Tegucigalpa.- Mayra Lizeth Aguilera Torres, una funcionaria judicial de 42 años, llegó al proceso de selección para Fiscal General del Estado, como una aspirante gris, considerada incluso como una “candidata de relleno”. Su desempeño en las audiencias públicas hace algunas semanas la colocó en el mapa como un aspirante para tomar en serio. Sin embargo, investigaciones adicionales de Revistazo indican que Aguilera podría ser otro más de los candidatos que vienen “patrocinados” por grupos que buscan un Fiscal General que cuide sus intereses.
Fuentes de inteligencia consultadas sobre la abogada Aguilera Torres destacan sus vínculos con grupos de poder del occidente de Honduras—donde ella laboró como magistrada de apelaciones—y con políticos investigados por presunta comisión de delitos.
Aguilera Torres, oriunda de la capital hondureña, realmente pasaba inadvertida en aquella lista de 25 candidatos que se conformó la medianoche del 30 de abril, cuando la Junta Proponente cerró el periodo de inscripción de posibles sucesores del actual fiscal general, Oscar Fernando Chinchilla.
En aquel grupo inicial de 25, había apenas seis mujeres. En ese limitado universo femenino las que brillaban eran Vilma Cecilia Morales Montalván, Doris Imelda Madrid y Lidia Estela Cardona, personajes muy protagónicas en la vida pública nacional.
Pero con el paso de los días, cuando el proceso avanzó y el número de candidatos se achicó, su figura comenzó a ser más visible y generó una gran pregunta: ¿Es verdaderamente una candidata independiente o tiene algún patrocinio disimulado?
Una abogada con experiencia judicial y fiscal
Aguilera es abogada, cuenta con un doctorado en Ciencias Penales y un postgrado en Derecho Penal y Procesal Penal. Ha sido capacitadora del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y catedrática de la Universidad Cristiana Nuevo Milenio (UCENM) y de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH).
Laboró en el Ministerio Público hasta 2003. Es esta institución fungió como fiscal y estuvo asignada en el departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras. Ahí mismo, más adelante, fue magistrada de Apelaciones.
Actualmente es magistrada de apelaciones de la Sala Segunda de lo Civil en Tegucigalpa, pero antes fue Jueza del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional en materia penal.
Su plano personal, una vida muy reservada
En el plano personal, diversas fuentes de inteligencia han dicho a Revistazo que Aguilera podría estar comprometida con grupos de poder del occidente del país y con dirigentes políticos a los que el Ministerio Público investiga por la presunta comisión de delitos.
Es divorciada. Estuvo casada con Carlos Roberto Acosta Guillén, un ex policía que se retiró voluntariamente de la institución a finales del año 2016, en pleno proceso de reforma policial.
La mayor exposición mediática la tuvo en noviembre de 2014, cuando individuos armados entraron a su residencia en la capital, ataron a sus hijos y a su empleada del servicio doméstico y preguntaron por ella insistentemente. La entonces juez no estaba en la vivienda, según los reportes periodísticos de aquellos días.
En mayo de 2014, el desaparecido Consejo de la Judicatura, sin explicar las razones, la trasladó a ella y a otra jueza más de la Sala Primera del Tribunal de Sentencias en Tegucigalpa. Entonces fue nombrada como juez de un tribunal penal con jurisdicción nacional.
Una investigación de FiscaLeaks acerca de la filiación política de los candidatos a Fiscal General reveló que ella no ha ejercido el sufragio en ninguna de las tres últimas elecciones primarias de los partidos mayoritarios, aunque fuentes de calidad consultadas afirman que tiene vínculos con personajes del Partido Nacional.