El exgerente de Compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), José Ramón Bertetty, manipuló en 2012 un proceso de compras de 10 ambulancias sobrevaloradas, recibiendo a cambio un soborno de 4.6 millones de lempiras (en ese tiempo, aproximadamente $240 mil dólares).

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público (MP), los vehículos fueron adquiridos mediante una licitación pública nacional por 13 millones de lempiras (unos $684 mil dólares) a razón de 1.3 millones ($68 mil y fracción de dólares) por cada uno.

Un dictamen del Ministerio Público estableció que cada ambulancia tenía un costo real de 500 mil lempiras (unos $26 mil dólares), por lo que la sobrevaloración del contrato entre las 10 ambulancias fue de 7.4 millones de lempiras (unos $390 mil dólares).

Bertetty, según la investigación de la Fiscalía, recibió 4.644,953 lempiras como dádiva por torcer el proceso de licitación a favor de Tecma, la empresa que vendió las ambulancias. Sin embargo, los ejecutivos de Tecma no fueron acusados por ningún delito.

Cómo repartieron el botín de las ambulancias hechizas

Los pagos de las coimas a Bertetty se hicieron mediante tres cheques, según las pruebas presentadas por el Ministerio Público. También se demostró que las ambulancias no tenían un equipamiento de fábrica si no que el ensamblaje fue hecho en Honduras. Esas “ambulancias” vendidas al IHSS fueron en realidad “busitos” equipados y modificados en Honduras, nunca fueron ambulancias de fábrica.

Las bases de la licitación indicaban que los vehículos debían estar completamente acondicionadas por parte del fabricante de los mismos. El equipo que se instaló en las ambulancias no es el que se requiere para la atención médica de emergencia, por lo que, además, la viciada licitación representó un riesgo para cualquier paciente, según un dictamen hecho por peritos del Ministerio Público.

El Tribunal Superior de Cuentas elaboró un informe en el que se indica que existió sobrevaloración de las ambulancias, pero extrañamente no emitió pliegos de responsabilidades penales.

La Fiscalía investigó una la denuncia por sobrevaloración y acusó a Bertetty por cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, fraude y malversaciones de caudales públicos.

En julio de 2015 se celebró el juicio oral en contra de Bertetty por los anteriores delitos en el que se le encontró culpable y por ello fue condenado a siete años de prisión que cumple en el Primer Batallón de Infantería, ubicado en el Ocotal, Francisco Morazán.