Una red de corruptos, entre funcionarios, parientes, amantes y otros, crearon 10 empresas de maletín que defraudaron al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con 13.5 millones de dólares (290 millones de lempiras) mediante contratos fraudulentos. De acuerdo con la Comisión Interventora del Seguro Social, no existe documentación que certifique que estas empresas hayan entregado los productos por los que se les contrató.

La cabeza de este tejido fue el exdirector del IHSS, Mario Roberto Zelaya, quien dirigió cada uno de los convenios que no fueron honrados por las sociedades de fachada.

El fraude al Seguro Social fue dirigido por exfuncionarios que, con la colaboración de familiares y personas cercanas, crearon empresas de maletín.

Junta directiva del IHSS facilitó la estafa al aprobar líneas de crédito

La megaestafa fue posible gracias a que la Junta Directiva del Seguro Social aprobó la apertura y renovación de siete líneas de crédito para que Zelaya pudiera obtener préstamos con los cuales pagar a las sociedades de papel.

Una línea de crédito es un permiso que le da la potestad al funcionario de gestionar créditos, pero ninguna de estas indicaba que fuera con un banco específico, por lo que Zelaya pudo usar una misma línea para pedir un empréstito con varios bancos, según las investigaciones del Ministerio Público.

“Todas las resoluciones antes detalladas en las que se aprobaron la apertura, renovación o ampliación de las líneas de crédito, ninguna hace referencia a las instituciones bancarias con las cuales se firmarían los convenios de crédito, si no que a modo general”, dice un informe preliminar del Ministerio Público.

Con este nivel irresponsable de libertad que le otorgó la junta directiva, Zelaya “procedió a la solicitud y obtención de préstamos a través de las líneas de crédito con cada banco con estas resoluciones generales y no de forma específica para cada institución financiera”, remarca el documento.

Se emitieron siete líneas de crédito, es decir para que se usaran para la gestión de un préstamo por línea, pero Zelaya las usó para sacar 21 empréstitos en total.

Los cerebros de la estafa

El Ministerio Público procedió contra 12 personas causantes del millonario desfalco.

El director Mario Zelaya fue acusado por malversación de caudales públicos, fraude, abuso de autoridad y lavado de activos.

Mario Zelaya enfrenta cargos por lavado de activos en la línea de las empresas de maletín porque, según el Ministerio Público, fue una de las cabezas que dirigieron el fraude.

Mientras, José Bertetty, el exgerente de Administración y el exjefe de Compras, José Zelaya, fueron procesados por estos mismos delitos, más el de violación de los deberes de los funcionarios.

El resto de acusados son personas que dirigieron las empresas de maletín que estafaron al IHSS.

Hermanas, tíos, esposas y amantes

Edita Lizeth López Matamoros, esposa de José Bertetty, es acusada de lavado de activos pues, era la gerente de la empresa Distribuidora de Productos Médicos S. de R. L. de C.V. (Dipromedic), a la que el IHSS le pagó 82.9 millones de lempiras (unos 379 mil dólares). Ella se encuentra prófuga de la justicia.

A Susette Atuán Rojas y su hermana Michelle Alejandra Rojas Flores, esta última esposa de José Zelaya, se les acusó también por lavado de activos, ya que como socias de Ediliz Comercial, empresa involucrada en la estafa, les pagaron 982 mil lempiras (cas 42 mil dólares). Ambas están presas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, Francisco Morazán.

Susette Atúan Rojas, acusada de recibir dinero de Sumimed, empresa de maletín, fue capturada el 22 de septiembre en su casa en Miraflores Sur cuando el Ministerio Publico incautaba esa vivienda. (Credito: www.latribuna.hn)

Ediliz Comercial tiene como principal socia a Edita López, esposa de José Ramón Bertetty. Sobre ella también pesa una acusación por lavado de activos, pero se encuentra prófuga.

En una declaración ante las autoridades panameñas, la hondureña Gabriela María Laínez Reina explica en detalle como ella y su esposo, Marco Antonio Jaen Velasco, utilizaron su empresa Inversiones Inmobiliarias y Turísticas Novaterra S. de R.L. para comprar bienes a favor de Mario Zelaya, Jose Zelaya, y Jose Bertetty, con fondos canalizados a través de la empresa Dipromedic.

Más de 40 bienes comprados con fondos del IHSS mediante contratos con empresas de maletín han sido incautados, ya que se demostró que se usaron compañías de bienes raíces para lavar el dinero y como ejemplo está esta mansión ubicada la colonia La Hacienda, en Tegucigalpa.

