La abogada Melissa Elvir, es la representante de la sociedad civil hondureña en la Junta Proponente para la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto, y para conocer interioridades sobre el proceso de escogencia de la nómina de cinco candidatos que llevarán al Congreso Nacional, Revistazo dialogó con ella, entrevista que detallamos a continuación.
¿Cómo miembro de la sociedad civil como califica el proceso para elección del Fiscal?
El proceso ha comenzado de la misma forma que los procesos anteriores. Ya se ha elaborado el protocolo para la selección para que los participantes conocieran el proceso de la Junta Proponente y el cronograma de actividades.
El 17 de mayo, se aprobó el protocolo para las audiencias públicas. Ya tenemos dos meses de estar instalados y hemos tratado de ser lo más abiertos posibles y a todas las instituciones que solicitan les damos espacio para que den sus recomendaciones, y gracias a esas observaciones se han incorporado algunas cosas, por ejemplo, las audiencias se programaron solo para horarios de la tarde, y no de todo el día como comúnmente las habían realizado.
Un tema de denuncias, recordemos que la Junta Proponente no conoce a las personas sino que la mayoría son auto propuestos, un total de 21 y 4 propuestos por instituciones públicas. De los participantes podríamos conocer pocos, es un tema que hay que incentivar a la ciudadanía porque hay que denunciar a las personas que consideren que no son aptos para el cargo con el debido sustento y fundamento para poder realizar la audiencia con el debido proceso para garantizarles a todos el proceso mismo. El martes ya comenzamos con las evaluaciones curriculares.
¿Qué pasará si todos o la mayoría de aspirantes son denunciados por irregularidades?
En el caso de que salgan denunciados muchos y nos queden muy pocos para poder escoger a los candidatos de la nómina podría ser un peligro de que no cumplan con los criterios que requiere la sociedad y que se necesitan de un fiscal general.
Podría ser también que nadie sea denunciado y que sean los 25 que se sometan a todos los procesos en una discusión más amplia. En este caso la Junta Proponente renuncio a nombrar candidatos, en las anteriores si y al final eran seis instituciones que proponían 5 candidatos cada una y allí nomas eran 30 más el tema de propuestos que inicialmente eran 28 y allí estábamos hablando de 58 participantes.
(En procesos anteriores los siete miembros de la Junta Proponente han propuesto a cinco candidatos cada uno, pero en la actualidad renunciaron a proponer personas y es por eso que solo 25 abogados aspiran al cargo de Fiscal General)
Intentamos que la idoneidad sea con las mayores pruebas posibles. Ha sido un proceso amplio, abierto, que ha tratado de rendir cuentas a la ciudadanía. Desde sociedad civil nuestro compromiso es eso y por eso hicimos diálogos antes precisamente de que se abriera el tema de las inscripciones y de la convocatoria, hablar con la sociedad civil para informarle los pasos que había realizado la junta proponente e invitarlos a vigilar procesos y a proponer personas.
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¿Declararían desierto el proceso si todos fueran denunciados?
No lo hemos hablado y tendríamos que discutirlo pensando en que solo tenemos plazo hasta el 30 de julio para todo el proceso y ver las formas si se declara desierto esa ya es decisión de toda la Junta.
¿Si la cantidad de auto propuestos era mínima, por qué no ampliaron el plazo para las inscripciones?
Tenemos plazo hasta el 30 de julio y la Junta consideró que ya se habían dado 20 días, antes se iban a dar 10 para poder inscribirse y hasta cierta parte hay razón porque al momento que se iba a dar prorroga o no era más un tema de respetar primero el acuerdo inicial y segundo respetar a las personas que respetaron los plazos establecidos. Todos tuvieron las mismas oportunidades.
Con respecto a las instituciones que propusieron, son sociedad civil organizada que tiene deseo de proponer. Inicialmente la idea de la JP no es lo que pasó con estas personas propuestas en la que ellas solo proponían nombres sino que debían traer todos los formularios y declaraciones llenadas, no solo con un Curriculum Vitae y por eso se dio un término de 20 días para que las instituciones se pusieran de acuerdo con las personas que estaban postulando, que aceptaran la postulación.
Eso nos atrasó una semana y media. Se les concedieron plazos de 24 horas para que llevaran los documentos y fue un tema que alargó el plazo.
Se dice que la campaña previa para la reelección de Chinchilla y la nominación de Vilma Morales alejaron a varios abogados que tenían intención de participar, ¿Qué dice ud?
A ellos los postularon a última hora y en las noticias aparecieron hasta el día siguiente, sus postulaciones no son excusa para los que dicen que ya estaban arregladas las cosas.
¿Y qué pasó con sus nominaciones?
La Junta Proponente decidió comunicarse con las instituciones proponentes y se les dio 48 horas para que se comunicaran con los postulados y que les dijeran que estaban emplazados para aceptar la postulación y que mandaran la información necesaria.
Y después se recibieron 3 de las propuestas, Lidia Estala Cardona, Ricardo Montes, Juan Carlos Barrientos, ellos enviaron la información. Vilma Morales y Oscar Chinchilla no respondieron.
