Tegucigalpa.- Aunque pudiera cumplir con los requisitos básicos necesarios para aplicar al proceso de selección del Fiscal General del Estado, hay uno de los 25 candidatos a este alto cargo que está envuelto en una situación compleja: un evidente conflicto de interés.
Hermes Omar Moncada, un abogado y notario de 51 años, compite para suceder en el cargo al fiscal Oscar Fernando Chinchilla, y lo hace siendo el asistente personal del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Edgardo Argueta Pérez.
El problema no es que Moncada sea quien asiste en sus actividades diarias al magistrado presidente del Poder Judicial. Lo que compromete la situación es que Argueta Pérez, su jefe directo, es el presidente de la Junta de Proponentes de candidatos a Fiscal General del Estado.
Por donde sea que se analice, el presidente Argueta – al evaluar el perfil de Moncada - enfrentará conflicto de interés, es decir, aquella situación en la que su juicio personal, en relación con el interés del país, estará debidamente influenciada por un interés secundario.
Y en ese orden, la integridad de las acciones que Argueta tome en el proceso de selección de la nómina de cinco profesionales del Derecho, que deberá ir al Congreso Nacional para que de ahí el pleno de diputados escojan al próximo Fiscal General y Fiscal Adjunto, se verá comprometida.
Lo que establecen el Protocolo, el Reglamento y el Código de Ética
Sin embargo, el Código de Ética de la Junta de Proponentes, publicado el 2 de abril del 2018 en el diario oficial La Gaceta, sí hace referencia a los conflictos de interés que puedan surgir en el proceso de selección y nominación. Dice el artículo 12 que los proponentes no podrán conocer de la calificación individual de un candidato cuando exista un conflicto de interés.Aunque lo cierto en este caso es que, ni el Protocolo para la Selección y Presentación de la Nómina de Candidatos ni el Reglamento de la Junta Proponente tiene disposiciones que señalen cómo manejar una situación de este tipo.
Añade este Código que se entenderá que el conflicto de interés surgirá cuando una determinada situación pueda menoscabar la imparcialidad, independencia y objetividad del integrante de la Junta Proponente en el desempeño de sus funciones como tal.
También señala el Código de Ética de la JP que los miembros de la junta Proponente no concederán privilegios, preferencias, ni ventajas a ninguna de las personas que participen en el proceso de selección y nominación para el cargo de Fiscal General del Estado.
Lo que no desarrolla el Código de Ética es el procedimiento a seguir en caso que algún miembro reconozca la existencia de un conflicto de interés. No obstante, en este caso, existe la posibilidad de que el presidente de la Junta Proponente, se excuse de evaluar a Moncada.
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En entrevista exclusiva con Revistazo, Melissa Elvir, miembro de la Junta Proponente que representa a la sociedad civil, confirma que así debería de manejarse este tipo de situación: "en el código de Ética está establecido que si conocemos a un candidato, ya sea amigo o enemigo, deberían ellos de retirarse de la calificación para que sea objetivo el momento de las calificaciones".
De acuerdo al Reglamento de la Junta Proponente, el presidente de éste órgano es quien dirige las sesiones, es decir, es la máxima personalidad en la instancia en donde se toman todas las decisiones colegiadas en relación con el proceso de selección.
Abogado con carrera judicial, antes liberal, ahora nacionalista
Por lo demás, Moncada, originario de Tegucigalpa, tiene credenciales personales y profesionales. En su vida profesional ha tenido puestos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y en la Procuraduría General del Estado.
Políticamente, en su círculo cercano lo relacionan con la nueva dirigencia nacionalista. Una investigación especial de Revistazo.com descubrió que en las elecciones internas del 2017 votó en las urnas del Partido Nacional, aunque en las primarias de 2002 y 2008 votó en las mesas del Partido Liberal.
Ha sido Juez de Letras en Gracias, Lempira; Fiscal Auxiliar en el Ministerio Público; Director Nacional de Procuración Judicial, en la Procuraduría General de la Republica (PGR) y Magistrado en la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara. Ahora desea ser Fiscal General del Estado.