En escena apareció Ilsa Vanesa Molina Aguirre, a quien se le vincula sentimentalmente con José Zelaya y quien se desempeñó como gerente de la compañía Inversiones de Suministros Médicos (Insumedic) que recibió 9.9 millones de lempiras del IHSS (unos 422 mil dólares). Molina Aguirre está encarcelada en la PNFAS.

También fueron procesados por blanqueo de capitales los hermanos Vanessa Maribel Cardona Gómez y José David Cardona Gómez, la primera también gerente y el segundo socio de Insumedic.

El delito de lavado igualmente se le imputó a Alex Naun Sarmiento Zelaya, socio y gerente general de Inversiones Sarmiento Peraza S. de R.L. (Sarper), entidad a la que el Seguro Social le desembolsó 51.3 millones de lempiras (2.2 millones de dólares). Este todavía no ha sido arrestado.

Carlos Gustavo Corrales Regalado, administrador de la cuenta 013 139 271 de Suministros AD ASTRA, fue acusado también por lavado en vista de que se acreditaron a esa compañía 2.4 millones, pero se encuentra prófugo.

Igual cargo se le acreditó a Mariano Argueta Reyes y Carlos Gustavo Corrales, respectivamente socio y gerente de Distribuidora de Productos Médicos Hospitalarios S. de R. L. de C. V. (Dipromeh), pues a esa sociedad se le pagaron 996 mil lempiras (más de 42 mil dólares). Tampoco ha sido detenido.

Mientras, John Charles Bográn, socio de Corporación JM, enfrenta cargos por blanqueo de dinero debido a que se le cancelaron 36.6 millones de lempiras (1 millón 560 mil 102 dólares).

A otras sociedades como Improme se le pagaron 9.3 millones (396 mil dólares) y a Compromed 16. 2 millones de lempiras (690 mil dólares), pero todavía no hay requerimiento fiscal contra sus accionistas pues el Ministerio Publico aún no ha interpuesto una acusación formal en su contra.

La Fiscalía también acusó por lavado de activos a Mario Antonio Rojas, tío del exdirector Mario Zelaya, quien recibió casi 2.7 millones de lempiras (114 mil dólares) de parte de las empresas Dipromeh, Improme, Compromed y Sumimed.

El chofer

Su trabajo era conducir el vehículo de uno de los cerebros del descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social, José Zelaya.

Pero Gustavo Adolfo Linares fue más allá del deber porque se prestó para lavar 35 millones de lempiras (1.5 millones de dólares) que su patrón sacó del IHSS mediante una empresa fantasma a la que se le firmó un multimillonario contrato.

Por instrucciones de José Zelaya y su esposa Michelle Rojas, la joven Cinthia Velásquez creó las empresas Suministros Médicos (Sumimed), a la que se le transfirieron 3.3 millones de dólares (77 millones de lempiras) por contratos de compra de productos hospitalarios de los que no hay registros de que fueran entregados.

Cinthia Velásquez es ahora testigo protegido del Ministerio Público y ha brindado información importante para descubrir las operaciones ilícitas de José Zelaya y Michelle Rojas.

La investigación de la Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF) del Ministerio Público apunta a que José Zelaya instruyó a Cinthia Velásquez para que le diera cheques a Gustavo Adolfo Linares a fin de que este los cambiara y luego entregara en efectivo a su jefe.

Linares cambió, en total, 239 cheques por un valor global de 35 millones de lempiras (1.4 millones de dólares).

Por cada transacción que realizaba, Linares recibía unos 90 dólares (aproximadamente 2 mil lempiras).

El conductor fue capturado el 26 de febrero de 2016 en cumplimiento a una orden de captura girada para que respondiera por el delito de lavado de activos que le imputó la UNAF.

Linares se declaró culpable mediante procedimiento abreviado, por lo que logró que se le condenara a 11 años de prisión que purga en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en Támara, Francisco Morazán.

Antes de que fuera arrestado, Linares se ofreció como testigo protegido a la UNAF para declarar contra su exjefe, que se encuentra prófugo, pero la Fiscalía rechazó la propuesta.

El periodista

El lavado de activos cometido en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) implicó a un periodista que sirvió como “puente” para cambiar dinero malversado de la dependencia.

Se trata del comunicador deportivo Henry Gómez, a quien la Unidad de Apoyo Fiscal lo acusó por blanqueo de capitales en contubernio con la extesorera del IHSS, Vivian Juárez.

Gómez, quien conocía a Vivian Juárez de varios años atrás, cambió cuatro cheques emitidos por las empresas de fachada que estafaron el IHSS Sumimed, Dipromedic e Inversiones Sarper, valorados en total por 605 mil lempiras (cerca de 26 mil dólares).

De los cuatro cheques recibidos, el periodista cobró uno y depositó otro a la cuenta de su esposa, Lucy América Videa.

