El jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal, Héctor Morales, habló con Revistazo acerca de los esfuerzos que esa fiscalía hace para llevar ante la justicia los saqueadores del IHSS.
Alrededor de 300 personas confabularon en contra de la salud de miles de ciudadanos para saquear del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) más de 290 millones de lempiras, pero ese monto pareciera ser únicamente la punta del iceberg.
Extraoficialmente se había dicho que el monto de lo robado podría superar los 6,300 millones de lempiras (unos US$300 millones). Desde que estalló el escándalo, no había existido una versión oficial que confirmara ese extremo. Hoy, Revistazo.com logra confirmar, a través del Ministerio Público que, en este robo millonario, no todo ha salido a luz y el saqueo tiene mayores consecuencias.
La Unidad de Apoyo Fiscal confirmó a Revistazo.com que las “empresas fantasma” son solo el comienzo, ya que una nueva línea de investigación podría dar con el paradero de unos 2,500 millones de lempiras drenados en sobrevaloraciones en la compra de medicamentos.
Héctor Morales, director de la Unidad Especial del Ministerio Público, indicó a Revistazo.com que a través de fraudulentas líneas de crédito se sustrajo del instituto de previsión una cantidad aún mayor de lo revelado hasta ahora. Morales estimó que el monto podría ser cercano a los 2,500 millones de lempiras (unos US$125 millones)
Y es que de acuerdo con Morales, aún queda pendiente el 70% de la investigación en el caso del IHSS.
“De un 100% hemos llevado aproximadamente 30%, porque hasta este momento hemos avanzado en las empresas fachada o de maletín que comprenden 200 millones de lempiras; pero nos falta el descalabro financiero que comprende las líneas de crédito que son millonarias, mucho más altas”, afirmó.
El Ministerio Público comenzó la intervención al IHSS en el año 2013. Hoy, tres años después, 46 personas han sido acusadas formalmente, de las cuales 16 se encuentran en prisión preventiva, cuatro han sido condenadas en Honduras y una en Chile, varias permanecen con medidas cautelares a la prisión y otras 11 están prófugas.
De momento, ningún otro nombre – más que los conocidos hasta la fecha por publicaciones en los medios de comunicación—, ha sido expuesto ante la población.
Por otra parte, de los bienes asegurados, tanto a nivel nacional como en Chile y Estados Unidos, poco más de 15 millones de lempiras han sido devueltos, con la tarea pendiente de que “todos esos bienes que actualmente están en manos de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), pasarán al Seguro Social como víctima, en este caso”.
Pero si lo encontrado a la fecha es apenas una tercera parte del monstruoso acto de corrupción, ¿por qué es tan lento el avance de la investigación? Según el fiscal, la dificultad de investigar un acto de corrupción de esta magnitud es que debe actuarse de forma responsable y ejecutar acciones solo cuando el 100% de las pruebas han sido investigadas.
“En el país porque estamos acostumbrados a presentar acciones por delitos de violación a los deberes de funcionarios, abuso de autoridad y no así por un delito de fraude. Hay que acreditar bastantes elementos de prueba para decir que esta persona incurrió en el delito que se le está señalando”, explicó.
Ante los cuestionamientos de la población, que continúa exigiendo más resultados, la Fiscalía sostiene que este es un caso sin precedentes.
A criterio del investigador, “le hemos dado una respuesta satisfactoria a la sociedad hasta este momento con las causas ya judicializadas. Las personas que están presas por casos de corrupción, es algo nunca antes visto en la historia de Honduras”.
“Las personas que están presas por casos de corrupción, es algo nunca antes visto en la historia de Honduras”
A esto, dijo, se suma la colaboración brindada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). La misión ha cooperado con asistencia, capacitación y asesoría al equipo de fiscales encargados del caso. “Ellos trabajan de la mano con nosotros, conocen la totalidad los casos de corrupción en el Seguro Social, tanto los que se manejan en la ciudad de Tegucigalpa, como en San Pedro Sula”.
Morales insistió en que lo relacionado al IHSS “son investigaciones muy complejas porque dependemos mucho de información financiera que solicitamos a través del sistema financiero nacional o en su defecto de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS)”.
Posteriormente, la información debe ser analizada y procesada a través de analistas financieros. “Es difícil armar un caso para presentar un requerimiento fiscal, porque lleva bastante trabajo”.
“Hasta este momento la población cuestiona: ¿por qué solo a los mismos acusan?, pero ante todo la legalidad. El equipo de trabajo es reducido y hacemos todo el esfuerzo por presentar las acciones cuando ya están completas, porque no somos irresponsables en decir: ‘vamos a presentar una acción para ver qué resulta’”, recalcó.
“El equipo de trabajo es reducido y hacemos todo el esfuerzo por presentar las acciones cuando ya están completas”
Y añadió, “trabajamos con completa transparencia. Hemos tenido todo el apoyo de nuestras autoridades superiores, el Fiscal General (Óscar Chinchilla), el director General de Fiscales, José Duarte Portillo, nadie nos ha dicho: ‘esto no se hace o hasta aquí lleguen’. Las investigaciones continúan hacia adelante”.
Para finalizar, Morales lanza una promesa. “Hemos avanzado bastante. Tenga plena confianza la población hondureña que el Ministerio Público, a través de la Unidad Especial de Apoyo Fiscal, con el asesoramiento de la MACCIH y otras dependencias que colaboran, llegaremos hasta el final en este caso, independientemente del funcionario que haya cometido el delito. Si hay elementos de prueba para incriminarlo, vamos a presentar las acciones correspondientes”.
“Llegaremos hasta el final en este caso, independientemente del funcionario que haya cometido el delito”
La cobertura del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social está fragmentada en centenares de notas y miles de datos. Este especial facilita el seguimiento de cada faceta, los procesos, implicados, y es un recursos para que los ciudadanos puedan estar mejor informados sobre el caso que conmocionó a Honduras.