No se pudo comunicar con el Patronato de la colonia Tres de Mayo porque dejaron un número de teléfono que no respondían, no dejaron correo electrónico y después el dueño del teléfono respondió que había firmado una nota y que no estaba al tanto, que no sabía nada de la situación, que era con el Pastor que lo habían hecho pero que era algo que les había nacido y que querían que continuara el mismo fiscal, les dimos 24 horas para que aceptara.
(El Patronato de la Colonia Tres de Mayo propuso la reelección del Fiscal General, Oscar Chinchilla, pero no presentó la documentación necesaria para considerarlo candidato en este proceso)
Y en vista del silencio determinamos que tanto Vilma como Chinchilla quedaban fuera del proceso.
¿Si Chinchilla termina su periodo y todavía no han nombrado nuevo fiscal que sucedería, por qué se habla incluso de una Junta Interventora?
Las juntas interventoras funcionan cuando una institución no ha dado el ancho o no responde a las necesidades del país. ¿Cómo se puede estar pensando en una junta interventora cuando se dice que el este es el Ministerio Público que mejores resultados ha dado? Creo el que el proceso debe seguir su curso y el Congreso Nacional acatar lo que dice la Ley del Ministerio Público, está dicho en la ley y no podemos seguir esperando que los mismos padres y madres de la patria sigan incumpliendo las leyes.
¿Pero qué se puede esperar si esos padres y madres están cuestionados y acusados de corrupción?
La mayoría de nuestros factores políticos o nuestro factor humano dentro del Congreso Nacional están cuestionados por la MACCIH, y no yo no diría solo por la MACCIH sino por la sociedad hondureña, tenemos muchas dudas y tenemos que seguir insistiendo en la rendición de cuentas.
Se cuestiona también la conformación de la Junta y del conflicto de interés que existe entre el Presidente de CSJ el otro miembro y la representante del Colegio de abogados, porque se mencionan a dos candidatos fuertes que amigos, compañeros, vecinos, paisanos y subalternos de él e incluso del fiscal actual. ¿Qué opina?
En el código de Ética está establecido que si conocemos a un candidato, ya sea amigo o enemigo, deberían ellos de retirarse de la calificación para que sea objetivo el momento de las calificaciones, veremos lo que pasa en las calificaciones curriculares, en las audiencias públicas, en las discusiones de la nómina para ver la forma en que ellos actúan.
Existen dos representantes de la CSJ, que eso ya está determinado en ley y que la representante del Colegio de Abogados trabaje también en la CSJ, creo que hasta el momento no han sido sumisas al presidente de la Corte sino que han deliberado tratando de tomar las mejores decisiones para el país y han tratado de ser lo mayor independiente posible, pero creo que todavía no podemos determinar lo que pasará y esperemos a ver qué sucede si esas tres fuerzas se unen o si hay incorcondancia entre ellos, recordemos que la mayoría de las decisiones deben de tomarse en consenso y al no haber consenso deben haber al menos 5 votos para tomar la decisiones contundentes en la Junta Proponente.
¿Qué sucedería si ellos no se abstienen de opinar y uno de los nominados denuncia estar en desventaja?
La verdad es que no es desventaja porque los mismos miembros de la Junta Proponente saben que no pueden porque el mismo reglamento los obliga a retirarse.
¿Ese retiro es voluntario o puede solicitarlo otro miembro de la Junta Proponente?
No está establecido como tal, pero creo que cualquier miembro puede solicitarlo porque son obvios, ellos mismos han manifestado de que los conocen, personas que trabajan en la misma CSJ conviven a diario y es demasiado obvio como para que ellos no se retiren.
¿Cuándo termina el proceso?
Va a haber una reunión del equipo técnico para hacer la evaluación técnica de los candidatos, solamente chequeando que toda la información esté lista para hacer la evaluación curricular. El lunes 28 comenzamos con las audiencias públicas, que se harán en el auditorio de odontología de la UNAH, serán transmitidas por el canal de la UNAH con conexión abierta al resto de medios, Radio Nacional de Honduras, Facebook online.
Las audiencias se harán de 1:30 de la tarde en adelante, cada participación tendrá un máximo de 40 minutos, conocimientos jurídicos generales, conocimiento sobre derecho penal, conocimiento de la lucha contra la corrupción y del MP de manera general.
La idea es que las preguntas sean sacadas de una tómbola y el participante tiene un máximo de 5 minutos para contestar la pregunta y habrá 10 minutos para presentar su plan de trabajo.
¿Las pruebas de confianza van a ser públicas?
Este es un tema que tiene que ver con la honorabilidad de las personas y lo que la gente va a poder ver es que si aprobó o no aprobó. Transmitirlas no podemos, la patrimonial son estudios de campo, la psicométrica y poligráfica si van a poder haber observadores sin intervenir, lo que van a ver es como se aplica.
¿Hay confianza en la aplicación de pruebas?
Mi preocupación es que la patrimonial y la socioeconómica se va a solicitar a la ATIC que las realice y el director de la ATIC está participando. Entonces, ¿de qué forma puede ser lo más independiente posible? Y eso ya lo he expresado dentro de la Junta.