Los restantes dos cheques los cambió y le dio el dinero a la extesorera Vivian Melissa Juárez Fiallos y a su madre, Nora Emilia Juárez.

El comunicador solo tuvo esta participación en el saqueo del IHSS y no se ha establecido que esté conectado con los otros actores del saqueo.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó a Gómez el 9 de mayo en Tegucigalpa y lo puso a disposición de los tribunales para que respondiera por el delito de lavado de activos.

Gómez aceptó los cargos y en audiencia de procedimiento abreviado se declaró culpable, por lo que fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, que pudo conmutar con el pago de 739 dólares (unos 17 mil lempiras).

Una reforma a la Ley contra el Lavado de Activos establece que la pena por blanqueo de capitales es de 6 a 10 años de prisión si el valor de lo blanqueado es menor a 70 salarios míninos (el salario mínimo en Honduras más alto antes de que se hiciera el ajuste en 2017 era de 378 dólares, equivalentes a unos 8,500 lempiras en promedio).

Los 605 mil lempiras (cerca de 26 mil dólares) que lavó el periodista representaban unos 69 salarios mínimos en 2016, por lo que se benefició con dicha reforma, por lo que fue condenado a seis años de prisión menos un cuarto de la pena por aceptar las imputaciones. Eso significó que Gómez fuera condenado a cuatro años y seis meses de cárcel.

La legislación hondureña permite que las penas menores a seis años sean conmutables y Gómez se acogió a este beneficio, por el cual canceló 17 mil lempiras (724 dólares) para salir en libertad.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) criticó la conmuta y solicitó revisar esa figura legal.

Defensa de Mario Zelaya: el no tuvo nada que ver con estas empresas

El caso de la línea de empresas de maletín se dividió en varios juicios, por lo que se presentaron requerimientos individualmente o por grupos de personas.

A juicio de Andrés Urtecho Jeamborde, apoderado legal de Mario Zelaya, la acusación contra el exfuncionario carece de argumentos legales porque este no se benefició de ninguna de estas operaciones comerciales ni participó en la creación de esas sociedades.

“A mi criterio, viendo el expediente, no tiene ninguna trascendencia, porque ninguna de esas empresas hace depósitos a Mario Zelaya”, indicó a este medio Jeamborde sobre lo relacionado al lavado de activos que se le imputa al exfuncionario.

La Fiscalía sostiene que desde empresas de maletín se transfirieron fondos a otras sociedades para que desde estas últimas se pagaron dineros a Mario Zelaya y su examante, la chilena Natalia Patricia Ciuffardi o se compraran bienes a nombre de estos.

Jeamborde por su parte cuestionó que en los casos contra Mario Zelaya hay doble juzgamiento porque hay los mismos testigos para varios juicios sobre hechos que se relacionan y que ya fueron juzgados.

Michelle Rojas: “No soy fundadora de Sumimed”

Mientras, Michelle Rojas negó que haya fundado Sumimed (de la que según el requerimiento fiscal ella es comisaria), argumentando que por tal razón no fue partícipe de ningún hecho irregular que esa sociedad haya podido cometer en perjuicio del IHSS.

Estas declaraciones las brindó Rojas a diario El Heraldo, en marzo de 2015 desde la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, en Támara Francisco Morazán, donde guarda prisión.

En ese sentido, aseveró que tampoco le dio instrucciones a la exgerente de Sumimed, Cinthya Velásquez, para que firmara cheques en blanco para que después se los diera a ella y a José Zelaya, como indica el Ministerio Publico.

“Yo en realidad no tengo entendimiento de eso, ella (Cinthya Velásquez) con quien se entendía es con José (Zelaya), él le daba órdenes a ella, o sea, ellos se entendían, yo no participaba en eso” dijo Rojas, según las publicaciones del Heraldo.

Rojas advirtió que tenía evidencias, testimoniales y documentales, del desfalco contra el IHSS que involucraban a José Zelaya y a Cinthya Velásquez y que con ello pagarían “los que tiene que pagar”. En el momento oportuno presentaría las pruebas a las que hizo alusión, dijo.

Según Susette Atuan, fondos que recibió de Sumimed fue pago de un préstamo

Mientras, en una declaración también dada a El Heraldo en junio de 2015, Susette Atuán, indicó que no es lavadora de activos y que puede justificar la cantidad de 1 millón 346 mil lempiras que recibió de parte de Sumimed.

La cifra que recibió, justificó Atuán Rojas, es por abono a una deuda de 2.3 millones de lempiras (98 mil dólares) que José Zelaya tenía con Ítalo Gómez (QDDG), el entonces esposo de Atuán Rojas. Atuán Rojas no aclaró por qué el pago se hizo por medio de la empresa Sumimed.