Edición: Geovanny Domínguez
Texto: Alex Corrales
Tenencia de tierras, una explosión de conflictos sin primeros auxilios
La conflictividad por la tenencia de tierras en Honduras, que en el 2023 acumula ya una preocupante cifra de muertes, es una conflagración cuyos vientos amenazan con expandirla, mientras el Estado se resiste a aparecer como mediador para brindar primeros auxilios y contenerla, lamentan los sectores involucrados y aquellos que estudian el conflicto.
Históricamente visible en el Bajo Aguán, el conflicto agrario en Honduras se extendió en 2022 a cinco departamentos más, además de Colón, según un reporte de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Los departamentos de Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Islas de la Bahía y Lempira registran ya movimientos que se disputan tierras, de acuerdo con el Informe de Conflictividad de Honduras de 2022, elaborado por ASJ.
El reporte señala que, de febrero a agosto de 2022, hubo denuncias acerca de grupos armados usurpando fincas a palmeros en Colón y pobladores invadiendo un aeródromo en Celaque, Lempira, según el reporte.
Además, el informe explica que en ese mismo periodo hay registros de que simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) ocuparon tierras en Choluteca, llamando al asentamiento “Manuel Zelaya”, el nombre del esposo de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Pero los efectos han ido más allá de la ocupación de tierras. Entre febrero y agosto de 2022 hubo registro de muertes asociadas a este problema. Cuatro fallecidos en los meses de febrero y mayo de 2022 ocurrieron en Trujillo, Colón y uno más en Olanchito, en Yoro, según el recuento de ASJ.
Otras organizaciones no gubernamentales han señalado con preocupación que, en los primeros dos meses de este año, el número de muertos por conflictos asociados a conflictos de la tierra suman ya siete, un dato que preocupa sobre todo porque los eventos van en aumento.
Protección para defensores
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) recomendó al Estado hondureño proteger la vida e integridad de los defensores del ambiente. Asimismo, la unidad de estadística de este ente reveló que en el país al menos 18 defensores del derecho a la tierra, al ambiente y de los territorios fueron asesinados entre el 2017 y el 2021.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) dio a conocer su preocupación por el aumento de ataques, amenazas y asesinatos contra personas miembros de cooperativas del Bajo Aguán, ya que desde el 22 de febrero del 2022 la Oficina ha registrado cinco asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos relacionadas con el conflicto agrario en esa zona.
Por su parte, el diputado de Libre, Bartolo Fuentes, manifestó que el gobierno tiene un grado de responsabilidad sobre todo cuando se sabe que están judicializando a las personas y se expone en mayor vulnerabilidad, “además no necesariamente el que dispara es el que responde por esas vidas, esos solo son gatilleros”, dijo.
Fuentes cuestionó que hay un Mecanismo de Protección que al final no le da protección a nadie y no están haciendo nada porque no se ve por donde puede facilitarse esa protección para las personas que están en mayor condición de vulnerabilidad.
El diputado declaró que la presidenta Castro no puede decirles a las personas que desistan de la violencia en contra de los defensores del territorio y tampoco se le puede dar órdenes a los juzgados o fiscalía, “esperamos que con la nueva Corte san justos y no den órdenes de desalojos y que no manden a defensores del ambiente a cárceles de máxima seguridad, esperamos que con la nueva Corte eso sea histórico y no se repita”, subrayó Fuentes.
Distintas causas y muchos actores
De acuerdo con el informe de Conflictividad, en el Bajo Aguán las formas tradicionales de producción agrícola han sido desplazadas por el extractivismo palmero.
No obstante, el documento no solo atribuye el problema a este fenómeno. También existe una diversidad de actores, tales como grupos campesinos, policías y militares, empresas mineras, políticos regionales, defensores de la tierra, bandas criminales y narcotráfico, indica el informe.
Estos distintos grupos toman posiciones antagónicas que desatan diversos tipos de conflictos escalando a la violencia y muerte, dice el reporte que además plantea que uno de los conflictos más complejos es el de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs).
Para el abogado Lester Ramírez, detrás de la problemática de los conflictos territoriales en el país también está la coyuntura con la política de cero represiones a la protesta, tomando en cuenta eso algunos grupos han visto esto como una oportunidad para invadir.
Expuso que es un tema que preocupa porque muchas tierras forestales y protegidas se están invadiendo, al final eso impacta en el agua, en las sequías, en la poca producción y todo esto se relaciona con la falta de presencia del Estado en las zonas protegidas.
Ramírez considera que de no tomar cartas sobre el asunto esta problemática se le puede salir de las manos al gobierno de Xiomara Castro. “Yo creo que esta multicausalidad debe tener participación de los diferentes actores al menos los que son legales y lícitos para poder ordenar que está pasando con el tema de invasiones a las tierras productivas”, urgió.
A juicio de Ramírez, el gobierno tiene su poco de responsabilidad en la problemática, “creo que es responsable por omisión de que los sucesos violentos en la defensa del territorio se sigan registrando, porque hay grupos que han visto la facilidad de tomar la iniciativa por su propia cuenta”, aseguró.
Ramírez es del criterio que uno de los problemas del partido Libre es que es un partido “atrapa todo” y dentro de ese partido hay gente de diferentes visiones y los radicales atacan a quienes tienen una posición más moderada.
Agregó que según el reciente informe publicado por ASJ este es un problema estructural y tiene que ver en gran parte con un Estado de derecho y como se aplican las leyes, como las instituciones son capturadas y no responden a sus mandatos, eso es parte de un Estado frágil que su fragilidad los lleva a ocasionar más conflictos porque se politizan muchos temas.
Este reportaje se realizó en el marco del Taller: Investigando la Gran Corrupción, impartido a estudiantes de la carrera de periodismo, sobre Cleptocracia con apoyo del Instituto Republicano Internacional (IRI).
