil para que estos conflictos no se degeneren en el tiempo porque justicia tardía, no es justicia. Estos problemas deben resolverse en 48 horas”, dijo a los medios de comunicación el presidente de la CCIC, Eduardo Facussé.
Según Facussé, parte del problema es la lentitud con que se resuelven los procesos judiciales relacionados con la tenencia de la tierra. “Los propietarios no pueden estar acudiendo a un juzgado donde deben esperar uno o más años para resolver quién es el dueño de una tierra”, declaró.
El presidente de la comunidad indígena lenca Tierras del Padre, comunidad que también ha vivido bajo amenazas constantes los últimos meses, Marlon Castro, manifestó que los defensores de la tierra están en la misma situación de violencia que vivieron en años anteriores, “vemos que vamos a más de un año y nada ha cambiado más bien están asesinando a los compañeros del Aguán”.
A criterio de Castro el gobierno de la presidenta Xiomara no ha arrancado, y siente como si están en los mismos nexos del gobierno anterior, aunque mantiene una esperanza viva en la promesa de campaña de la mandataria y considera prudente esperar un tiempo, asegura que tampoco es que bajarán la guardia por la lucha territorial.
“Queremos ver una señal de cambio en el nuevo gobierno porque llevamos más de doce años en lo mismo, sino es así nos tendremos que reorganizar y volver exigir y demandar nuestros derechos, si no hay acción tenemos que movilizarnos y hacer presión porque en nuestro país estamos acostumbrados a hacer cosas por presión, nosotros necesitamos respuesta”, exigió el defensor.
¿Gobierno tomará el reto?
Pero pueda que una luz comience a verse al final del túnel. Esta semana, el Gobierno comenzó a asomarse. Sobre la conflictividad en el asentamiento Manuel Zelaya, en Choluteca, el 28 de junio, tras una protesta frente a Casa Presidencial, el Gobierno quiso tomar protagonismo.
La presidenta Castro ofreció una solución justa al conflicto, mientras el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría informó que es probable que los dueños de las tierras acepten una compraventa.
También hubo acciones desde el Poder Ejecutivo respecto de otro conflicto como el del Bajo Aguán. Ahí, el gobierno decidió crear una comisión más. La misma estará integrada por el Poder Ejecutivo, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y abogados propuestos por la Plataforma Agraria.
Pero el problema va más allá y los conflictos superan los dos puntos de conflagración en los que el Estado ha decidido intervenir. ¿Los intervendrá o los seguirá viendo pasar?
Este reportaje se realizó en el marco del Taller: Investigando la Gran Corrupción, impartido a estudiantes de la carrera de periodismo, sobre Cleptocracia con apoyo del Instituto Republicano Internacional (IRI).
