Tegucigalpa.- Entre los 18 candidatos a Fiscal General y Adjunto que quedan en la competencia, la abogada Lidia Estela Cardona Padilla, una olanchana de 70 años, es la única que ha ocupado uno de los más altos cargos del Estado: dos veces ha sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Pero es precisamente este dato diferencial el que hace a la profesional del Derecho distinta de los demás aspirantes, pues desde ese cargo se volvió protagonista del fallo que la Sala Constitucional emitió para allanar el camino de la reelección presidencial del mandatario, Juan Orlando Hernández.
La decana de los aspirantes a Fiscal General, doctora en Derecho Sindical del Trabajo y graduada en la Universidad de La Sapienza en Roma, fungió como miembro del pleno de magistrados de la Corte Suprema entre el 2002 y el 2009, integrando la Sala Laboral.
Pero en septiembre del 2013, cuando fungía como subsecretaria de Estado en los Despachos del Interior y Población, en el gobierno de su paisano, Porfirio Lobo Sosa, el Congreso la eligió nuevamente magistrada de la Corte Suprema.
Así, Cardona sustituyó en la Sala Constitucional al abogado Oscar Fernando Chinchilla, quien había renunciado al alto cargo en el Poder Judicial para convertirse en el nuevo Fiscal General del Estado.
Su segundo “round” en la CSJ marcado por tema de la reelección
Casualidad o no, el ocho de diciembre del 2014 y el once de marzo del 2015, a la Sala Constitucional que ya integraba esta abogada de conocida militancia en el Partido Nacional, ingresaron dos recursos que reclamaban la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal que prohibían referirse o promover la reelección presidencial.
Las personas que interpusieron estos recursos eran, por un lado, un grupo de diputados del Congreso Nacional, catorce nacionalistas y uno de Unificación Democrática (UD), y por otro, el ex presidente de la República y también miembro del Partido Nacional, Rafael Leonardo Callejas Romero.
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El 22 de abril del 2015, a poco más de un mes de presentado el recurso de Callejas Romero, la Sala de lo Constitucional de la CSJ emitió un polémico fallo declarando con lugar la acción de inconstitucionalidad y declarando contrario a la Carta Magna el artículo del Código Penal que prohibía hablar de reelección, al tiempo que declaró inaplicables los artículos constitucionales que se referían al tema.
Nunca ha sido posible establecer cuál de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional tuvo a su cargo la redacción del fallo. Contrario a lo que han sido las prácticas de la Sala, el documento final no menciona quién fue el magistrado ponente (así se llama a quien redacta el fallo). Tampoco, al final, se establecen los nombres de los magistrados, únicamente aparecen las firmas.
Lo que sí está claro es que la abogada Cardona formaba parte de la Sala Constitucional cuando este ente emitió el fallo allanó el camino a la reelección.
Su discreto rol de apoyo a la MACCIH
Después de cumplir su segundo período como magistrada de la CSJ, la abogada Cardona Padilla volvió al Poder Ejecutivo, por invitación del presidente Hernández, para desempeñarse como Coordinadora de la Unidad Gubernamental de Acompañamiento y Respaldo a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (UGAR-MACCIH).
Aunque su actividad en esa Unidad es muy discreta, su nombre cobró relevancia nuevamente en los últimos meses, cuando la mencionaron como posible titular de la Procuraduría General de la República, nombramiento que hará próximamente el Congreso Nacional.
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Pero más recientemente, el nombre de Lidia Estela Cardona Padilla resuena más como posible sucesora de Oscar Fernando Chinchilla en la Fiscalía General de la República.
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